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Alerta de Violencia contra las Mujeres en Jalisco, comunicación y representación

Por Juan S. Larrosa-Fuentes (22 de febrero de 2016)

En semanas pasadas el gobierno de Jalisco dio a conocer un informe en donde se da cuenta del estado que guarda la violencia de género en la entidad. El informe fue elaborado por un grupo interinstitucional y multidisciplinario de especialistas. El documento explica que en Jalisco existen  “acciones reiteradas y metódicas en contra de las mujeres”. Estas acciones constituyen actos de violencia de género, un término que se define como la violencia “que sufren las mujeres por su condición de mujer y como consecuencia del rol que desempeñan en nuestra sociedad. Es una violencia sexista, específica y con rasgos diferentes a otro tipo de violencia”. Los hallazgos del grupo de especialistas no son casos aislados de violencia hacia las mujeres, sino patrones y prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos de las mujeres en Jalisco. El informe es estremecedor, pues a través de una investigación que contiene evidencia empírica y no meras opiniones, demuestra que formamos parte de una sociedad que lastima y violenta sistemáticamente a las mujeres. Los resultados de la investigación logaron que el gobierno de Jalisco activara una Alerta de Violencia contra las Mujeres en los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ameca y Puerto Vallarta.

 

 

Según documenta el informe de marras, la violencia en contra de las mujeres se presenta de distintas formas. La más grave es la violencia física, la cual ha cobrado la vida y dañado los cuerpos de mujeres y niñas. Sin embargo, hay otro tipo de violencias, como las que enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia, en el respeto de sus derechos civiles, políticos y reproductivos, en el ámbito laboral, tan solo por mencionar algunos. Entre otras cosas, el informe explica que la dimensión comunicativa juega un papel fundamental para entender y solucionar la violencia en contra de las mujeres. Una fuente importante de violencia se produce y reproduce, por ejemplo, en medios de comunicación como el cine, la prensa, la radio y la televisión. A través de estos medios de comunicación circulan mensajes que violentan a las mujeres a través de la creación de estereotipos de género, de la marginación en la visibilidad política de las mujeres, o en la sexualización y cosificación de sus cuerpos.

 

 

La violencia en contra de las mujeres en los medios ha estado presente durante tantos años, que incluso se ha naturalizado, es decir, es algo en lo que pocas veces reparamos y que vemos con naturalidad. Van algunos ejemplos. En la televisión deportiva es común que veamos programas en donde el set está decorado con el cuerpo de mujeres esbeltas que hacen ejercicio mientras un grupo de hombres comenta el último partido de futbol. Hace unos años en el programa deportivo de Televisa Guadalajara había una sección llamada “cancha reglamentaria”, en donde aparecían las esposas de futbolistas en bikini y dando vueltas a una alberca. En el ámbito publicitario, ejemplos hay por montones. Simplemente basta con voltear a ver un espectacular en la calle para ver cómo, cualquier marca, asocia su imagen con la de una mujer a través de su cosificación. O, en el caso más patético, la tristemente célebre campaña que MVS Jalisco echó a andar en mayo de 2014 en la que se burlaba de las mujeres a través de frases como “si me vas a dejar, que sea embarazada”, o “aunque la fresa se vista de seda, peda se encuera”. En las telenovelas y series de televisión vemos cómo se asocia a las mujeres, una y otra vez, con ciertos estereotipos de género, cada vez que las mujeres aparecen en ciertos espacios como las cocinas o en actividades como la crianza o el mantenimiento de una casa. Y en el mundo del periodismo y de las noticias se ha documentado la escaza presencia de las mujeres en puestos directivos en medios de comunicación y la baja aparición de mujeres como protagonistas de las noticias. En Jalisco y México, por ejemplo, según distintos análisis de contenido en los que he participado, de cada diez personas que aparecen en la noticias, solamente tres son mujeres.

Al final del informe hay una serie de conclusiones que van aparejadas con propuestas para prevenir y contrarrestar la violencia sistémica en contra de las mujeres. En el ámbito comunicativo, el informe propone, en primer lugar, la elaboración y difusión de una campaña que comunique qué es la alerta de género, en qué consiste y cuáles fueron las condiciones que llevaron a su activación en el estado de Jalisco. Por otro lado, se proponen campañas permanentes de comunicación para dar a conocer los derechos de los mujeres y las niñas, así como para prevenir la violencia en contra de las mujeres. Además, se propone que el gobierno pueda ofrecer capacitaciones de género a quienes trabajan en medios de comunicación, como conductores y conductoras de radio y televisión,  o periodistas que hacen su trabajo en distintos medios del estado de Jalisco, pues según las conclusiones del informe, se “advierte la falta de sensibilización por parte de las y los reporteros, conductores, periodistas entre otros, así́ como un alto contenido de programas, comerciales y videos que refuerzan la violencia estructural, colocando a la mujer como un objeto sexual en la mayoría de los casos, y en otros reforzando los roles y estereotipos ‘femeninos’ que fomentan la discriminación.”

Sin duda, la transformación de las relaciones de género en nuestras sociedades, pasan por una profunda reflexión de nuestras prácticas comunicativas, pues es a través del discurso desde donde se construye aquello que entendemos por realidad. Al respecto, Clifford Geertz, el célebre antropólogo norteamericano dice que los seres humanos somos animales suspendidos en tramas de significado que nosotros mismos hemos tejido. Años después, el sociólogo John B. Thompson, completó la frase diciendo que, entonces, los medios de comunicación son las ruecas del mundo moderno. Por ello, hace mucho sentido que quienes elaboraron el informe entiendan que además de atacar la violencia física en contra de las mujeres, que resulta ser de primera importancia, también sea relevante la lucha en el terreno del discurso y del control de la comunicación. Sin embargo, valdría profundizar aún más en el diagnóstico y las conclusiones del informe en el terreno comunicativo. Las conclusiones sobre la violencia comunicativa hacia las mujeres están edificadas en un modelo de comunicación en donde el poder está concentrado en los productores de los mensajes y por tanto, la solución e intervención comunicativa recae en estos actores. No obstante, olvidan que las audiencias también tienen parte en estos procesos. La producción y emisión de un texto no implica su lectura o consumo, tampoco implica que quienes lo consumen hagan una lectura exactamente igual a como el productor planeó el texto. Por otro lado, no debe olvidarse que nuestros sistemas de comunicación son operados por entidades privadas. Por ello, en un artículo reciente Sonia Serrano mostró su escepticismo sobre la reacción que los medios y periodistas tendrán ante las recomendaciones publicadas en el informe.

A las intervenciones en los procesos de producción de comunicación deben sumarse las estrategias para incidir en la opinión pública y en ciertas audiencias en particular. Desde mi punto de vista se deben reactivar proyectos como el observatorio de comunicación que tenía el Instituto de las Mujeres del ayuntamiento de Guadalajara en donde analizaban textos publicitarios y noticiosos en clave de género. Otros espacios de gobierno y ciudadanos, tendrán que abrirse para inspeccionar críticamente la comunicación en Jalisco. También se puede pensar en el desarrollo de estrategias de educación para la recepción y alfabetización mediática en torno a la violencia de género. Con estas intervenciones la idea es que sean los ciudadanos, a través de sus acciones políticas y económicas, los que puedan transformar y modificar los procesos comunicativos que son parte de la violencia sistemática y sistémica en contra de las mujeres en Jalisco.

 

 

Este artículo fue publicado el 21 de febrero de 2016 como parte de la columna de opinión “Sistema Autorreferencial” del programa “Señales de Humo”, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara.

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Presentación del informe anual del observatorio de medios QITESO

Cartel presentación informe QITESO 2014

Cartel presentación informe QITESO 2014

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Crítica al sistema legal de radiodifusión y telecomunicaciones desde una perspectiva local

Por Juan S. Larrosa-Fuentes (marzo de 2015)

Resumen

El 14 de julio de 2014 se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México. En esta legislación se cristalizaron, explícita e implícitamente, distintas disputas por el poder político y económico en México de los últimos cincuenta años, como el control de la radio, la televisión y la radiodifusión, así como de la comunicación política y el periodismo. Por ello, la primera pregunta de investigación que responde este ensayo está relacionada con entender qué sistema de comunicación se construyó a través de la creación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por otro lado, desde su creación, el observatorio de medios QITESO se ha interesado en investigar los sistemas de comunicación desde una perspectiva local. De tal suerte, la segunda parte del ensayo busca desentrañar qué equilibrios y desequilibrios de poder supone la nueva legislación y cómo pueden ser evaluados críticamente desde una perspectiva local.

Para citar este artículo:

Larrosa-Fuentes, J. S. (2015). Crítica al sistema legal de radiodifusión y telecomunicaciones desde una perspectiva local. En M. S. Paláu Cardona (Ed.), Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2014 (pp. 101–119). Guadalajara: ITESO.

La ley, por draconiana o por ilustrada que sea, está llena de compromisos y desigualdades. (Steiner, 2008, p. 214)

En 1960 se aprobó la primera ley que reguló el mundo de la radiodifusión en México. Esta ley fue hecha a la medida de las empresas que en esa época dominaban la industria y dejó claras las reglas del juego: los entonces legisladores crearon un sistema de comunicación que sería desarrollado comercialmente por unos cuantos empresarios y controlado férreamente por el régimen presidencial. El resultado fue un sistema de comunicación esquizofrénico, pues por un lado siguió un esquema comercial en el que los medios de comunicación son instituciones que tienen por objetivo final la generación de ganancias económicas; por el otro, fue un sistema que no admitió la libertad de competencia y tuvo una baja tolerancia a la libertad de expresión.

Hacia finales de la década de los sesenta del siglo XX, el sistema político mexicano, fundado bajo los valores revolucionarios y desarrollado a través de un partido de Estado, de políticas autoritarias y de grandes estructuras clientelares, comenzó a transformarse. Para muchos historiadores las manifestaciones estudiantiles de 1968, que fueron duramente reprimidas por el gobierno federal, marcaron el inicio de una transición hacia un sistema político que desde entonces persigue un modelo de democracia liberal (o algo más o menos parecido). Desde entonces el país ha vivido en una paradójica transición permanente en la que poco a poco se han ido creando instituciones con valores democráticos, pero que a diferencia de otras transiciones políticas, la mexicana ha demorado décadas. En este proceso de transitar de un estado a otro, la disputa por el control del sistema de comunicación ha sido central.

Entre 1960 y 2014 median 54 años. A lo largo de este tiempo muchas organizaciones sociales, académicas y políticas reclamaron la democratización del sistema de comunicación mexicano a través de, entre otras cosas, una enmienda a la Ley Federal de Radio y Televisión que cancelara el monopolio económico de la televisión y que tutelara derechos civiles y políticos relacionados con la libertad de expresión. Durante esos 54 años el gobierno mexicano y los empresarios que controlan el sistema de comunicación buscaron mantener el mismo equilibrio de poder, aun a pesar de los múltiples reclamos por transformar el orden de cosas por parte de ciudadanos, periodistas, académicos y líderes sociales. Este equilibrio comenzó a resquebrajarse durante los años noventa debido a factores internos (la lenta transición política) y factores externos (la globalización económica y la convergencia tecnológica). Estas transformaciones, nacionales e internacionales, lograron que en 2014 se modificara el régimen normativo de la comunicación en México.

En especial, el recambio tecnológico enfrentó a Carlos Slim y Emilio Azcárraga, empresarios que, al momento de escribir estas líneas, todavía controlaban el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión. La convergencia hizo que el negocio de uno (telefonía fija y celular) convergiera con el del otro (radio y televisión). A este enfrentamiento, que comenzó en 2011, se le denominó la “guerra de las telecomunicaciones” en México y no fue otra cosa que una lucha, política y económica, por el control de la comunicación en el país (Granados Chapa, 2011; Larrosa-Fuentes, 2011, 2014). Todas estas disputas de poder, explícita o implícitamente, por inclusión o exclusión, quedaron cristalizadas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promulgada el 14 de julio de 2014. De tal suerte, este ensayo analiza este nuevo texto jurídico a partir de dos preguntas generales: ¿Qué sistema de comunicación se construyó y se construirá a través de la creación de esta nueva ley? ¿Qué equilibrios de poder propone la nueva legislación y cómo pueden ser evaluados desde una perspectiva local?

Cambios históricos: desconcentración y democratización del sistema de comunicación

Una vía para entender qué efectos tiene una nueva disposición legal desde un nivel local es comenzar por el análisis de las implicaciones de estas normas a nivel nacional. El nuevo sistema de comunicación será el mismo para todo el país y tendrá un impacto general para todos los mexicanos. Desde esta perspectiva, la nueva ley tendrá efectos que serán homogéneos localmente. Los habitantes del estado de Chiapas serán regidos por la misma ley de telecomunicaciones y radiodifusión que quienes habitan en los estados de Sonora o Puebla. Por ello, en los siguientes párrafos realizaré un breve balance de tres elementos importantes que introdujo la nueva disposición jurídica: normas referidas al control y propiedad de los sistemas de comunicación, la creación de una institución que democráticamente regule estos sistemas, y la incorporación de nuevos derechos ciudadanos.

Uno de los problemas más graves que históricamente ha enfrentado la democratización del sistema político mexicano ha sido la concentración del control y propiedad de los medios de comunicación, especialmente en el sector televisivo. Durante buena parte del siglo XX Televisa fue la empresa que dominó la industria de la televisión en México. A lo largo de todo este tiempo Televisa tuvo algunos competidores regionales y convivió con los canales públicos, pero la realidad es que fue un monopolio en la producción y difusión de contenidos audiovisuales en el país. En 1993 se incorporó TV Azteca a la oferta televisiva mexicana, por lo que el sistema televisivo se convirtió en un duopolio. Estas características de la televisión mexicana fueron altamente problemáticas para la democratización del país, especialmente porque el sistema de comunicación, en su versión monopólica, obedeció fiel y ciegamente a los mandatos del poder político; y en su versión duopólica y neoliberal, se convirtió en un poder fáctico que a veces obedecía al poder político, pero que en otras lo sometía a sus caprichos e intereses. Además, esta concentración de poder también tuvo alcances en las dimensiones culturales. Durante décadas los mexicanos tuvimos acceso a una limitada y autoritaria oferta audiovisual producida por Televisa: noticiarios oficialistas y carentes de pluralidad política y una barra de entretenimiento marcada por las telenovelas y el futbol. Este orden de cosas ha sido altamente problemático porque un sistema democrático requiere, además de la básica libertad de expresión, las condiciones políticas y materiales para que los ciudadanos puedan recibir información que les permita tomar decisiones políticas, económicas y culturales en su vida cotidiana (Doyle, 2002, pp. 11–12; Josifides, 1997, pp. 648–661). Cuando una entidad política o económica se hace del control de una estructura comunicativa, como ha ocurrido históricamente en México, un sistema democrático simplemente no puede funcionar.

Es claro, entonces, que los modelos político (democracia liberal) y económico (capitalismo neoliberal) que México comenzó a perseguir a lo largo de su dilatada transición, iban a contracorriente de la mayor parte de los rasgos de sus sistemas de comunicación masivos y de telecomunicaciones. Finalmente, luego de cinco décadas, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue un acuerdo mayor que logró una mejor alineación entre las reglas de los sistemas de comunicación y los modelos político y económico que el país ha seguido, al menos, desde la reforma política de 1977 y el famoso ajuste estructural en la economía desarrollado durante los años ochenta (Hughes, 2009, p. 62). Por ello, una de las mayores transformaciones que trajo la nueva legislación es el establecimiento de límites en la concentración económica de las empresas que ofrecen productos y servicios comunicativos, pues explícitamente señala medidas para limitar la preponderancia económica. En las nuevas reglas del juego se prohíbe que una empresa u operador posea más del cincuenta por ciento del mercado. Lo anterior, queda establecido en el artículo 262: “Para efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto” (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 2014).

Por otro lado, la nueva regulación permite que capitales extranjeros puedan poseer hasta un 100% de las empresas del sector de las telecomunicaciones y hasta un 49% en el sector de la radiodifusión. Con la apertura a inversionistas extranjeros, el sistema de comunicación mexicano abre la puerta para conectarse, tecnológica y económicamente, al sistema global de comunicación.

En términos de control y propiedad, los artículos 66 y 67 definen que el Estado mexicano entregará una concesión única para prestar servicios públicos de comunicación y que estas concesiones podrán tener un uso comercial, público, privado o social. Estas tres disposiciones (límites a la concentración económica, apertura a la inversión extranjera, y diferenciación en las formas de propiedad), marcan una transformación importante en la economía política de la comunicación en México pues establecen límites claros para la concentración económica y especifican que pueden existir distintas formas de utilizar o explotar la comunicación. Con estas medidas, en teoría, tendrían que terminarse los monopolios de Carlos Slim en el sector de telecomunicaciones y de la dinastía Azcárraga en la radiodifusión y se abre la puerta a nuevos proyectos de producción y difusión comunicativa.[1]

La histórica concentración económica del sistema de comunicación mexicano fue provocada, entre otras cosas, por un sistema político que durante muchos años reguló estos sectores de forma autoritaria y discrecional. El presidenturno (Álvaro González dixit) tenía la facultad de otorgar o revocar las concesiones a su antojo y sin la necesidad de transparentar la lógica y el proceso de su toma de decisiones. Durante el siglo XX un ciudadano mexicano no podía tener acceso a un censo de televisoras y radiodifusoras actualizado y en el cual aparecieran los nombres de los dueños y de las empresas dedicadas al servicio de la radiodifusión. Tampoco podía saber cuánto habían pagado estas empresas por esta concesión, ni por cuánto tiempo podrían prestar el servicio. La transformación legislativa del sistema de comunicación incluyó la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), el cual comenzó a operar en septiembre de 2013. La creación de esta nueva institución supone una transformación relevante, pues desconcentra la regulación y la toma de decisiones sobre el sistema de comunicación mexicano. En el viejo esquema el Presidente de la República concentraba el poder para la toma de decisiones. En el nuevo esquema la toma de decisiones ocurre a través de un cuerpo colegiado de expertos en temas de radiodifusión y telecomunicaciones. Esta medida supone un cambio radical en la regulación política del sistema de comunicación, pues busca desconcentrar los procesos de asignación de concesiones, regular autónomamente los procesos de preponderancia económica, y transparentar toda la información concerniente a la radio, la televisión y las telecomunicaciones.

El tercer elemento que me gustaría destacar, es la incorporación de nuevos derechos ciudadanos. Previo a la creación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los legisladores hicieron cambios sustanciales en los artículos sexto y séptimo de la Constitución mexicana. En estos artículos los legisladores estipularon claramente el derecho de los mexicanos a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, así como la libertad de acceso a la información y a su difusión. Por otro lado, constitucionalmente quedó establecido que el Estado mexicano debe asegurar el acceso universal a la “sociedad de la información y el conocimiento”, así como a tecnologías de la información y servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Además, la reforma constitucional incluyó otros temas como la prohibición de transmitir publicidad o propaganda política enmascarada como información periodística, la creación del IFETEL, y la legislación en torno a los derechos de las audiencias. Estos cambios, si bien agregan nuevos derechos para los mexicanos, también se unen a la larga y anárquica transformación del texto constitucional, en donde los legisladores han decidido que la Constitución debe albergar no solamente “los principios básicos de la organización del poder público y el catálogo de derechos fundamentales de todas las personas que habitan en el territorio de un país” (Carbonell, 2014), sino una serie de normas, “programas de gobierno y políticas públicas” (Fix-Fierro, 2014) que bien deberían estar en leyes secundarias.

Permanencias históricas: concentración y centralización del sistema de comunicación

Las reformas a la Constitución mexicana en materia de comunicación, así como la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión son un cambio evidente y tangible en la regulación del sistema de comunicación mexicano. Este nuevo orden legal representa un cambio cualitativo, al menos en la letra, del orden de cosas que operó durante más de medio siglo. Ciertamente, como algunos académicos y periodistas han escrito celebratoriamente, la nueva legislación es un cambio importante en la política mexicana. Sin embargo, una perspectiva crítica exige ir mucho más a fondo que la mera descripción de las transformaciones legales.

Una de las aproximaciones que se puede llevar a cabo para realizar un análisis crítico de la ley, es crear una serie de preguntas que, desde una perspectiva local, investiguen las relaciones de poder que subyacen en la nueva disposición jurídica. En la sección anterior decía que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es una regulación que tendrán que seguir todos los mexicanos, ya sea que vivan en Veracruz o Baja California. Sin embargo, aunque es la misma regulación para todos los mexicanos, en la práctica esta ley no tendrá los mismos efectos para todos los ciudadanos. Por ejemplo, esta ley tendrá un efecto distinto en un empresario, que en una maestra normalista; será distinto para un habitante de la Ciudad de México, que en uno de Zacatecas. Por ello, en el marco del trabajo de un observatorio de medios asentado en la ciudad de Guadalajara, vale la pena (volver) a examinar los cambios en las relaciones de poder y en la economía política del sistema de comunicación que trajo la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿La nueva legislación creó mecanismos para regular los desequilibrios en la concentración de poder en el sistema de comunicación mexicano?

Antes de contestar la pregunta anterior, es necesario hacer un breve repaso teórico sobre el concepto de poder, el cual está en el centro de esta discusión, porque es el engranaje que permitió la construcción de una serie de normas jurídicas que dan forma a un sistema de comunicación.[2] Para el caso de este ensayo, por poder entiendo la capacidad relacional que un actor social (individuo, grupo o institución) tiene para influir en la vida y decisiones de otros actores sociales (Castells, 2009, p. 33; Fricker, 2009, pp. 9–11). Esta capacidad de influencia relacional es, por definición, asimétrica. Esta asimetría ha sido entendida y enfrentada (o ignorada), de múltiples formas. En las sociedades democráticas, el Estado es el encargado de regular las desigualdades de poder, creando, entre otras cosas, mecanismos para evitar la centralización del poder en ciertos actores sociales. El problema es que en los sistemas centralizados las decisiones de uno o unos cuantos actores sociales influyen significativamente en la vida y decisiones de todos los individuos que componen un sistema social. En una estructura social centralizada, aquellos que tienen menos poder pierden autonomía y autosuficiencia en las decisiones que puedan tomar sobre su propia vida (Sánchez Ruiz, 1987, p. 14). Si analizamos críticamente las relaciones de poder en un sistema de radiodifusión y telecomunicaciones, resulta pertinente evaluar sus procesos de centralización.

El tema de la centralización del poder, ya sea en un sistema político o un sistema comunicativo, puede ser medido de distintas formas. Una de ellas es investigar qué actores sociales concentran el poder. Partiendo de un continuum analítico, podemos señalar que un sistema de comunicación está totalmente concentrado cuando un actor social es dueño de toda la estructura comunicativa; en el extremo opuesto del continuum, un sistema de comunicación está totalmente desconcentrado cuando todos los actores sociales son dueños de una parte de esta estructura comunicativa. En la historia mexicana existen ejemplos de concentración total: durante décadas la familia Azcárraga fue propietaria de toda la estructura para la transmisión de televisión privada en el país, lo mismo podemos decir del sistema de telefonía, que primero fue monopolizado por el Estado y después por Carlos Slim. La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ciertamente desconcentró el poder, pero no lo hizo totalmente. El artículo 262 explica claramente que un actor social podrá ser dueño de hasta 50% del sistema comunicativo. Es decir, las nuevas normas comunicativas han prohibido la concentración total del sistema, pero permiten una concentración bastante alta, pues en la práctica dos actores sociales podrían ser dueños de todo un sistema comunicativo.

La concentración del poder también puede pensarse desde la capacidad que tienen los actores sociales para producir y poner a circular mensajes en el sistema comunicativo. En este continuum, un sistema totalmente concentrado es uno en el que solamente un actor social puede producir y hacer circular mensajes; y un sistema totalmente desconcentrado es uno en el que todos los actores sociales tienen las mismas posibilidades de producir y hacer circular mensajes. En el caso mexicano, la monopolización y control de la producción y circulación de los mensajes no ha sido tan extrema como en el caso de la propiedad de los sistemas de comunicación. Puede argumentarse que durante los periodos más autoritarios en la historia política del siglo XX mexicano, el Presidente tuvo un gran control de lo que se decía y no se decía en los medios de comunicación. Sin embargo, durante el presidencialismo también hubo otros actores sociales que tuvieron influencia en los  procesos comunicativos (empresarios, políticos, productores), por lo que es incorrecto señalar que una sola persona concentró todo el poder comunicativo. Lo cierto es que muy pocas personas, grupos sociales, e instituciones han sido las que históricamente han controlado la producción y circulación de la comunicación en México.

Esta forma de concentración se puede analizar desde múltiples entradas. Por ejemplo, marcadores sociales como el género, la riqueza, la clase social o la educación, pueden ayudar para entender qué personas o grupos sociales tienen menos poder que otros para acceder a la producción y circulación de sus mensajes. Dado que este es un ensayo que parte de una mirada local, la entrada más pertinente para el análisis es a través de la categoría de territorio. ¿Desde qué territorios se controla la producción y circulación de los mensajes? En el caso mexicano, es evidente que, históricamente, el control se ha ejercido desde la Ciudad de México. El observatorio de medios del ITESO ha realizado distintas investigaciones en las que se ha demostrado claramente que la mayor parte de los contenidos que se consumen en el sistema de radiodifusión de Guadalajara provienen de la Ciudad de México o de otras partes del mundo (Paláu Cardona et al., 2011) y que la producción de contenidos en la localidad es sumamente escasa (Larrosa-Fuentes, 2012).

¿La nueva legislación creó mecanismos para regular los desequilibrios en la concentración de poder en el sistema de comunicación mexicano? ¿Los estados, ciudades y pueblos que no son parte de la Ciudad de México ganaron autonomía comunicativa? La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene 63,387 palabras. En todo ese universo solamente en 25 ocasiones aparece la palabra local y solamente en una ocasión esta palabra se utiliza para referirse a un tema de producción de contenidos.[3] El resto de las ocasiones la palabra local aparece en artículos relacionados con la instalación, consolidación o desagregación de redes de telecomunicaciones. La baja frecuencia en el número de ocasiones en que aparece la palabra local en la nueva ley es tan solo una de las evidencias que muestrean que dentro del proceso legislativo no fue relevante pensar en límites a la centralización de la producción comunicativa en ciertos territorios, especialmente en la Ciudad de México.

En su artículo 90 la ley señala que “En el otorgamiento de las concesiones el Instituto favorecerá la diversidad y evitará la concentración nacional y regional de frecuencias” (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 2014). Sin embargo, en ningún artículo posterior se especifica cómo es que el IFETEL favorecerá la diversidad comunicativa y evitará la concentración territorial. Por ejemplo, los legisladores pudieron haber establecido normas que distinguieran claramente qué estaciones de radio y televisión son parte de una cadena nacional y cuáles son televisoras y radiodifusoras exclusivamente locales, o que establecieran claramente cuándo un canal local puede ser un “repetidor de contenidos” y hasta qué punto. Al respecto, un ejemplo claro es el Canal 7 de Azteca Jalisco, que se considera como un canal local. En Azteca Jalisco se producen y transmiten algunos programas manufacturados en Guadalajara, pero la mayoría de los contenidos del canal son una retransmisión de lo que se produce en la Ciudad de México o lo que TV Azteca compra a otras productoras audiovisuales del mundo (Larrosa-Fuentes, 2012). Con la distinción sobre lo local y lo nacional, los legisladores podrían haber creado los equilibrios necesarios para que existiera un balance entre lo producción comunicativa nacional y la producción comunicativa local.

Por otro lado, la producción comunicativa local no se constriñe a la producción que pueda hacerse al interior de las empresas que poseen canales de radio y televisión. La producción comunicativa también puede llevarse a cabo por cualquier actor social que desee participar en estos procesos. Al respecto, el artículo 250 de la ley establece que “A fin de promover la producción nacional y la producción nacional independiente, el Ejecutivo Federal impulsará medidas de financiamiento para estos sectores” (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 2014). Sin embargo, una vez más, los legisladores no dicen cómo y bajo qué criterios se va a llevar a cabo la “promoción” de la producción, pero más importante para el argumento en desarrollo, qué medidas se tomarán para evitar la concentración de la “producción nacional y la producción nacional independiente” en la Ciudad de México. Quienes trabajamos como profesores en universidades que ofrecen la carrera de Ciencias de la Comunicación (o programas afines), sabemos del gran interés que muchos alumnos tienen por dedicarse a la producción audiovisual. Sin embargo, en la mayoría de los casos la opción laboral que tienen estos jóvenes es mudarse a la Ciudad de México para trabajar en los “medios nacionales”, empresas que, evidentemente, no tienen ni la capacidad ni el interés de hacerse cargo de la contratación de todos estos jóvenes. Valga el ejemplo anterior para demostrar las asimetrías de poder en la producción comunicativa; valga también para ilustrar cómo es que esta ley por un lado crea un sistema que da una gran seguridad jurídica y económica a los grandes inversionistas, y que por otro desatiende las demandas y necesidades de desarrollo económico y cultural local de ciertos sectores sociales.

Conclusiones: ¿transformación o actualización del sistema de comunicación?

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene resultados ambivalentes. La nueva legislación cambió una serie de reglas que fueron pensadas hace más de medio siglo, en un contexto político y económico completamente distinto al que se vive en la segunda década del siglo XXI. Aunque sus alcances todavía están por verse, estos cambios en las reglas traerán consecuencias positivas para el sistema político mexicano. Las reformas impulsarán procesos de desconcentración económica, democratizarán las reglas del juego, y transparentarán muchos de los procesos administrativos que durante décadas permanecieron, secretamente, en las entrañas de la burocracia mexicana. En los siguientes años veremos más canales de radio y televisión, una cadena nacional de medios públicos y mejores servicios de telecomunicaciones, como Internet de banda ancha o más opciones para contratar servicios de telefonía. En pocas palabras: habrá mejores condiciones de competencia económica. Con ello se reducirá el poder de los monopolistas mexicanos y las industrias culturales tomarán una forma oligopólica. Desde mi perspectiva, el mayor beneficio que todos estos movimientos traerán, es la erosión del poder cultural de Televisa, una empresa que durante varias décadas produjo la mayor parte de los productos informativos y culturales que los mexicanos consumimos a través de la televisión. Esto no quiere decir que habrá mejores contenidos audiovisuales, pero al menos habrá una mayor diversidad.

El nuevo orden de cosas que trajo la nueva ley resulta alentador si se compara con la ley que suplantó. Sin embargo, los resultados resultan más bien grises, si se comparan con las características de los sistemas políticos y de comunicación contemporáneos. La legislación no fue vanguardista en temas de derecho a la información, en temas culturales como la autosuficiencia comunicativa, o en el desarrollo tecnológico de la radiodifusión y las telecomunicaciones, tan solo por mencionar dos aspectos. Por ello, la nueva ley funciona como una actualización de las reglas del sistema comunicativo creado en 1960. Esta actualización permitirá que el sistema de comunicación mexicano pueda operar en una incipiente democracia y en el contexto de la construcción de un sistema global de telecomunicaciones y radiodifusión. Si en 1960 los legisladores crearon un sistema de comunicación acorde al modelo político post-revolucionario (monopolios privados al servicio de un Estado semi autoritario), en 2013 los legisladores crearon un sistema de comunicación que alienta la competencia económica y que genera seguridades jurídicas para que grandes capitalistas puedan hacer inversiones en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

Finalmente, respecto a la segunda pregunta planteada al inicio del ensayo, la nueva ley careció de una discusión que complejizara los conceptos de concentración y centralización de los procesos de comunicación. Existen múltiples formas de definir y entender estos conceptos (Downing, 2011; Doyle, 2002; Josifides, 1997; Just, 2009), que no se constriñen a la concentración de la estructura de propiedad de los medios de comunicación. Desde una perspectiva local, habría sido deseable que la nueva ley colocara las bases para la creación de un sistema de comunicación en donde los habitantes de todo el país tuvieran mayores posibilidades (poder) de producir y hacer circular información a través de las redes de comunicación masiva y de telecomunicaciones: “Se trata de que más individuos, grupos organizados de la sociedad civil, clases sociales y aún entidades federativas puedan ser productores de mensajes que lleguen e influyan a amplias capas de la sociedad mexicana, que la ‘cultura popular’ producida y/o transmitida por los medios sea tal, es decir, surgida de y recreada por el pueblo y no impuesta al mismo con el disfraz de entretenimiento y/o de ‘información’” (Sánchez Ruiz, 1987, p. 56).

Bibliografía

Carbonell, M. (2014). ¿Por qué no una nueva Constitución? Nexos. Recuperado de http://www.nexos.com.mx/?p=18387

Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Madrid, España: Alianza.

Downing, J. D. H. (2011). Media Ownership, Concentration, and Control: The Evolution of Debate. In J. Wasko, G. Murdock, & H. Sousa (Eds.), The Handbook of Political Economy of Communications (pp. 140–168). Wiley-Blackwell.

Doyle, G. (2002). Media ownership. SAGE.

Fix-Fierro, H. (2014). Engordando la Constitución. Nexos. Recuperado de http://www.nexos.com.mx/?p=18375

Fricker, M. (2009). Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing. Oxford; New York: Oxford University Press.

Granados Chapa, M. Á. (2011). Guerra en telecomunicaciones. Reforma. México.

Hughes, S. (2009). Redacciones en conflicto: el periodismo y la democratización en México. México : Guadalajara, México: Miguel Ángel Porrúa; Universidad de Guadalajara.

Josifides, P. (1997). Methods of measuring media concentration. Media, Culture & Society, 19(4), 643–663. doi:10.1177/016344397019004008

Just, N. (2009). Measuring media concentration and diversity: new approaches and instruments in Europe and the US. Media, Culture & Society, 31(1), 97–117. doi:10.1177/0163443708098248

Larrosa-Fuentes, J. S. (2011). La lucha por las telecomunicaciones en México: una disputa en contra de los viejos modelos políticos y económicos. Análisis Plural, 56–72.

Larrosa-Fuentes, J. S. (2012). Desconcentrar y descentralizar un sistema de comunicación local: una propuesta para fortalecer el desarrollo de la opinión pública en México. En M. de los A. Mascott Sánchez & G. Meixueiro Nájera, Premio Nacional de Investigación Social y Opinión Pública 2011 (pp. 291–314). México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

Larrosa-Fuentes, J. S. (2014). La lucha por las telecomunicaciones en México II: la integración al mundo postindustrial. Análisis Plural, 141–152.

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2014). Recuperado de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352323&fecha=14/07/2014

Paláu Cardona, M. S., Aguilar Méndez, K., Briseño Ponce, E., García Cacho, A. A., Hernández Godínez, K., Partida Cervantes, J., Vicencio Huerta, A. (2011). Radiografía de la Televisión en la Zona Metropolitana de Guadalajara. En J. S. Larrosa-Fuentes (Ed.), Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2010 (pp. 42–62). Guadalajara, México: ITESO, Departamento de Estudios Socioculturales.

Sánchez Ruiz, E. (1987). Centralización, poder y comunicación en México. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Steiner, G. (2008). Los libros que nunca he escrito. México: Fondo de Cultura Económica.

[1] En teoría, la ley tendría que regular la vida política, social y económica de los habitantes. En la práctica, el sistema jurídico mexicano es constantemente violado o desconocido. Al momento de escribir este artículo (febrero de 2015), Televisa y Telmex seguían siendo monopolistas en sus respectivos sectores.

[2] Vale la pena aclarar que los sistemas de comunicación no son definidos o construidos exclusivamente por sus marcos legales.

[3] En la única ocasión en que la palabra local aparece en el contexto de producción de contenidos es en el glosario, que a la letra se lee: “XLVIII. Productor nacional independiente de contenidos audiovisuales: Persona física o moral de nacionalidad mexicana que produce obras audiovisuales a nivel nacional, regional o local, que no cuenta con una concesión de telecomunicaciones o radiodifusión, ni es controlado por un concesionario en virtud de su poder de mando.” (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 2014) (El énfasis en negritas no aparece en el texto original).

Este artículo fue publicado en el más reciente informe sobre Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2014, del observatorio de medios QITESO.

Larrosa-Fuentes, J. S. (2015). Crítica al sistema legal de radiodifusión y telecomunicaciones desde una perspectiva local. En M. S. Paláu Cardona (Ed.), Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2014 (pp. 101–119). Guadalajara: ITESO.

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