Internet, política y elecciones locales

Por Juan S. Larrosa-Fuentes (12 de abril de 2015)

Internet comenzó a utilizarse en las campañas electorales mexicanas de 2012. En previas elecciones candidatos y políticos utilizaron diversas plataformas de Internet, pero fue hasta la elección de hace tres años cuando el uso de esta red adquirió carta de naturalización en la mayor parte de las campañas políticas del país. Internet resulta atractivo para la clase política porque es un medio de comunicación que tiene la potencialidad de llegar a muchas personas y porque tiene costos de producción y distribución mucho más económicos y sencillos que los medios tradicionales. Pero Internet también resulta atractivo en términos discursivos. En Internet los candidatos pueden pretender ser transparentes, escuchar al ciudadano, y sentirse como políticos modernos que van a la vanguardia tecnológica. En el caso de la política local, mucho se ha especulado sobre el “impacto” y “efecto” que las “redes sociales” tendrán en las elecciones que están en curso.

Internet y los cambios en la comunicación política electoral

La utilización de Internet en las campañas electorales ha traído muchos cambios. Los políticos saben que deben estar en Internet y contratan a agencias de publicidad (aunque ahora se hacen llamar a través de eufemismos como consultores de imagen y branding, asesores en comunicación o community managers) para que les monten un página web y manejen sus redes sociales. En muchos de los casos, los candidatos se desentienden de estas estrategias de comunicación. Son pocos los políticos que transparentan el uso de sus redes sociales. Un excepción, por ejemplo, es Barack Obama, quien tiene a un equipo que maneja su cuenta de Twitter. Las pocas veces que el presidente teclea personalmente un tuit, se lo hace saber a su público a través de una rúbrica que contiene sus iniciales: “-bo”.

Internet permite que los políticos puedan mandar muchos mensajes, muchos más de lo que permiten los medios tradicionales. Por ejemplo, en las elecciones locales de 2012, los candidatos al gobierno de Jalisco produjeron 28 spots para la televisión. Estos 28 mensajes se reprodujeron en 297 mil ocasiones a través de las pantallas de televisión de los jaliscienses. En contraparte, los candidatos produjeron 754 videos para YouTube, los cuales sumaron 3’487,761 reproducciones. Es decir, en Internet los candidatos pudieron subir mucho más mensajes. Además pudieron saber, con mucha mayor precisión, cuántas personas vieron sus mensajes.[1]

Por otro lado, Internet también se ha convertido en un espacio en donde los ciudadanos y usuarios pueden encontrar mucha información. Algunos buscan información política y programática, como las plataformas de los candidatos, sus planes de trabajo, o datos biográficos. A otros les interesa encontrar información periodística sobre el pasado de los políticos o sobre sus giras de trabajo. A otros más les gusta ver al candidato a través de fotografías o videos, enviarle correos electrónicos o saludos a través de sus redes sociales.

Internet y las promesas incumplidas para la comunicación política

En Internet no todo es miel sobre hojuelas. Algunos de los discursos más celebratorios y entusiastas vaticinaron que Internet sería una poderosa arma para democratizar los sistemas políticos contemporáneos (tal como en su momento se dijo de la radio y la televisión). Entre otras cosas previeron que Internet sería un espacio en el que todos los ciudadanos podrían participar libremente, en donde encontrarían una gran diversidad de información política, y en donde discutirían la vida política de su entorno. Pocos de estos vaticinios se han cumplido cabalmente.

La realidad dicta un panorama complejo. La brecha digital sigue siendo un impedimento para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de participar en el sistema de comunicación política que ofrece Internet (ver informe QITESO). Por ejemplo, en las elecciones de 2012, los candidatos al gobierno de Jalisco sumaron, entre todos 316,491 seguidores en redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube), lo cual representa apenas el 6% de los electores jaliscienses (aunque en realidad la cifra es mucho más baja, ver “Comunidades virtuales y elecciones en Jalisco”). En términos de infraestructura, las cifras están lejos de ser alegres. Según la más reciente encuesta del observatorio Jalisco Cómo Vamos, 44% de los entrevistados en el municipio de Guadalajara dijo no tener acceso a Internet en su casa, lo cual quiere decir que mas de 650 mil personas no podrán seguir las elecciones municipales a través de Internet y tendrán que utilizar un cibercafé, conexiones publicas de Wi-Fi, o de plano dejar de seguir la información política a través de Internet.

Por otro lado, Internet ha prometido ser una vía para que los ciudadanos puedan comunicarse con las élites políticas. Hasta ahora hay pocos ejemplos de procesos electorales en donde este tipo de procesos comunicativos hayan ocurrido. En el caso de las elecciones pasadas en Jalisco, aun cuando algunos de los candidatos se vanagloriaron de hacer campañas electorales exitosas e innovadoras en Internet, los diálogos públicos fueron escasos.[2] Por ejemplo, en una investigación que realizamos en el observatorio de medios, recolectamos todos los mensajes que circularon durante tres semanas en las cuentas de Twitter de los candidatos al gobierno del estado. En total analizamos 733 tuits, de los cuales, el 88% (646 mensajes) fueron emitidos por los candidatos o los miembros de su equipo. El resto de los mensajes fueron producidos por 70 usuarios, de los cuales solamente 29 fueron de usuarios sin ninguna afiliación política. Entre todas las cuentas encontramos seis que eran de robots o troles, ya que las cuentas dejaron de utilizarse una vez finalizada la campaña. Esto quiere decir que durante tres semanas de la campaña electoral, solamente 29 usuarios decidieron establecer contacto con los candidatos, cuando el padrón electoral del estado está compuesto por más de cinco millones de ciudadanos. Como se puede ver, la comunicación política en Internet está lejos de tener una inclusión universal en donde los ciudadanos puedan comunicarse entre ellos y con las élites políticas.

Epilogo: las campañas locales que vienen

Hasta ahora, los riesgos para las campañas locales están en el terreno de la guerra sucia y de la desinformación. Existe suficiente evidencia para asegurar que hay grupos que localmente están operando cuentas apócrifas en Twitter y en Facebook, y que las han utilizado para amedrentar, censurar y violentar a los usuarios más críticos (ver, por ejemplo, el caso de las amenazas a la Dra. Rossana Reguillo). También hay grupos que deliberadamente producen desinformación, es decir, información falsa, la cual puede llevar a generar percepciones erróneas de la realidad, como recientemente lo ha documentado Darwin Franco en un artículo.

De cualquier manera las campañas políticas en Internet darán mucho de qué hablar durante los siguientes meses. Para los políticos Internet puede una herramienta para comunicarse, de forma personal, con sus simpatizantes y, en el mejor de los casos, para la organización de sus comunidades políticas. Por su parte, los ciudadanos pueden utilizar Internet para comunicarse con las élites políticas, pero especialmente para organizarse desde espacios de la sociedad civil.

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[1] Lydia Duarte and Juan S. Larrosa-Fuentes, “Comunidades virtuales y elecciones,” in Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2013. Análisis del sistema de comunicación política de Jalisco durante las campañas electorales a gobernador, ed. Juan S. Larrosa-Fuentes and Sofía Paláu Cardona (Guadalajara, México: ITESO, Departamento de Estudios Socioculturales, 2013), 161–77, http://qmedios.iteso.mx/wp-content/uploads/2014/02/08-Comunidades.pdf.

[2] Juan S. Larrosa-Fuentes, “Twitter’s Messages during a Governor Election: Abundance of One-Way, Top-down and Auto-Referential Communications and Scarcity of Public Dialogue,” Global Media Journal México 11, no. 22 (December 2, 2014): 42–60, http://www.gmjei.com/index.php/GMJ_EI/article/view/213.

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Este artículo fue publicado el 13 de abril de 2015 como parte de la columna de opinión “Sistema Autorreferencial” del programa “Señales de Humo”, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara.

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Periodismo en crisis, o los riesgos de llegar a votar sin información de calidad

Por Juan S. Larrosa-Fuentes  (artículo publicado originalmente en la revista Colibrí)

29 de marzo de 2015

En días recientes, la libertad de expresión y el periodismo, han sido temas ampliamente discutidos en la prensa mexicana y en redes sociales como Facebook o Twitter. Uno de los casos más comentados al respecto, ha sido el de Carmen Aristegui quien, por segunda ocasión, dejó de transmitir su noticiario matutino luego de un absurdo y polémico conflicto laboral con la empresa MVS Comunicaciones. Este caso es relevante no por la carismática y controversial figura de la periodista Carmen Aristegui, sino porque evidencia la situación en la que se encuentra la libertad de expresión y el periodismo en México. Lo que le pasó al equipo de Aristegui les ha pasado a otros reporteros en el país y Guadalajara no es la excepción. El caso es preocupante porque a una semana de comenzar las elecciones, el modelo de comunicación política en México está en crisis.

Todo sistema u organización política requiere un sistema de comunicación. Este sistema de comunicación sirve para la reproducción del sistema político y sus valores, para la organización de las metas y tareas colectivas y para la toma de decisiones colectivas. Los sistemas de comunicación están presentes en las organizaciones políticas más sencillas, como una junta vecinal, hasta los sistemas políticos más grandes y complejos, como puede ser un país. Además, estos sistemas operan en cualquier tipo de sistema político, desde el más autoritario, hasta el más democrático. En teoría, en una sociedad democrática las tareas del sistema de comunicación política deben estar distribuidas en distintas personas e instituciones. Los periodistas y medios de comunicación, independientes y críticos, son dos de los elementos más importantes de estos sistemas de comunicación porque son ellos, a través de su práctica profesional, quienes ofrecen un servicio público a los ciudadanos. Este servicio público, que por lo general y contradictoriamente es operado por empresas privadas, tiene por objetivo generar información del sistema político, pero desde una perspectiva externa al sistema. La ventaja de este diseño es que los medios, en teoría, son instituciones independientes a los poderes públicos, y por tanto, pueden generar información y evaluaciones que observen críticamente a al gobierno.

Estos sistemas teóricos funcionan con bastantes deficiencias en la realidad. Sin embargo, hasta ahora, estos sistemas de comunicación, como lo es la democracia en el plano político, es lo mejor que tenemos. Bien dijo Winston Churchill que “la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre… con excepción de todos los demás”. El grave problema es que en México, por distintas razones, el sistema de comunicación política no nada más funciona con bastantes deficiencias, sino que está completamente desfigurado. Una de estas razones tiene su origen en la crisis económica en la que viven los medios de comunicación del país y del mundo entero. Esta crisis ha traído dos consecuencias indeseables: el modelo de negocios de los medios de comunicación es altamente dependiente de los discrecionales subsidios gubernamentales a través de publicidad oficial y la pauperización de las condiciones laborales de los periodistas.

Es un hecho que los distintos órdenes del gobierno mexicano subsidian a la mayor parte de los medios de comunicación en México. Esto lo han demostrado organizaciones como Fundar, Artículo XIX o Q ITESO a través de distintas investigaciones. Pero se puede comprobar fácilmente al leer las páginas de cualquier diario o revista en México, en donde el lector encontrará una gran cantidad de publicidad de gobiernos federales, estatales o municipales, del Congreso de la Unión, o de las cámaras locales, del poder judicial o de las instituciones descentralizadas como las Comisiones de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral y decenas de instituciones públicas más. Aunque periodistas y directivos lo nieguen, esta dependencia hacia el dinero público mina y erosiona la libertad y autonomía periodística. A los medios se les premia con publicidad oficial (y otro tipo de favores como ayudas fiscales) y se les castiga con la reducción o retiro total de estos subsidios económicos. Así que no es raro que cuando algún periodista resulta incómodo para el gobierno, los empresarios de los medios busquen excusas para deshacerse de los periodistas críticos. Además, los medios han tendido a despedir a sus reporteros más experimentados y con mayor antigüedad laboral con tal de “reducir costos”, y a reclutar a periodistas jóvenes a través de contratos de honorarios o, de plano, a través de una explotación laboral a través de la figura de “prácticas profesionales”.

Este negro panorama del periodismo mexicano se puede observar claramente en Guadalajara. Los medios de comunicación son altamente subsidiados por distintos gobiernos y poco a poco se les han ido cerrando los espacios a periodistas críticos. Las redacciones están llenas de periodistas con poca experiencia, que cobran por honorarios o que están haciendo su servicio social universitario. En la radio tapatía hay distintos ejemplos que tienen ciertas similitudes con el caso Aristegui. Algunos periodistas han sido despojados de sus programas sin mayor aviso, a otros no les han renovado al contrato y a otros los han hostigado laboralmente hasta que los obligan a presentar su renuncia. En Promomedios hemos visto cómo han dejado sus espacios, de un día para otro, y sin mayor explicación, periodistas como Leonardo Schwebel o Pedro Mellado; o en Notisistema, en donde en los últimos tiempos salieron del aire Laura Castro Golarte o Rubén Martín. En Radio Universidad y en el Sistema Jalisciense cambian de conductores cada que hay cambio de rector o de gobierno. En los periódicos el caso no es distinto: tan solo la semana pasada nos enteramos que Mural, una de las empresas de comunicación aparentemente más sólidas de la ciudad, despidió a más de una docena de reporteros entre los que se encuentran periodistas de gran experiencia y reputación. Luego de estos recortes no es raro que quienes se quedan en estos medios de comunicación practiquen, consciente o inconscientemente, una autocensura que les permita mantener su puesto de trabajo. En estos casos el “olfato” periodístico no sirve para encontrar buena información, sino para entender cuáles son las reglas del juego que les permitan mantener su puesto de trabajo.

Esta radiografía no es nueva ni descubre el hilo negro. En diciembre de 2014, al finalizar la Feria Internacional del Libro, un grupo de más de cuarenta periodistas denunció públicamente la crisis de los medios de comunicación. En su denuncia identificaron claramente las consecuencias que esta crisis ha inyectado a la vida política de Guadalajara. Desde hace cuatro meses los periodistas alertaron que, a unos meses de las elecciones intermedias, el sistema de medios de comunicación del estado de Jalisco estaba en franca descomposición.

Todo este orden de cosas representa graves riesgos para el sistema democrático. El más inmediato tiene que ver con las campañas electorales que están en puerta. Los gobiernos y partidos políticos envían información a través de mensajes en plazas públicas, carteles, boletines de prensa, spots de radio y televisión, y mensajes a través de Internet. Bajo las circunstancias actuales, los medios de comunicación tenderán a reproducir acríticamente la información que producen los distintos gobiernos y partidos políticos. Así transcurrieron las elecciones de hace tres años y lo más probable es que así transcurran las de 2015. Los jaliscienses llegaremos a las urnas con una gran precariedad informativa.

El caso de Aristegui es un botón de muestra de los rasgos negativos de los sistemas de comunicación en México. Lo que le pasó a ella le ha pasado a muchos reporteros en Guadalajara y de otras partes del país. A Aristegui le vendrá bien que la reinstalen en su espacio de noticias en MVS. Sin embargo, lo mejor que le podría pasar al sistema de comunicación mexicano es que Aristegui, con todo su capital político y periodístico, desarrolle una empresa informativa y demuestre que, con un equipo pequeño y sin subsidios gubernamentales, hay posibilidades de hacer un periodismo que opere en las antípodas de los periódicos chayoteros o de aquellos medios que se conforman con hacer un periodismo “positivo, constructivo y orientador”.

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El caso #Aristegui desde una perspectiva de derechos

Por Juan S. Larrosa-Fuentes

En días recientes nos enteramos que, por segunda ocasión, concluyeron las transmisiones del programa de noticias dirigido por Carmen Aristegui en Noticias MVS. El término de las relación laboral entre Aristegui y MVS ha sido polémica, pues la periodista ha señalado que el origen de esta ruptura es de orden político y la empresa sostiene que se trata de una desavenencia laboral entre particulares. Más allá de esta disputa, hay algo incontrovertible: la oferta periodística nacional se ha quedado sin uno de los pocos equipos de reporteros que ofrecía, cotidianamente y no sin estar exento de errores, un trabajo periodístico profesional y crítico frente al poder político.

El caso Aristegui se ha discutido intensamente y se han construido diversas interpretaciones. Uno de los debates más intensos ocurre entre aquellos que señalan que este caso puede considerarse como un atentado en contra de derechos constitucionales y entre quienes no lo consideran así. Quisiera, en este caso, argumentar que el caso Aristegui sí puede considerarse como un atentado en contra de los derechos fundamentales.

El Artículo 6 de la Constitución Mexicana señala que todos los mexicanos tienen derecho al libre acceso a información plural y oportuna. Por otro lado, la Constitución señala que “la radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información […]”

El caso de Carmen Aristegui sirve para ejemplificar una de las contradicciones de las sociedades democráticas contemporáneas: la construcción y desarrollo de sistemas de comunicación social que tiene la tarea de ofrecer un servicio público, pero que son administrados por empresas privadas. El periodismo es una práctica que produce información política, económica y cultural, para que los ciudadanos puedan obtener conocimientos de su entorno y evaluarlo. Este conocimiento debe servirles para entender su vida, para decidir sus formas de participación política y para tomar las decisiones que más le convengan.

El problema es que ese servicio público, el cual está garantizado por la Constitución, está sujeto a las decisiones de intereses privados, ya sea de familias dinásticas que controlan grandes empresas comunicacionales, o de corporaciones trasnacionales, que lo mismo producen y transmiten mensajes en México, que en otras partes del mundo. El Estado mexicano no está garantizando que la radiodifusión se preste en condiciones de competencia y calidad y fomentando la pluralidad de la información, porque el interés principal ha sido defender los derechos, pero de las empresas privadas que ofertan información. Por ello, el caso Aristegui es relevante, pues opera como evidencia de un sistema de comunicación que privilegia la generación de ganancias económicas y supedita el servicio público.

Carmen Aristegui y su equipo tienen grandes oportunidades por delante. Será interesante ver cómo se defenderán legalmente, especialmente si argumentan su caso como una violación a derechos fundamentales. Por lo pronto, vale la pena señalar que el caso Aristegui es paradigmático porque si ella y su equipo salen del aire, las opciones de periodismo crítico en México se ven reducidas drásticamente. Y se ven reducidas no porque Aristegui y compañía serán periodistas superdotados, sino porque hay muy pocos espacios para periodistas críticos en el sistema de comunicación mexicano.

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