La compra masiva de ejemplares de Reporte Índigo en Guadalajara: ¿restauración del viejo modelo autoritario de relación entre medios y poder?

Por Juan S. Larrosa-Fuentes (25 de febrero de 2013)

La semana pasada, en este espacio de “Sistema Autorreferencial”, comenté los rasgos generales del gobierno de Emilio González en materia de comunicación (“Emilio y la comunicación: Jalisco no está mejor”). También valdría la pena hacer un análisis sobre las características de los otros dos gobernadores panistas, que en conjunto lograron controlar el estado durante dieciocho años consecutivos, pero esto lo dejaré para otra ocasión. Como escribí en el artículo anterior, me parece que los panistas se caracterizaron por tener gobiernos que, si bien no defendieron la libertad de expresión a capa y espada, sí fueron respetuosos de ella. A unos días de la llegada del nuevo gobierno priísta, hay señales que hacen pensar que esta libertad podría verse afectada por prácticas de censura, como la que sufrió el periódico Reporte Índigo el pasado 15 de febrero.

Decir que los gobiernos panistas respetaron la libertad de expresión, requiere matices. Lo que dejaron atrás fueron prácticas autoritarias para controlar el trabajo de los medios de comunicación a través de llamadas intimidatorias a las salas de redacción o del boicot de ciertos materiales para la producción noticiosa como el suministro del papel para los periódicos, del pago de sobornos directos a los periodistas a través del famoso “chayote”, de las amenazas directas a periodistas, políticos disidentes o líderes sociales, que en no pocos casos se convirtieron en agresiones que violentaron su integridad física. Aunque seguramente se pueden encontrar algunas de prácticas durante los gobiernos panistas, lo cierto es que no fueron una constante. En el caso de estos gobiernos, su control sobre lo que se podía o no decir, se dio desde una dimensión económica. En otras palabras: la libertad de expresión se mercantilizó. Los gobiernos panistas invirtieron muchos recursos económicos en la construcción y profesionalización de sus oficinas de comunicación social, en las que contrataron a periodistas críticos y destacados (María Elena Hernández, en el foro “18 años del PAN en los gobiernos de Jalisco: comunicación”, documentó veinte casos de periodistas que fueron a parar a estas oficinas); negociaron la publicidad oficial con las cúpulas empresariales y limitaron el pago directo a periodistas; hicieron inversiones millonarias en campañas de publicidad y compraron notas informativas. Por otra parte, fueron gobiernos poco resistentes a la crítica y hubo varios episodios en los que panistas explotaron públicamente en contra de los medios de comunicación locales.

Falta mucho todavía para que en Jalisco vivíamos en una sociedad respetuosa de la libertad de expresión y que defienda el derecho a la información. Sin embargo, con todo y los matices que he comentado, creo que durante estos dieciocho años hubo avances en estos rubros. Por ello, es sumamente preocupante lo que ocurrió el viernes 15 de febrero, cuando un grupo de personas compraron cincuenta por ciento de los ejemplares de la edición 208 del periódico Reporte Índigo, en donde aparece un artículo que expone la historia de Christiane Mildred Flores Campos, quien asegura ser madre de un bebé cuyo padre es Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador electo de Jalisco. Hasta el día de hoy, ni Aristóteles Sandoval ni su equipo de comunicación, han tocado el tema públicamente.

La práctica de comprar todos los ejemplares de un periódico o revista, o una buena parte de ellos, está asociada a gobiernos de corte priísta. Esta práctica busca eliminar, de un solo golpe, aquella información crítica que incomode al poder público. Por ejemplo, en febrero de 1992, todos los ejemplares de la revista Proceso, destinados a distribuirse en Jalisco, fueron comprados en su totalidad, pues contenían un reportaje crítico sobre la familia Cosío, manufacturado por el periodista Felipe Cobián. Según cuenta el mismo reportero, para contrarrestar esta situación, se hicieron miles de fotocopias de la nota, las cuales se vendieron en los puestos de periódicos. También ocurrió algo similar en 2005, cuando la misma revista publicó entrevistas con Emilio González Márquez y Arturo Zamora Jiménez, ambos contendientes por el gobierno del estado de Jalisco. El artículo se tituló “Dos tipos de cuidado” (Proceso 46, edición Jalisco, 4 de septiembre de 2005) y en él se acusaba a Zamora Jiménez de tener nexos con el crimen organizado.

Lo ocurrido con Reporte Índigo, tiene un mensaje claro: amedrentar e incomodar a los periodistas que si bien publicaron un trabajo que puede discutirse desde una perspectiva ética, no violaron ninguna ley y por el contrario, hicieron uso de su libertad de expresión. Si los que llevaron a cabo esta movida tienen dos dedos de frente, sabrán que el efecto que esto traería en Internet, sería incontrolable. Si esto no lo calcularon, es preocupante, porque quiere decir que estamos frente a un grupo de operadores poco profesionales. Pero si esto estuvo bien planeado, habla de una respuesta autoritaria frente al primer escándalo público del próximo gobernador del estado.

El caso de Reporte Índigo es preocupante en sí mismo porque puede ser parte de una restauración de viejas prácticas de relación entre medios de comunicación y poder. Afortunadamente, la sociedad jalisciense ya no es la misma que hace veinte años.

Este artículo fue publicado el 25 de febrero de 2013 como parte de la columna de opinión “Sistema Autorreferencial” del programa “Señales de Humo”, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara.

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Archivado bajo Censura, Derecho a la información, Libertad de expresión, Media Watch, Medios de comunicación masiva, Periódicos de Guadalajara, Prensa, Reporte Índigo GDL, Sistema de comunicación de Guadalajara

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