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Periodismo en crisis, o los riesgos de llegar a votar sin información de calidad

Por Juan S. Larrosa-Fuentes  (artículo publicado originalmente en la revista Colibrí)

29 de marzo de 2015

En días recientes, la libertad de expresión y el periodismo, han sido temas ampliamente discutidos en la prensa mexicana y en redes sociales como Facebook o Twitter. Uno de los casos más comentados al respecto, ha sido el de Carmen Aristegui quien, por segunda ocasión, dejó de transmitir su noticiario matutino luego de un absurdo y polémico conflicto laboral con la empresa MVS Comunicaciones. Este caso es relevante no por la carismática y controversial figura de la periodista Carmen Aristegui, sino porque evidencia la situación en la que se encuentra la libertad de expresión y el periodismo en México. Lo que le pasó al equipo de Aristegui les ha pasado a otros reporteros en el país y Guadalajara no es la excepción. El caso es preocupante porque a una semana de comenzar las elecciones, el modelo de comunicación política en México está en crisis.

Todo sistema u organización política requiere un sistema de comunicación. Este sistema de comunicación sirve para la reproducción del sistema político y sus valores, para la organización de las metas y tareas colectivas y para la toma de decisiones colectivas. Los sistemas de comunicación están presentes en las organizaciones políticas más sencillas, como una junta vecinal, hasta los sistemas políticos más grandes y complejos, como puede ser un país. Además, estos sistemas operan en cualquier tipo de sistema político, desde el más autoritario, hasta el más democrático. En teoría, en una sociedad democrática las tareas del sistema de comunicación política deben estar distribuidas en distintas personas e instituciones. Los periodistas y medios de comunicación, independientes y críticos, son dos de los elementos más importantes de estos sistemas de comunicación porque son ellos, a través de su práctica profesional, quienes ofrecen un servicio público a los ciudadanos. Este servicio público, que por lo general y contradictoriamente es operado por empresas privadas, tiene por objetivo generar información del sistema político, pero desde una perspectiva externa al sistema. La ventaja de este diseño es que los medios, en teoría, son instituciones independientes a los poderes públicos, y por tanto, pueden generar información y evaluaciones que observen críticamente a al gobierno.

Estos sistemas teóricos funcionan con bastantes deficiencias en la realidad. Sin embargo, hasta ahora, estos sistemas de comunicación, como lo es la democracia en el plano político, es lo mejor que tenemos. Bien dijo Winston Churchill que “la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre… con excepción de todos los demás”. El grave problema es que en México, por distintas razones, el sistema de comunicación política no nada más funciona con bastantes deficiencias, sino que está completamente desfigurado. Una de estas razones tiene su origen en la crisis económica en la que viven los medios de comunicación del país y del mundo entero. Esta crisis ha traído dos consecuencias indeseables: el modelo de negocios de los medios de comunicación es altamente dependiente de los discrecionales subsidios gubernamentales a través de publicidad oficial y la pauperización de las condiciones laborales de los periodistas.

Es un hecho que los distintos órdenes del gobierno mexicano subsidian a la mayor parte de los medios de comunicación en México. Esto lo han demostrado organizaciones como Fundar, Artículo XIX o Q ITESO a través de distintas investigaciones. Pero se puede comprobar fácilmente al leer las páginas de cualquier diario o revista en México, en donde el lector encontrará una gran cantidad de publicidad de gobiernos federales, estatales o municipales, del Congreso de la Unión, o de las cámaras locales, del poder judicial o de las instituciones descentralizadas como las Comisiones de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral y decenas de instituciones públicas más. Aunque periodistas y directivos lo nieguen, esta dependencia hacia el dinero público mina y erosiona la libertad y autonomía periodística. A los medios se les premia con publicidad oficial (y otro tipo de favores como ayudas fiscales) y se les castiga con la reducción o retiro total de estos subsidios económicos. Así que no es raro que cuando algún periodista resulta incómodo para el gobierno, los empresarios de los medios busquen excusas para deshacerse de los periodistas críticos. Además, los medios han tendido a despedir a sus reporteros más experimentados y con mayor antigüedad laboral con tal de “reducir costos”, y a reclutar a periodistas jóvenes a través de contratos de honorarios o, de plano, a través de una explotación laboral a través de la figura de “prácticas profesionales”.

Este negro panorama del periodismo mexicano se puede observar claramente en Guadalajara. Los medios de comunicación son altamente subsidiados por distintos gobiernos y poco a poco se les han ido cerrando los espacios a periodistas críticos. Las redacciones están llenas de periodistas con poca experiencia, que cobran por honorarios o que están haciendo su servicio social universitario. En la radio tapatía hay distintos ejemplos que tienen ciertas similitudes con el caso Aristegui. Algunos periodistas han sido despojados de sus programas sin mayor aviso, a otros no les han renovado al contrato y a otros los han hostigado laboralmente hasta que los obligan a presentar su renuncia. En Promomedios hemos visto cómo han dejado sus espacios, de un día para otro, y sin mayor explicación, periodistas como Leonardo Schwebel o Pedro Mellado; o en Notisistema, en donde en los últimos tiempos salieron del aire Laura Castro Golarte o Rubén Martín. En Radio Universidad y en el Sistema Jalisciense cambian de conductores cada que hay cambio de rector o de gobierno. En los periódicos el caso no es distinto: tan solo la semana pasada nos enteramos que Mural, una de las empresas de comunicación aparentemente más sólidas de la ciudad, despidió a más de una docena de reporteros entre los que se encuentran periodistas de gran experiencia y reputación. Luego de estos recortes no es raro que quienes se quedan en estos medios de comunicación practiquen, consciente o inconscientemente, una autocensura que les permita mantener su puesto de trabajo. En estos casos el “olfato” periodístico no sirve para encontrar buena información, sino para entender cuáles son las reglas del juego que les permitan mantener su puesto de trabajo.

Esta radiografía no es nueva ni descubre el hilo negro. En diciembre de 2014, al finalizar la Feria Internacional del Libro, un grupo de más de cuarenta periodistas denunció públicamente la crisis de los medios de comunicación. En su denuncia identificaron claramente las consecuencias que esta crisis ha inyectado a la vida política de Guadalajara. Desde hace cuatro meses los periodistas alertaron que, a unos meses de las elecciones intermedias, el sistema de medios de comunicación del estado de Jalisco estaba en franca descomposición.

Todo este orden de cosas representa graves riesgos para el sistema democrático. El más inmediato tiene que ver con las campañas electorales que están en puerta. Los gobiernos y partidos políticos envían información a través de mensajes en plazas públicas, carteles, boletines de prensa, spots de radio y televisión, y mensajes a través de Internet. Bajo las circunstancias actuales, los medios de comunicación tenderán a reproducir acríticamente la información que producen los distintos gobiernos y partidos políticos. Así transcurrieron las elecciones de hace tres años y lo más probable es que así transcurran las de 2015. Los jaliscienses llegaremos a las urnas con una gran precariedad informativa.

El caso de Aristegui es un botón de muestra de los rasgos negativos de los sistemas de comunicación en México. Lo que le pasó a ella le ha pasado a muchos reporteros en Guadalajara y de otras partes del país. A Aristegui le vendrá bien que la reinstalen en su espacio de noticias en MVS. Sin embargo, lo mejor que le podría pasar al sistema de comunicación mexicano es que Aristegui, con todo su capital político y periodístico, desarrolle una empresa informativa y demuestre que, con un equipo pequeño y sin subsidios gubernamentales, hay posibilidades de hacer un periodismo que opere en las antípodas de los periódicos chayoteros o de aquellos medios que se conforman con hacer un periodismo “positivo, constructivo y orientador”.

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El caso #Aristegui desde una perspectiva de derechos

Por Juan S. Larrosa-Fuentes

En días recientes nos enteramos que, por segunda ocasión, concluyeron las transmisiones del programa de noticias dirigido por Carmen Aristegui en Noticias MVS. El término de las relación laboral entre Aristegui y MVS ha sido polémica, pues la periodista ha señalado que el origen de esta ruptura es de orden político y la empresa sostiene que se trata de una desavenencia laboral entre particulares. Más allá de esta disputa, hay algo incontrovertible: la oferta periodística nacional se ha quedado sin uno de los pocos equipos de reporteros que ofrecía, cotidianamente y no sin estar exento de errores, un trabajo periodístico profesional y crítico frente al poder político.

El caso Aristegui se ha discutido intensamente y se han construido diversas interpretaciones. Uno de los debates más intensos ocurre entre aquellos que señalan que este caso puede considerarse como un atentado en contra de derechos constitucionales y entre quienes no lo consideran así. Quisiera, en este caso, argumentar que el caso Aristegui sí puede considerarse como un atentado en contra de los derechos fundamentales.

El Artículo 6 de la Constitución Mexicana señala que todos los mexicanos tienen derecho al libre acceso a información plural y oportuna. Por otro lado, la Constitución señala que “la radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información […]”

El caso de Carmen Aristegui sirve para ejemplificar una de las contradicciones de las sociedades democráticas contemporáneas: la construcción y desarrollo de sistemas de comunicación social que tiene la tarea de ofrecer un servicio público, pero que son administrados por empresas privadas. El periodismo es una práctica que produce información política, económica y cultural, para que los ciudadanos puedan obtener conocimientos de su entorno y evaluarlo. Este conocimiento debe servirles para entender su vida, para decidir sus formas de participación política y para tomar las decisiones que más le convengan.

El problema es que ese servicio público, el cual está garantizado por la Constitución, está sujeto a las decisiones de intereses privados, ya sea de familias dinásticas que controlan grandes empresas comunicacionales, o de corporaciones trasnacionales, que lo mismo producen y transmiten mensajes en México, que en otras partes del mundo. El Estado mexicano no está garantizando que la radiodifusión se preste en condiciones de competencia y calidad y fomentando la pluralidad de la información, porque el interés principal ha sido defender los derechos, pero de las empresas privadas que ofertan información. Por ello, el caso Aristegui es relevante, pues opera como evidencia de un sistema de comunicación que privilegia la generación de ganancias económicas y supedita el servicio público.

Carmen Aristegui y su equipo tienen grandes oportunidades por delante. Será interesante ver cómo se defenderán legalmente, especialmente si argumentan su caso como una violación a derechos fundamentales. Por lo pronto, vale la pena señalar que el caso Aristegui es paradigmático porque si ella y su equipo salen del aire, las opciones de periodismo crítico en México se ven reducidas drásticamente. Y se ven reducidas no porque Aristegui y compañía serán periodistas superdotados, sino porque hay muy pocos espacios para periodistas críticos en el sistema de comunicación mexicano.

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#Aristegui: entre el vendaval autoritario y el Jauja de la liberad de expresión

Por Juan S. Larrosa-Fuentes (22 de marzo de 2015)

Carmen Aristegui, por segunda ocasión, concluyó sus transmisiones radiofónicas a través de los micrófonos de MVS Noticias en medio de un escándalo público. El caso es controvertido y polémico, especialmente porque no queda totalmente claro por qué MVS Noticias decidió presionar para que la periodista dejara su espacio luego de que ella y su equipo utilizaran la imagen institucional de la empresa para participar en una alianza con la iniciativa Mexicoleaks. Como ya lo he escrito en otra parte, públicamente no existe la suficiente información para hacer un juicio final sobre el asunto. Me parece evidente que el uso indebido de la marca, que fue la justificación de MVS para crear una campaña pública inaudita en contra de Aristegui, para despedir y acusar de pérdida de confianza a dos de los reporteros del equipo de esta periodista, y para cambiar la línea y dinámica editorial de sus espacios informativos de forma unilateral, es algo desproporcionado y carente de lógica. Por otro lado, resulta ingenuo pensar que Aristegui y su equipo no hayan dimensionado que el uso de la marca de MVS les traería problemas. Lo que es inobjetable es el resultado: el caso devino en el desmembramiento de un equipo de periodistas que hizo una de las piezas de mayores repercusiones políticas en la historia del periodismo contemporáneo en México. Quien decida ignorar este resultado, está cometiendo un grave error analítico.

Entre muchas otras perspectivas, las cuales valdrá la pena analizar en el futuro, esta coyuntura revela una disputa por el control de la memoria colectiva. En días recientes hemos visto cómo el pasado está sirviendo para interpretar y dar sentido al presente. Carmen Aristegui, tanto en su último programa en MVS, como en la rueda de prensa que ofreció el jueves 19 de marzo, utilizó el pasado para enmarcar su discurso. La periodista habló de un “vendaval autoritario” y de una vuelta a los tiempos del presidente Echeverría. Estos marcos discursivos fueron reproducidos y ampliados por distintos reporteros y medios de comunicación que simpatizan con Aristegui. Muchos recordaron el golpe al Excélsior y sugirieron que Aristegui debería imitar lo que en su momento hizo Julio Scherer junto con otros periodistas: fundar un nuevo medio de comunicación, como fue el caso del semanario Proceso. También ha sido común que el caso de Aristegui se entienda como una continuidad o resurrección del autoritarismo mexicano.

Al discurso del “vendaval autoritario” se han opuesto muchas voces. Distintos comentaristas han señalado que es un error igualar lo que actualmente está ocurriendo en México, con el orden de cosas de hace cuarenta años. México vive en una democracia, incipiente, pero democracia al fin, argumentan. En los tiempos que corren hay libertad de expresión y muchos comunicadores aseguran que pueden criticar a quien sea sin el riesgo de ser censurados. Prueba de ello, por ejemplo, es que Aristegui pudo hacer público el reportaje de la Casa Blanca. En tiempos del autoritarismo mexicano bastaba una llamada del Secretario de Gobernación para que un reportaje no viera la luz pública. En el periodo autoritario los periodistas críticos fueron anulados y excluidos de los medios de comunicación. En cambio, la periodista de marras tiene la posibilidad de mantener el sitio Aristegui Noticias, un programa de televisión en la cadena transnacional CNN y una columna de opinión en el periódico Reforma. Además, quien así lo desee, puede discutir públicamente este tema sin temor de tener represalias a su libertad de expresión. La conclusión, entonces, es que todo este drama se trató de un asunto entre una empleada y un patrón que no supieron ponerse de acuerdo.

Ambas posturas parten de una idea común: México vivió un periodo autoritario en el que la libertad de expresión fue un derecho altamente vulnerado. Aunque todavía hace falta un gran trabajo de investigación al respecto (el cual se verá truncado por la reciente decisión de impedir el acceso a los archivos sobre la guerra sucia), pocos niegan un pasado en el que el régimen priísta creó distintas estructuras y prácticas para controlar la libertad de expresión de los periodistas y ciudadanos en general. Sin embargo, aquí acaban las coincidencias. Quienes hablan del “vendaval autoritario” y de la regresión de las manecillas del reloj a la década de los setenta, buscan igualar el pasado con el presente, cuando claramente no es el caso. El sistema de medios es distinto, especialmente porque hay más medios de comunicación que producen información noticiosa. Las audiencias ya no son masivas y han tendido a fragmentarse. Y la opinión pública internacional genera grandes presiones cuando un gobierno atropella la libertad de expresión de sus ciudadanos.

Por otro lado, quienes argumentan que vivimos en el Jauja de la libertad de expresión, olvidan mencionar muchas cosas. Por ejemplo, que en la última década los medios de comunicación han estado sumidos en una profunda crisis económica que los ha llevado a despedir a sus periodistas más experimentados y a depender, cada vez más, de los ingresos que los gobiernos pagan por anunciarse. Olvidan decir que, en medio de la crisis de seguridad, periodistas han sido asesinados, desaparecidos y amedrentados por el crimen organizado y por distintos gobiernos mexicanos. También olvidan mencionar que la autocensura actúa en aquellos periodistas que dicen nunca haber sido censurados (¿Cómo van a ser censurados si no se atreven a decir aquello que al poder incomoda?)

El caso MVS-Aristegui hizo evidentes, en tan solo una semana, muchos de los rasgos más negativos de la vida política y del sistema de comunicación en México. Son los rasgos de un sistema político en el que no ha podido proliferar un sistema de comunicación que constantemente produzca información crítica sobre el mundo político. La polarización discursiva en la lucha por el control de la memoria colectiva no será una vía para tener un sistema de comunicación crítico y democrático. El discurso del vendaval autoritario puede llevar a la caudillización del caso y el discurso del Jauja de la libertad de expresión a construir la imagen de un país inexistente.

La caudillización del caso, altamente probable en sistemas políticos y culturales como el mexicano, resulta indeseable porque lo importante no es la figura de Aristegui atada a la memoria de los padres fundadores del periodismo crítico en México, un periodismo que pocos, por cierto, han analizado concienzudamente. Lo importante, en todo caso, es que esta coyuntura desemboque en transformaciones radicales del sistema de comunicación en México, transformaciones que reviertan la escasez de información crítica, el excesivo poder de los capitales privados en los sistemas de comunicación contemporáneos o las pésimas condiciones labores y de seguridad de los periodistas.

Este artículo fue publicado el 22 de marzo de 2015 como parte de la columna de opinión “Sistema Autorreferencial” del programa “Señales de Humo”, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara.

 

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