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Crítica al sistema legal de radiodifusión y telecomunicaciones desde una perspectiva local

Por Juan S. Larrosa-Fuentes (marzo de 2015)

Resumen

El 14 de julio de 2014 se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México. En esta legislación se cristalizaron, explícita e implícitamente, distintas disputas por el poder político y económico en México de los últimos cincuenta años, como el control de la radio, la televisión y la radiodifusión, así como de la comunicación política y el periodismo. Por ello, la primera pregunta de investigación que responde este ensayo está relacionada con entender qué sistema de comunicación se construyó a través de la creación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por otro lado, desde su creación, el observatorio de medios QITESO se ha interesado en investigar los sistemas de comunicación desde una perspectiva local. De tal suerte, la segunda parte del ensayo busca desentrañar qué equilibrios y desequilibrios de poder supone la nueva legislación y cómo pueden ser evaluados críticamente desde una perspectiva local.

Para citar este artículo:

Larrosa-Fuentes, J. S. (2015). Crítica al sistema legal de radiodifusión y telecomunicaciones desde una perspectiva local. En M. S. Paláu Cardona (Ed.), Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2014 (pp. 101–119). Guadalajara: ITESO.

La ley, por draconiana o por ilustrada que sea, está llena de compromisos y desigualdades. (Steiner, 2008, p. 214)

En 1960 se aprobó la primera ley que reguló el mundo de la radiodifusión en México. Esta ley fue hecha a la medida de las empresas que en esa época dominaban la industria y dejó claras las reglas del juego: los entonces legisladores crearon un sistema de comunicación que sería desarrollado comercialmente por unos cuantos empresarios y controlado férreamente por el régimen presidencial. El resultado fue un sistema de comunicación esquizofrénico, pues por un lado siguió un esquema comercial en el que los medios de comunicación son instituciones que tienen por objetivo final la generación de ganancias económicas; por el otro, fue un sistema que no admitió la libertad de competencia y tuvo una baja tolerancia a la libertad de expresión.

Hacia finales de la década de los sesenta del siglo XX, el sistema político mexicano, fundado bajo los valores revolucionarios y desarrollado a través de un partido de Estado, de políticas autoritarias y de grandes estructuras clientelares, comenzó a transformarse. Para muchos historiadores las manifestaciones estudiantiles de 1968, que fueron duramente reprimidas por el gobierno federal, marcaron el inicio de una transición hacia un sistema político que desde entonces persigue un modelo de democracia liberal (o algo más o menos parecido). Desde entonces el país ha vivido en una paradójica transición permanente en la que poco a poco se han ido creando instituciones con valores democráticos, pero que a diferencia de otras transiciones políticas, la mexicana ha demorado décadas. En este proceso de transitar de un estado a otro, la disputa por el control del sistema de comunicación ha sido central.

Entre 1960 y 2014 median 54 años. A lo largo de este tiempo muchas organizaciones sociales, académicas y políticas reclamaron la democratización del sistema de comunicación mexicano a través de, entre otras cosas, una enmienda a la Ley Federal de Radio y Televisión que cancelara el monopolio económico de la televisión y que tutelara derechos civiles y políticos relacionados con la libertad de expresión. Durante esos 54 años el gobierno mexicano y los empresarios que controlan el sistema de comunicación buscaron mantener el mismo equilibrio de poder, aun a pesar de los múltiples reclamos por transformar el orden de cosas por parte de ciudadanos, periodistas, académicos y líderes sociales. Este equilibrio comenzó a resquebrajarse durante los años noventa debido a factores internos (la lenta transición política) y factores externos (la globalización económica y la convergencia tecnológica). Estas transformaciones, nacionales e internacionales, lograron que en 2014 se modificara el régimen normativo de la comunicación en México.

En especial, el recambio tecnológico enfrentó a Carlos Slim y Emilio Azcárraga, empresarios que, al momento de escribir estas líneas, todavía controlaban el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión. La convergencia hizo que el negocio de uno (telefonía fija y celular) convergiera con el del otro (radio y televisión). A este enfrentamiento, que comenzó en 2011, se le denominó la “guerra de las telecomunicaciones” en México y no fue otra cosa que una lucha, política y económica, por el control de la comunicación en el país (Granados Chapa, 2011; Larrosa-Fuentes, 2011, 2014). Todas estas disputas de poder, explícita o implícitamente, por inclusión o exclusión, quedaron cristalizadas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promulgada el 14 de julio de 2014. De tal suerte, este ensayo analiza este nuevo texto jurídico a partir de dos preguntas generales: ¿Qué sistema de comunicación se construyó y se construirá a través de la creación de esta nueva ley? ¿Qué equilibrios de poder propone la nueva legislación y cómo pueden ser evaluados desde una perspectiva local?

Cambios históricos: desconcentración y democratización del sistema de comunicación

Una vía para entender qué efectos tiene una nueva disposición legal desde un nivel local es comenzar por el análisis de las implicaciones de estas normas a nivel nacional. El nuevo sistema de comunicación será el mismo para todo el país y tendrá un impacto general para todos los mexicanos. Desde esta perspectiva, la nueva ley tendrá efectos que serán homogéneos localmente. Los habitantes del estado de Chiapas serán regidos por la misma ley de telecomunicaciones y radiodifusión que quienes habitan en los estados de Sonora o Puebla. Por ello, en los siguientes párrafos realizaré un breve balance de tres elementos importantes que introdujo la nueva disposición jurídica: normas referidas al control y propiedad de los sistemas de comunicación, la creación de una institución que democráticamente regule estos sistemas, y la incorporación de nuevos derechos ciudadanos.

Uno de los problemas más graves que históricamente ha enfrentado la democratización del sistema político mexicano ha sido la concentración del control y propiedad de los medios de comunicación, especialmente en el sector televisivo. Durante buena parte del siglo XX Televisa fue la empresa que dominó la industria de la televisión en México. A lo largo de todo este tiempo Televisa tuvo algunos competidores regionales y convivió con los canales públicos, pero la realidad es que fue un monopolio en la producción y difusión de contenidos audiovisuales en el país. En 1993 se incorporó TV Azteca a la oferta televisiva mexicana, por lo que el sistema televisivo se convirtió en un duopolio. Estas características de la televisión mexicana fueron altamente problemáticas para la democratización del país, especialmente porque el sistema de comunicación, en su versión monopólica, obedeció fiel y ciegamente a los mandatos del poder político; y en su versión duopólica y neoliberal, se convirtió en un poder fáctico que a veces obedecía al poder político, pero que en otras lo sometía a sus caprichos e intereses. Además, esta concentración de poder también tuvo alcances en las dimensiones culturales. Durante décadas los mexicanos tuvimos acceso a una limitada y autoritaria oferta audiovisual producida por Televisa: noticiarios oficialistas y carentes de pluralidad política y una barra de entretenimiento marcada por las telenovelas y el futbol. Este orden de cosas ha sido altamente problemático porque un sistema democrático requiere, además de la básica libertad de expresión, las condiciones políticas y materiales para que los ciudadanos puedan recibir información que les permita tomar decisiones políticas, económicas y culturales en su vida cotidiana (Doyle, 2002, pp. 11–12; Josifides, 1997, pp. 648–661). Cuando una entidad política o económica se hace del control de una estructura comunicativa, como ha ocurrido históricamente en México, un sistema democrático simplemente no puede funcionar.

Es claro, entonces, que los modelos político (democracia liberal) y económico (capitalismo neoliberal) que México comenzó a perseguir a lo largo de su dilatada transición, iban a contracorriente de la mayor parte de los rasgos de sus sistemas de comunicación masivos y de telecomunicaciones. Finalmente, luego de cinco décadas, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue un acuerdo mayor que logró una mejor alineación entre las reglas de los sistemas de comunicación y los modelos político y económico que el país ha seguido, al menos, desde la reforma política de 1977 y el famoso ajuste estructural en la economía desarrollado durante los años ochenta (Hughes, 2009, p. 62). Por ello, una de las mayores transformaciones que trajo la nueva legislación es el establecimiento de límites en la concentración económica de las empresas que ofrecen productos y servicios comunicativos, pues explícitamente señala medidas para limitar la preponderancia económica. En las nuevas reglas del juego se prohíbe que una empresa u operador posea más del cincuenta por ciento del mercado. Lo anterior, queda establecido en el artículo 262: “Para efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto” (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 2014).

Por otro lado, la nueva regulación permite que capitales extranjeros puedan poseer hasta un 100% de las empresas del sector de las telecomunicaciones y hasta un 49% en el sector de la radiodifusión. Con la apertura a inversionistas extranjeros, el sistema de comunicación mexicano abre la puerta para conectarse, tecnológica y económicamente, al sistema global de comunicación.

En términos de control y propiedad, los artículos 66 y 67 definen que el Estado mexicano entregará una concesión única para prestar servicios públicos de comunicación y que estas concesiones podrán tener un uso comercial, público, privado o social. Estas tres disposiciones (límites a la concentración económica, apertura a la inversión extranjera, y diferenciación en las formas de propiedad), marcan una transformación importante en la economía política de la comunicación en México pues establecen límites claros para la concentración económica y especifican que pueden existir distintas formas de utilizar o explotar la comunicación. Con estas medidas, en teoría, tendrían que terminarse los monopolios de Carlos Slim en el sector de telecomunicaciones y de la dinastía Azcárraga en la radiodifusión y se abre la puerta a nuevos proyectos de producción y difusión comunicativa.[1]

La histórica concentración económica del sistema de comunicación mexicano fue provocada, entre otras cosas, por un sistema político que durante muchos años reguló estos sectores de forma autoritaria y discrecional. El presidenturno (Álvaro González dixit) tenía la facultad de otorgar o revocar las concesiones a su antojo y sin la necesidad de transparentar la lógica y el proceso de su toma de decisiones. Durante el siglo XX un ciudadano mexicano no podía tener acceso a un censo de televisoras y radiodifusoras actualizado y en el cual aparecieran los nombres de los dueños y de las empresas dedicadas al servicio de la radiodifusión. Tampoco podía saber cuánto habían pagado estas empresas por esta concesión, ni por cuánto tiempo podrían prestar el servicio. La transformación legislativa del sistema de comunicación incluyó la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), el cual comenzó a operar en septiembre de 2013. La creación de esta nueva institución supone una transformación relevante, pues desconcentra la regulación y la toma de decisiones sobre el sistema de comunicación mexicano. En el viejo esquema el Presidente de la República concentraba el poder para la toma de decisiones. En el nuevo esquema la toma de decisiones ocurre a través de un cuerpo colegiado de expertos en temas de radiodifusión y telecomunicaciones. Esta medida supone un cambio radical en la regulación política del sistema de comunicación, pues busca desconcentrar los procesos de asignación de concesiones, regular autónomamente los procesos de preponderancia económica, y transparentar toda la información concerniente a la radio, la televisión y las telecomunicaciones.

El tercer elemento que me gustaría destacar, es la incorporación de nuevos derechos ciudadanos. Previo a la creación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los legisladores hicieron cambios sustanciales en los artículos sexto y séptimo de la Constitución mexicana. En estos artículos los legisladores estipularon claramente el derecho de los mexicanos a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, así como la libertad de acceso a la información y a su difusión. Por otro lado, constitucionalmente quedó establecido que el Estado mexicano debe asegurar el acceso universal a la “sociedad de la información y el conocimiento”, así como a tecnologías de la información y servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Además, la reforma constitucional incluyó otros temas como la prohibición de transmitir publicidad o propaganda política enmascarada como información periodística, la creación del IFETEL, y la legislación en torno a los derechos de las audiencias. Estos cambios, si bien agregan nuevos derechos para los mexicanos, también se unen a la larga y anárquica transformación del texto constitucional, en donde los legisladores han decidido que la Constitución debe albergar no solamente “los principios básicos de la organización del poder público y el catálogo de derechos fundamentales de todas las personas que habitan en el territorio de un país” (Carbonell, 2014), sino una serie de normas, “programas de gobierno y políticas públicas” (Fix-Fierro, 2014) que bien deberían estar en leyes secundarias.

Permanencias históricas: concentración y centralización del sistema de comunicación

Las reformas a la Constitución mexicana en materia de comunicación, así como la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión son un cambio evidente y tangible en la regulación del sistema de comunicación mexicano. Este nuevo orden legal representa un cambio cualitativo, al menos en la letra, del orden de cosas que operó durante más de medio siglo. Ciertamente, como algunos académicos y periodistas han escrito celebratoriamente, la nueva legislación es un cambio importante en la política mexicana. Sin embargo, una perspectiva crítica exige ir mucho más a fondo que la mera descripción de las transformaciones legales.

Una de las aproximaciones que se puede llevar a cabo para realizar un análisis crítico de la ley, es crear una serie de preguntas que, desde una perspectiva local, investiguen las relaciones de poder que subyacen en la nueva disposición jurídica. En la sección anterior decía que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es una regulación que tendrán que seguir todos los mexicanos, ya sea que vivan en Veracruz o Baja California. Sin embargo, aunque es la misma regulación para todos los mexicanos, en la práctica esta ley no tendrá los mismos efectos para todos los ciudadanos. Por ejemplo, esta ley tendrá un efecto distinto en un empresario, que en una maestra normalista; será distinto para un habitante de la Ciudad de México, que en uno de Zacatecas. Por ello, en el marco del trabajo de un observatorio de medios asentado en la ciudad de Guadalajara, vale la pena (volver) a examinar los cambios en las relaciones de poder y en la economía política del sistema de comunicación que trajo la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿La nueva legislación creó mecanismos para regular los desequilibrios en la concentración de poder en el sistema de comunicación mexicano?

Antes de contestar la pregunta anterior, es necesario hacer un breve repaso teórico sobre el concepto de poder, el cual está en el centro de esta discusión, porque es el engranaje que permitió la construcción de una serie de normas jurídicas que dan forma a un sistema de comunicación.[2] Para el caso de este ensayo, por poder entiendo la capacidad relacional que un actor social (individuo, grupo o institución) tiene para influir en la vida y decisiones de otros actores sociales (Castells, 2009, p. 33; Fricker, 2009, pp. 9–11). Esta capacidad de influencia relacional es, por definición, asimétrica. Esta asimetría ha sido entendida y enfrentada (o ignorada), de múltiples formas. En las sociedades democráticas, el Estado es el encargado de regular las desigualdades de poder, creando, entre otras cosas, mecanismos para evitar la centralización del poder en ciertos actores sociales. El problema es que en los sistemas centralizados las decisiones de uno o unos cuantos actores sociales influyen significativamente en la vida y decisiones de todos los individuos que componen un sistema social. En una estructura social centralizada, aquellos que tienen menos poder pierden autonomía y autosuficiencia en las decisiones que puedan tomar sobre su propia vida (Sánchez Ruiz, 1987, p. 14). Si analizamos críticamente las relaciones de poder en un sistema de radiodifusión y telecomunicaciones, resulta pertinente evaluar sus procesos de centralización.

El tema de la centralización del poder, ya sea en un sistema político o un sistema comunicativo, puede ser medido de distintas formas. Una de ellas es investigar qué actores sociales concentran el poder. Partiendo de un continuum analítico, podemos señalar que un sistema de comunicación está totalmente concentrado cuando un actor social es dueño de toda la estructura comunicativa; en el extremo opuesto del continuum, un sistema de comunicación está totalmente desconcentrado cuando todos los actores sociales son dueños de una parte de esta estructura comunicativa. En la historia mexicana existen ejemplos de concentración total: durante décadas la familia Azcárraga fue propietaria de toda la estructura para la transmisión de televisión privada en el país, lo mismo podemos decir del sistema de telefonía, que primero fue monopolizado por el Estado y después por Carlos Slim. La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ciertamente desconcentró el poder, pero no lo hizo totalmente. El artículo 262 explica claramente que un actor social podrá ser dueño de hasta 50% del sistema comunicativo. Es decir, las nuevas normas comunicativas han prohibido la concentración total del sistema, pero permiten una concentración bastante alta, pues en la práctica dos actores sociales podrían ser dueños de todo un sistema comunicativo.

La concentración del poder también puede pensarse desde la capacidad que tienen los actores sociales para producir y poner a circular mensajes en el sistema comunicativo. En este continuum, un sistema totalmente concentrado es uno en el que solamente un actor social puede producir y hacer circular mensajes; y un sistema totalmente desconcentrado es uno en el que todos los actores sociales tienen las mismas posibilidades de producir y hacer circular mensajes. En el caso mexicano, la monopolización y control de la producción y circulación de los mensajes no ha sido tan extrema como en el caso de la propiedad de los sistemas de comunicación. Puede argumentarse que durante los periodos más autoritarios en la historia política del siglo XX mexicano, el Presidente tuvo un gran control de lo que se decía y no se decía en los medios de comunicación. Sin embargo, durante el presidencialismo también hubo otros actores sociales que tuvieron influencia en los  procesos comunicativos (empresarios, políticos, productores), por lo que es incorrecto señalar que una sola persona concentró todo el poder comunicativo. Lo cierto es que muy pocas personas, grupos sociales, e instituciones han sido las que históricamente han controlado la producción y circulación de la comunicación en México.

Esta forma de concentración se puede analizar desde múltiples entradas. Por ejemplo, marcadores sociales como el género, la riqueza, la clase social o la educación, pueden ayudar para entender qué personas o grupos sociales tienen menos poder que otros para acceder a la producción y circulación de sus mensajes. Dado que este es un ensayo que parte de una mirada local, la entrada más pertinente para el análisis es a través de la categoría de territorio. ¿Desde qué territorios se controla la producción y circulación de los mensajes? En el caso mexicano, es evidente que, históricamente, el control se ha ejercido desde la Ciudad de México. El observatorio de medios del ITESO ha realizado distintas investigaciones en las que se ha demostrado claramente que la mayor parte de los contenidos que se consumen en el sistema de radiodifusión de Guadalajara provienen de la Ciudad de México o de otras partes del mundo (Paláu Cardona et al., 2011) y que la producción de contenidos en la localidad es sumamente escasa (Larrosa-Fuentes, 2012).

¿La nueva legislación creó mecanismos para regular los desequilibrios en la concentración de poder en el sistema de comunicación mexicano? ¿Los estados, ciudades y pueblos que no son parte de la Ciudad de México ganaron autonomía comunicativa? La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene 63,387 palabras. En todo ese universo solamente en 25 ocasiones aparece la palabra local y solamente en una ocasión esta palabra se utiliza para referirse a un tema de producción de contenidos.[3] El resto de las ocasiones la palabra local aparece en artículos relacionados con la instalación, consolidación o desagregación de redes de telecomunicaciones. La baja frecuencia en el número de ocasiones en que aparece la palabra local en la nueva ley es tan solo una de las evidencias que muestrean que dentro del proceso legislativo no fue relevante pensar en límites a la centralización de la producción comunicativa en ciertos territorios, especialmente en la Ciudad de México.

En su artículo 90 la ley señala que “En el otorgamiento de las concesiones el Instituto favorecerá la diversidad y evitará la concentración nacional y regional de frecuencias” (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 2014). Sin embargo, en ningún artículo posterior se especifica cómo es que el IFETEL favorecerá la diversidad comunicativa y evitará la concentración territorial. Por ejemplo, los legisladores pudieron haber establecido normas que distinguieran claramente qué estaciones de radio y televisión son parte de una cadena nacional y cuáles son televisoras y radiodifusoras exclusivamente locales, o que establecieran claramente cuándo un canal local puede ser un “repetidor de contenidos” y hasta qué punto. Al respecto, un ejemplo claro es el Canal 7 de Azteca Jalisco, que se considera como un canal local. En Azteca Jalisco se producen y transmiten algunos programas manufacturados en Guadalajara, pero la mayoría de los contenidos del canal son una retransmisión de lo que se produce en la Ciudad de México o lo que TV Azteca compra a otras productoras audiovisuales del mundo (Larrosa-Fuentes, 2012). Con la distinción sobre lo local y lo nacional, los legisladores podrían haber creado los equilibrios necesarios para que existiera un balance entre lo producción comunicativa nacional y la producción comunicativa local.

Por otro lado, la producción comunicativa local no se constriñe a la producción que pueda hacerse al interior de las empresas que poseen canales de radio y televisión. La producción comunicativa también puede llevarse a cabo por cualquier actor social que desee participar en estos procesos. Al respecto, el artículo 250 de la ley establece que “A fin de promover la producción nacional y la producción nacional independiente, el Ejecutivo Federal impulsará medidas de financiamiento para estos sectores” (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 2014). Sin embargo, una vez más, los legisladores no dicen cómo y bajo qué criterios se va a llevar a cabo la “promoción” de la producción, pero más importante para el argumento en desarrollo, qué medidas se tomarán para evitar la concentración de la “producción nacional y la producción nacional independiente” en la Ciudad de México. Quienes trabajamos como profesores en universidades que ofrecen la carrera de Ciencias de la Comunicación (o programas afines), sabemos del gran interés que muchos alumnos tienen por dedicarse a la producción audiovisual. Sin embargo, en la mayoría de los casos la opción laboral que tienen estos jóvenes es mudarse a la Ciudad de México para trabajar en los “medios nacionales”, empresas que, evidentemente, no tienen ni la capacidad ni el interés de hacerse cargo de la contratación de todos estos jóvenes. Valga el ejemplo anterior para demostrar las asimetrías de poder en la producción comunicativa; valga también para ilustrar cómo es que esta ley por un lado crea un sistema que da una gran seguridad jurídica y económica a los grandes inversionistas, y que por otro desatiende las demandas y necesidades de desarrollo económico y cultural local de ciertos sectores sociales.

Conclusiones: ¿transformación o actualización del sistema de comunicación?

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene resultados ambivalentes. La nueva legislación cambió una serie de reglas que fueron pensadas hace más de medio siglo, en un contexto político y económico completamente distinto al que se vive en la segunda década del siglo XXI. Aunque sus alcances todavía están por verse, estos cambios en las reglas traerán consecuencias positivas para el sistema político mexicano. Las reformas impulsarán procesos de desconcentración económica, democratizarán las reglas del juego, y transparentarán muchos de los procesos administrativos que durante décadas permanecieron, secretamente, en las entrañas de la burocracia mexicana. En los siguientes años veremos más canales de radio y televisión, una cadena nacional de medios públicos y mejores servicios de telecomunicaciones, como Internet de banda ancha o más opciones para contratar servicios de telefonía. En pocas palabras: habrá mejores condiciones de competencia económica. Con ello se reducirá el poder de los monopolistas mexicanos y las industrias culturales tomarán una forma oligopólica. Desde mi perspectiva, el mayor beneficio que todos estos movimientos traerán, es la erosión del poder cultural de Televisa, una empresa que durante varias décadas produjo la mayor parte de los productos informativos y culturales que los mexicanos consumimos a través de la televisión. Esto no quiere decir que habrá mejores contenidos audiovisuales, pero al menos habrá una mayor diversidad.

El nuevo orden de cosas que trajo la nueva ley resulta alentador si se compara con la ley que suplantó. Sin embargo, los resultados resultan más bien grises, si se comparan con las características de los sistemas políticos y de comunicación contemporáneos. La legislación no fue vanguardista en temas de derecho a la información, en temas culturales como la autosuficiencia comunicativa, o en el desarrollo tecnológico de la radiodifusión y las telecomunicaciones, tan solo por mencionar dos aspectos. Por ello, la nueva ley funciona como una actualización de las reglas del sistema comunicativo creado en 1960. Esta actualización permitirá que el sistema de comunicación mexicano pueda operar en una incipiente democracia y en el contexto de la construcción de un sistema global de telecomunicaciones y radiodifusión. Si en 1960 los legisladores crearon un sistema de comunicación acorde al modelo político post-revolucionario (monopolios privados al servicio de un Estado semi autoritario), en 2013 los legisladores crearon un sistema de comunicación que alienta la competencia económica y que genera seguridades jurídicas para que grandes capitalistas puedan hacer inversiones en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

Finalmente, respecto a la segunda pregunta planteada al inicio del ensayo, la nueva ley careció de una discusión que complejizara los conceptos de concentración y centralización de los procesos de comunicación. Existen múltiples formas de definir y entender estos conceptos (Downing, 2011; Doyle, 2002; Josifides, 1997; Just, 2009), que no se constriñen a la concentración de la estructura de propiedad de los medios de comunicación. Desde una perspectiva local, habría sido deseable que la nueva ley colocara las bases para la creación de un sistema de comunicación en donde los habitantes de todo el país tuvieran mayores posibilidades (poder) de producir y hacer circular información a través de las redes de comunicación masiva y de telecomunicaciones: “Se trata de que más individuos, grupos organizados de la sociedad civil, clases sociales y aún entidades federativas puedan ser productores de mensajes que lleguen e influyan a amplias capas de la sociedad mexicana, que la ‘cultura popular’ producida y/o transmitida por los medios sea tal, es decir, surgida de y recreada por el pueblo y no impuesta al mismo con el disfraz de entretenimiento y/o de ‘información’” (Sánchez Ruiz, 1987, p. 56).

Bibliografía

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Sánchez Ruiz, E. (1987). Centralización, poder y comunicación en México. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Steiner, G. (2008). Los libros que nunca he escrito. México: Fondo de Cultura Económica.

[1] En teoría, la ley tendría que regular la vida política, social y económica de los habitantes. En la práctica, el sistema jurídico mexicano es constantemente violado o desconocido. Al momento de escribir este artículo (febrero de 2015), Televisa y Telmex seguían siendo monopolistas en sus respectivos sectores.

[2] Vale la pena aclarar que los sistemas de comunicación no son definidos o construidos exclusivamente por sus marcos legales.

[3] En la única ocasión en que la palabra local aparece en el contexto de producción de contenidos es en el glosario, que a la letra se lee: “XLVIII. Productor nacional independiente de contenidos audiovisuales: Persona física o moral de nacionalidad mexicana que produce obras audiovisuales a nivel nacional, regional o local, que no cuenta con una concesión de telecomunicaciones o radiodifusión, ni es controlado por un concesionario en virtud de su poder de mando.” (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 2014) (El énfasis en negritas no aparece en el texto original).

Este artículo fue publicado en el más reciente informe sobre Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2014, del observatorio de medios QITESO.

Larrosa-Fuentes, J. S. (2015). Crítica al sistema legal de radiodifusión y telecomunicaciones desde una perspectiva local. En M. S. Paláu Cardona (Ed.), Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2014 (pp. 101–119). Guadalajara: ITESO.

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Mario Vázquez Raña, ¿el Ciudadano Kane mexicano?

Por Juan S. Larrosa-Fuentes (22 de febrero de 2015)

A diferencia de otros empresarios como “El Tigre” Azcárraga, Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego, Mario Vázquez Raña tuvo una vida pública gris y poco sobresaliente, mucho más activa como dirigente deportivo internacional, que como el dueño de una de las cadenas de periódicos más grandes del mundo. Aunque ejerció un gran protagonismo en la información que se publicaba día a día en sus periódicos, que en las últimas décadas pocas personas leían, su influencia en otros medios de comunicación fue escaza en comparación con otros de los barones de la comunicación en México. Sin embargo, en la historia empresarial de Mario Vázquez Raña hay rasgos y coyunturas similares a las de sus coetáneos. En particular, en la historia de los cuatro empresarios aludidos hay un “momento de fortuna” (coyuntura), a partir del cual su poder económico creció desorbitadamente: en 1960 la dinastía Azcárraga aseguró su futuro cuando el Congreso mexicano publicó una ley a modo de Televisa y en la primera mitad de los noventa el Gobierno Federal vendió, a un módico precio, las paraestatales Telmex e Imevisión, con lo cual favoreció a Slim y a Salinas Pliego. De la misma forma, en la década de los setenta, Echeverría hizo algunos regalos a Vázquez Raña, quien desde entonces se convirtió en un incondicional escudero de los gobiernos priístas.

El padre de Mario Vázquez Raña nació en España, en un pueblo llamado Avión y llegó a México en 1918. Primero trabajó en Chihuahua como minero y después echó a andar una tienda de muebles. En 1932 nació Mario Vázquez Raña, y según narraran distintos artículos en Internet, desde muy joven comenzó a trabajar en el negocio de su padre. En este punto, por ejemplo, esta historia es muy similar a la de Carlos Slim, cuyos padres llegaron del extranjero a México a principios el siglo XX y que, luego de décadas de trabajo, lograron prosperar a través de distintos negocios dedicados al comercio, especialmente de mercerías. Al igual que Slim, Mario Vázquez Raña estudió en la UNAM y durante las primeras décadas de su vida profesional se dedicó completamente al negocio familiar, una tienda que terminaría siendo famosa a nivel nacional. Las mueblerías “Hermanos Vázquez” se instalaron en distintas ciudades de México e inundaron de comerciales los canales de Televisa.

En la década de los setenta, con un capital económico importante, Mario Vázquez Raña comenzó a acercarse a los espacios de poder político, especialmente a los círculos de Luis Echeverría, quien fuera presidente en México de 1970 a 1976. Hacia el final de su gobierno, Echeverría nombró a Vázquez Raña como presidente del Comité Olímpico Mexicano (1974) y director general del Instituto Nacional del Deporte (1975). Un año más tarde, el entonces presidente le hizo un último regalito. En una operación que hasta ahora no ha sido completamente explicada, el Gobierno federal compró la cadena de periódicos del general García Valseca y luego, sin licitación de por medio, vendió esta empresa periodística a Mario Vázquez Raña por una cantidad hasta ahora desconocida. Esta operación, que marcó la vida empresarial de Vázquez Raña, tiene rasgos muy similares a la venta que el Gobierno federal hizo de Telmex y de Imevisión, operaciones que también marcaron significativamente el desarrollo económico y político de empresarios como Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego.

Como decía, las razones de estos regalos todavía son oscuras. Dos posibles explicaciones, que no son mútuamente excluyentes, pueden encontrarse en los últimos cables revelados por Wikileaks, donde funcionarios estadounidenses señalan que Vázquez Raña fue un actor que sirvió como vehículo comunicativo entre el presidente Echeverría y el régimen cubano de Fidel Castro. Esto hace sentido, pues Vázquez Raña presumía públicamente de tener una amistad con Castro. Estos mismos cables de Wikileaks sugieren que Echeverría le entregó a Vázquez Raña el conjunto de periódicos, con el fin de tener medios de comunicación a su servicio una vez que su presidencia llegara a su fin, tal como Miguel Alemán lo hiciera con Televisa. Lo cierto es que, en una entrevista publicada en 1983 en el periódico español El País, Vázquez Raña declaró que fue “por casualidad” que se convirtió en el dueño de una cadena de 33 periódicos, pues él lo que quería comprar “frigoríficos”.

Estas coyunturas políticas, o regalos presidenciales, tuvieron una gran influencia en la segunda etapa de desarrollo profesional de Mario Vázquez Raña. De ser un comerciante adinerado, pasó a ser un actor con gran ascendencia en la política deportiva nacional e internacional y a poseer un emporio periodístico que en sus mejores momentos estuvo compuesto por setenta periódicos, así como estaciones de radio, canales de televisión, productoras e importadoras de papel periódico, entre otras empresas más. Desde 1976, hasta el día de su muerte, el 8 de febrero de 2015, Mario Vázquez Raña y sus medios de comunicación estuvieron al servicio del poder político, especialmente de los gobiernos priístas, aunque el empresario en diversas entrevistas se definió, eufemísticamente, como “gobiernista”, es decir, un editor al servicio de los gobiernos en turno.

Un ejemplo claro del periodismo oficialista que los diarios de la Organización Editorial Mexicana (OEM) han practicado, ocurrió en el contexto de las campañas presidenciales en 2012. En mayo de aquel año Enrique Peña Nieto, como candidato a la presidencia, ofreció una conferencia en la Universidad Iberoamericana. Al final de la conferencia, los estudiantes de la universidad adoptaron un tono crítico en contra del político y luego de gritos y rechiflas, lo corrieron de la universidad. Horas más tarde, el entonces presidente del PRI minimizó las críticas, pues según él habían sido realizadas por un “puñado de alumnos”. Mientras que este episodio fue un duro golpe para la campaña política de Peña Nieto y marcó el inicio del movimiento #YoSoy132, los periódicos de la OEM publicaron notas y fotografías que defendían al candidato príista. Por ejemplo, El Sol de Morelia publicó en primera plana: “Éxito de Peña Nieto tras intento orquestado de boicot”.

La Prensa

La Prensa

Como empresario, Mario Vázquez Raña fue exitoso, pues logró confeccionar productos de consumo masivo, como Esto, un tabloide dedicado al mundo deportivo o La Prensa, una publicación de nota roja. Estos dos periódicos venden muchos más ejemplares que cualquiera de los periódicos generalistas y “nacionales” que se editan en la Ciudad de México. Los periódicos generalistas de la OEM, como Los Soles, o El Occidental en Guadalajara, desde hace años que han tenido una baja circulación y no se han caracterizado por hacer un periodismo crítico o innovador que influya en la agenda nacional. Por el contrario, son periódicos oficialistas, que sirven para defender a los gobiernos en turno, que publican información de las oficinas de prensa, que dan espacio a articulistas poco críticos y que maman millones de pesos al año por concepto de publicidad oficial. Además, muchos de estos periódicos sirvieron como un escaparate para Vázquez Raña, un megalómano que gustaba publicar noticias sobre sus logros en la política deportiva, o sus “diálogos con la historia”, una serie de entrevistas con más de “500 jefes de estado”. Al día siguiente de su muerte, todos sus periódicos publicaron exactamente la misma portada.

Portada de El Occidental. 9 de febrero de 2015.

Portada de El Occidental. 9 de febrero de 2015.

En no pocas ocasiones se ha dicho que Mario Vázquez Raña es (o fue) el “Ciudadano Kane” mexicano. En Citizen Kane, Orson Welles retrató a Randolph Hearst, el dueño de una cadena nacional de periódicos, quien se jactaba de “dictar la opinión pública” en Estados Unidos y de crear noticias falsas. El Ciudadano Kane llegó a ser congresista y desafió abiertamente al poder político. En contraparte, Mario Vázquez Raña terminó siendo un empresario bastante conservador y decidió seguir la fórmula que tanto éxito le dio para reproducir su fortuna y poder: la subordinación. A diferencia de los Azcárraga, los Pliego y los Slim, que han visto que el viejo régimen priísta y revolucionario ya no existe más, Vázquez Raña murió como un soldado del régimen, un soldado que decidió seguir dando batallas en el siglo XXI con estructuras mentales del siglo XX.

¿Que será del emporio periodístico de Mario Vázquez Raña, que al paso de los años se hizo viejo y anacrónico? Hasta ahora es una incógnita.

Este artículo fue publicado el 22 de febrero de 2015 como parte de la columna de opinión “Sistema Autorreferencial” del programa “Señales de Humo”, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara.

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La lucha por las telecomunicaciones en México II: la integración al mundo postindustrial

Por Juan S. Larrosa-Fuentes (septiembre de 2014)[1]

El siglo XXI ha traído un incesante desarrollo de la comunicación humana mediada por la tecnología. En tan solo catorce años la red de Internet se ha ampliado significativamente por todo el planeta, los mensajes de la comunicación masiva se han digitalizado y las formas de recepción y consumo de la información han tendido a la atomización y ubicuidad a través de dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes o las tabletas. Estas transformaciones han tenido como efecto en algunas ocasiones, o como correlato en otras, una serie de cambios en los sistemas políticos, económicos y culturales del mundo entero.[2] Tal como ocurrió con la construcción de redes de comunicación a través del telégrafo, el teléfono, el ferrocarril o la radiodifusión, el desarrollo de una red global de comunicación digital está modificando las características y reglas del sistema capitalista. La disputa por la comunicación, como se puede advertir, no nada más representa un jugoso botín económico, sino el control político del presente, pero especialmente del futuro. Esta disputa puede observarse en México a través de una coyuntura que se ha denominado en el mundo periodístico como la “guerra de las telecomunicaciones”.[3]

Esta guerra dio sus primeras señales públicas en 2011, cuando Grupo Televisa y Grupo Carso, dos gigantes de la comunicación en México, comenzaron a pelear por el control de las telecomunicaciones en el país. La guerra ha tenido distintas batallas, en las cuales han sobresalido diversos actores. En las siguientes páginas el lector encontrará un breve recorrido por estos escenarios como una vía para actualizar el análisis coyuntural al respecto. Hacia el final del texto, y como conclusión, propongo una ruta de lectura de la guerra de las telecomunicaciones, no nada más como una serie de coyunturas que articulan la disputa por el control de las telecomunicaciones en México, sino como una coyuntura que refleja parte de las transformaciones históricas que se están desarrollando en una era postindustrial del sistema capitalista.

Los actores: dos grandes monopolios creados por el Estado mexicano del siglo XX

Uno de los elementos centrales en el análisis coyuntural es la identificación de quiénes son los actores que participan activa o inactivamente en el desarrollo de un acontecimiento. En este caso hay dos preguntas importantes. ¿Quiénes son los actores que participan en la guerra de las telecomunicaciones? Y ¿qué es lo que estos actores están peleando? En el tablero de esta guerra hay un par de jugadores fundamentales: Emilio Azcárraga Jean (Grupo Televisa) y Carlos Slim Helú (Grupo Carso). Ambos empresarios son viejos conocidos en la vida pública mexicana, especialmente el primero, quien es parte de la tercera generación de la dinastía Azcárraga, la cual monopolizó la radiodifusión en el país durante prácticamente todo el siglo XX (y amenaza con hacerlo, al menos parcialmente, durante el siglo XXI). Televisa se vio beneficiada por un régimen post revolucionario el cual delegó a la familia Azcárraga el desarrollo de la televisión en México a través una serie de privilegios políticos y económicos, a cambio de una lealtad absoluta en términos de producción informativa y cultural. El segundo jugador es Carlos Slim, un empresario de origen libanés, que hizo un excelente negocio con el Estado mexicano: a principios de los noventa compró Telmex, una empresa paraestatal que ofrecía servicios de telefonía fija. Esta versión neoliberal del Estado mexicano permitió que un empresario comprara una empresa pública y monopólica a un precio muy bajo, y que la convirtiera en un monopolio privado. Telmex fue la base sobre la cual Slim erigió América Móvil, un emporio global de telecomunicaciones, el cual lo ha llevado a ser uno de los hombres más ricos del mundo.

Estas historias explican por qué Carlos Slim y Emilio Azcárraga cuentan con los mayores recursos de poder, especialmente económicos y políticos, para influir en la transformación de la propiedad y el control del sistema de comunicación en México.[4] El desarrollo del sector de las telecomunicaciones exige grandes inversiones económicas, pues supone la construcción de una infraestructura a través de la cual pueda ocurrir una comunicación. Esta infraestructura puede estar compuesta por sistemas de radiodifusión, cables subterráneos o aéreos para el transporte de voz, datos o imágenes, o de antenas y satélites. Aunque teóricamente cualquier ciudadano mexicano tiene el derecho de hacer negocios en este sector, en la realidad son muy pocos los empresarios que realmente tienen el capital económico para invertir en telecomunicaciones. Además de Slim y Azcárraga hay otros jugadores que han intervenido en esta guerra, pero con un perfil mucho más bajo, acorde a su capacidad económica y política. Entre ellos están Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas), Joaquín Vargas Guajardo (Grupo MVS comunicaciones) y otras empresarios del sector, especialmente aquellos que proporcionan servicios de televisión de paga (satelital o por cable) o de telefonía y de Internet.

El Estado mexicano también forma parte de esta disputa. A diferencia de lo que ocurrió con la construcción de otras redes de comunicación en el mundo (ya lo decía arriba: ferrocarril, telégrafo, entre otros), la red de telecomunicaciones se ha desarrollado mayoritariamente por capital privado, por lo que el Estado se ha convertido exclusivamente en un regulador de este sector. En el caso mexicano sorprendió que Enrique Peña Nieto haya decidido impulsar una reforma en el campo de la comunicación luego de doce años de gobiernos panistas en los que prácticamente no hubo avances significativos, pero particularmente porque fueron los gobiernos priistas los que permitieron el desarrollo de los dos grandes monopolios comunicativos del país. El equipo de Peña Nieto supo negociar una reforma constitucional en el Congreso de la Unión, la cual ha sido catalogada por muchos especialistas como histórica,[5] ya que sentó las bases para la construcción de una legislación moderna en el marco de una democracia (neo) liberal, a través de un reordenamiento del sector y la desconcentración de la propiedad y los contenidos de la televisión y las telecomunicaciones.

Finalmente, en el tema de la guerra de las telecomunicaciones ha habido una intensa e importante participación de diversas organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y de movimientos sociales como #YoSoy132. En particular ha sido destacado el aporte de #YoSoy132, que en un primer momento fue integrado por universitarios, pero que después se amplió a través de otros sectores sociales. Las diversas demostraciones públicas que este movimiento ha hecho han ayudado a mantener el debate público sobre el tema, pero especialmente en relación a la exigencia de entender esta guerra como una disputa por los derechos ciudadanos, no nada más de los consumidores.

Los escenarios: del debate legislativo a la competencia económica

Quienes participan en la guerra de las telecomunicaciones se han enfrentado desde 2010 en diversas batallas o escenarios. La batalla más evidente (y probablemente la más importante), es la que está ocurriendo en términos legislativos. El presidente Peña Nieto envió al Congreso una reforma constitucional que transformó el espíritu legal del juego. Sin embargo, mientras escribo estas líneas, el Congreso discute la legislación secundaria, que es donde estarán los detalles más importantes de las nuevas reglas del juego. Como bien lo dijo en su momento Aleida Calleja, la reforma constitucional fue un avance importante, pero a su juicio, la “madre de todas las batallas” vendría con la legislación secundaria, pues los empresarios de la comunicación buscarían hacer hasta lo imposible con tal de recuperar su poder. No se equivocó. Sin embargo, lo que pocos esperaron es que fuera el propio gobierno quien, luego de impulsar la reforma, diera un golpe de timón para fortalecerse a través de la legislación secundaria. La primera iniciativa de ley que elaboró el equipo de Peña Nieto fue reaccionaria, pues buscaba que el Gobierno Federal concentrara el poder en el campo de la comunicación. Luego de una discusión legislativa y a través de la prensa especializada, pero sobre todo de fuertes protestas de organizaciones civiles y movimientos sociales, hubo un recule por parte del Gobierno Federal. Estamos en espera de saber cómo quedará la nueva legislación secundaria.

En el debate legislativo fue evidente la alianza que se construyó entre el PAN y el Gobierno Federal y una actuación muy contradictoria del PRD, que primero abandonó las negociaciones como consecuencia de su salida del Pacto por México, pero que después dio señales discordantes en las que parecía apoyar la iniciativa oficial. Por otro lado, Grupo Televisa y Televisión Azteca han influido en el proceso parlamentario a través de legisladores afines a su causa. En la opinión pública se han ventilado abiertamente a los diputados y senadores que integran la “telebancada”, legisladores que en el pasado fueron parte de la nómina de estas empresas televisivas o que tienen evidentes intereses para favorecerlas.[6] En el terreno legislativo es claro que las televisoras han logrado tener más victorias que las empresas del Grupo Carso.

Sin embargo, la guerra no solo se ha disputado en el terreno de lo político. Los dos grandes monopolios del país también combaten en el terreno jurídico y mutuamente se han acusado de monopolizar el sector.[7] Por un lado Televisa señala que Telmex y Telcel son un monopolio en la telefonía celular. Aunque hay otras compañías que operan en México, las empresas de Carlos Slim son un monopolio en tanto que poseen la estructura para que la comunicación ocurra. Dicho de otro modo: quienes ofrecen telefonía celular en el país tienen que usar la red de Grupo Carso para dar el servicio y por tanto, pagar el uso que hacen de la red. Lo lógico sería que cada empresa desarrollara su propia estructura comunicativa. Sin embargo estos desarrollos son tan costosos que pocos empresarios tienen la capacidad de hacerlos. Televisa podría llevarlo a cabo, pero para ello requiere destruir o al menos diluir el monopolio del señor Slim. Por su parte, Slim acusa a Televisa de monopolizar el sector televisivo, lo cual también es cierto y hay evidencias abundantes que lo comprueban: controla 57% de las frecuencias comerciales de televisión del país, posee tres de las cinco cadenas nacionales de televisión y ostenta el 70% de la audiencia televisiva.[8] Desde hace años Grupo Carso ha solicitado la ampliación de su concesión para poder dar servicios de televisión, la cual le ha sido negado por el gobierno mexicano.

En el rubro económico ocurren otras batallas interesantes. En este terreno, sin duda, Carlos Slim lleva ventaja frente a Televisa. Al respecto vale la pena recordar que aunque Televisa es una de las empresas televisivas más importantes del mundo, la fortuna de Carlos Slim es treinta veces superior que la de Emilio Azcárraga. Por ello, durante los últimos meses las empresas de Grupo Carso han manejado discrecionalmente su presupuesto publicitario, afectando en muchas ocasiones los ingresos de las televisoras. Además, Slim se decidió a invertir en el León y el Pachuca, dos escuadras de la primera división del futbol mexicano y terminó los contratos que estos equipos tenían con las televisoras para transmitir los partidos en vivo.[9] Por si esto fuera poco, este empresario compró los derechos televisivos de las Olimpiadas de Invierno en Sochi (Rusia) y cedió los derechos de transmisión al Canal 22; también se hizo de los derechos de transmisión de las Olimpiadas de Verano en Río de Janeiro 2016 y está por verse si Televisa y Televisión Azteca le comprarán los derechos de transmisión.[10]

Conclusiones: reajustes del sistema global de comunicación

Luego de un análisis de los actores y los escenarios de la guerra de las telecomunicaciones, el análisis de coyuntura se cierra a través de preguntas que orienten una interpretación del caso. ¿Qué significa la guerra de las telecomunicaciones? ¿Estamos ante la recomposición del modelo del sistema de comunicación mexicano o ante su transformación radical? Aunque la guerra todavía no concluye, es claro que estamos ante un reajuste del modelo, no ante una transformación que sugiera un replanteamiento creativo sobre los sistemas que usamos para comunicarnos, o una transformación de los equilibrios de poder que encarnan la construcción y reproducción de los sistemas comunicativos. Los ajustes en las reglas del juego de las telecomunicaciones están encaminados a que sus actores dominantes puedan seguir trabajando en un contexto de convergencia tecnológica y de globalización de las industrias culturales.

Lejos estamos de tener un nuevo sistema de comunicación en el que los ciudadanos, no los consumidores, estén en el centro de la discusión. El acierto de Peña Nieto y su equipo ha sido la construcción de una narrativa política y periodística, en la que el Estado se coloca por encima de los intereses empresariales, al menos por ahora. El Presidente logró sentar a la mesa a dos bravos mastines y convencerlos de que su predominancia solamente podía estar asegurada si cedían en la actualización de las reglas de un juego que se volvió global. Estas nuevas reglas marcan la actualización de aquellas que fueron establecidas al concluir la Revolución Mexicana y a finales de los años ochenta, cuando tomaron el poder los gobiernos neoliberales. Televisa no podía seguir compitiendo con el modelo de negocios de “Siempre en Domingo” o transmitiendo los juegos de futbol del equipo América. Carlos Slim sabe que a Telmex le queda poco tiempo de vida en su versión original, pues es evidente que cada vez menos personas deciden contratar servicios de telefonía fija. El monopolio y duopolio pasarán a ser parte de una industria oligopólica que probablemente generará mejores servicios comunicativos para los mexicanos y con precios más competitivos.

Las ganancias de estos movimientos son importantes. Luego de un siglo XX en el que México vivió bajo un régimen semi-autoritario donde proliferaron monopolios públicos y privados y que en muchos casos dieron malos servicios a los ciudadanos, los cambios que ha traído la guerra de las telecomunicaciones no son del todo negativos. La transformación más importante será una significativa erosión del poder cultural de Televisa. Durante cincuenta años esta empresa fue la industria cultural más importante de México, ahí se crearon muchos de los mitos culturales del país y buena parte de la población se informó a través de sus noticiarios. Aunque la diversificación en la estructura de propiedad no implica, per se, que habrá mejores contenidos, sí habrá una disminución en el poder cultural de Televisa porque los mexicanos tendrán otras opciones para informarse y entretenerse. Por otro lado, los saldos de la guerra también auguran que habrá mayor competencia en el sector de las telecomunicaciones (telefonía, datos, Internet), lo que en teoría deberá generar mejores servicios. El crecimiento de la red de internet, así como de la alfabetización digital entre la población, pueden ser elementos que aporten significativamente a la vida política y cultural del país. Estas dos transformaciones serán importantes para el desarrollo de la democracia mexicana, aunque sus efectos no se observarán de forma inmediata.

Sin embargo, insisto, estos avances son producto de un ajuste, de un proceso de adaptación del sistema de comunicación mexicano a un sistema global de comunicación, especialmente ante las transformaciones de una economía que exige nuevas formas de producción, circulación y consumo de bienes y servicios. Esta nueva economía, a diferencia de otras etapas del capitalismo, tiene como base la comunicación y exige recambios en sus formas de operación. La verdadera transformación histórica no es la del sistema de comunicación, sino la integración de México a una siguiente etapa en el proceso histórico del capitalismo. En un análisis similar, pero de una etapa anterior, Manuel Martín Serrano explicó que las revoluciones sociales de finales de los sesenta no solo fueron progresistas: “Al tiempo eran necesarias y funcionales para que el modo de producción capitalista siguiese su proceso histórico. Han servido para que las sociedades más desarrolladas se desprendiesen de sus tradiciones y valores propios de la era industrial, que se habían convertido en trabas para la expansión del monopolio a escala global”.[11] De la misma forma, el capitalismo post industrial es incompatible con el modelo autoritario bajo el cual nació Televisa, incompatible también con los prolegómenos neoliberales que dieron vida a Telmex durante el régimen salinista. Prueba de estas transformaciones, por ejemplo, es la reciente revelación de las negociaciones que diversos países del mundo están teniendo, México incluido, para la firma de un tratado global en el que se aliente y dé preferencia a la privatización transnacional de servicios como la salud, la educación o telecomunicaciones.[12]

Ante este escenario, las teorías y análisis críticos, como el que propone la economía política de la comunicación son más pertinentes que nunca, pues existe el riesgo de concentrar la mirada tan solo en los avances y logros de la comunicación humana mediada por la tecnología. Podemos maravillarnos ante las posibilidades que tenemos para estar permanentemente conectados a una red informativa, prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Actualmente una parte de la humanidad tiene libertad para hacer política, consumir y socializar a través de la redes de comunicación. Sin embargo no deja de ser paradójico que los avances en la comunicación entre las personas impliquen la elevación de sus costos de producción y de consumo. Tenemos mejores formas de comunicarnos, pero más caras. Hace cien años las personas no tenían que gastar en de teléfonos inteligentes, conexión a internet o servicios de televisión. Muchas de las redes de comunicación, como los ferrocarriles, estaban controladas por las Estados. En tiempos actuales, los productos y servicios comunicativos son fabulosos, pero cuestan y son administrados por entidades privadas. La libertad y la facilidad que tenemos para comunicarnos está construida sobre una estructura que tiene un dueño.

El estudio y análisis de quiénes son los propietarios de estas redes de comunicación, no nada más es importante para señalar la concentración de poder en unos cuantos individuos, también vale para preguntarnos ¿qué ideas y formas de organización política, social y económica promueven estas elites sociales? La la guerra de las telecomunicaciones es una coyuntura relevante porque no solo demuestra las transformaciones o estabilidades del sistema de comunicación en México, sino porque a través de ella se pueden observar cómo se condensan otros procesos más generales, como la transformación económica, política e ideológica de los Estados contemporáneos. En sus ensayos sobre el Estado, Octavio Paz decía que “los liberales creían que, gracias al desarrollo de la libre empresa, florecería la sociedad civil y, simultáneamente, la función del Estado se reduciría a la de simple supervisor de la evolución espontánea de la humanidad”.[13] En una versión mucho más radical, el motor de las transformaciones de nuestro entorno parte de una ideología neoliberal en donde el Estado sigue siendo muy importante porque es el encargado de vigilar las reglas de operación de los sistemas políticos y sociales. Esta vigilancia se inserta en una lógica en donde el mercado es el que, teóricamente, asegura el desarrollo de las libertades y derechos, ya no de los ciudadanos, sino de los consumidores.

La guerra por las telecomunicaciones nos enseña que la integración de México al mundo post industrial ha sido la historia de un testigo (ahora más democrático en sus formas), que observa la mercantilización comunicativa de su entorno. Lejos estamos de una historia en la que México proponga nuevas estructuras y formas de la comunicación a través de la generación de una legislación vanguardista, de la desconcentración del control y la propiedad de los medios, de la innovación tecnológica propia o del uso y consumo crítico de los recursos comunicacionales.

Este artículo fue publicado en la revista Análisis Plural. Para descargar el original, pulsa aquí.

Larrosa-Fuentes, J. S. (2014). La lucha por las telecomunicaciones en México II: la integración al mundo postindustrial. Análisis Plural, 141–152.

 

Bibliografía

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Notas

[1] El presente artículo es una extensión de otro, también publicado en esta revista. Ver: Juan S. Larrosa-Fuentes, “La lucha por las telecomunicaciones en México: una disputa en contra de los viejos modelos políticos y económicos,” Análisis Plural, 2011, 56–72.

[2] Manuel Castells, Communication Power (New York: Oxford University Press, 2009); Klaus Bruhn Jensen, Media Convergence: The Three Degrees of Network, Mass, and Interpersonal Communication (London; New York: Routledge, 2010).

[3] Regina Moctezuma, “Por qué pelean, por qué ahora y por qué es la lucha decisiva” Expansión 42, no. 1062 (2011): 38–46; Miguel Ángel Granados Chapa, “Guerra en telecomunicaciones,” Reforma, Febrero 17, 2011, sec. Primera.

[4] El concepto de “sistema de comunicación” en este caso lo entiendo como un conjunto de estructuras comunicativas, estructuradas por tecnologías de comunicación (prensa, radio, televisión, Internet, satélites), que operan en un mismo tiempo (siglo XXI) y espacio (México). Ver: Sofía Paláu Cardona and Juan S. Larrosa-Fuentes, Manual Para La Observación de Medios (Guadalajara: ITESO, Departamento de Estudios Socioculturales, En prensa).

[5] Raúl Trejo Delarbre, “Menos poder a los viejos consorcios, más pluralidad de medios en México,” El País, Marzo 12, 2013, http://elpais.com/elpais/2013/03/12/opinion/1363057518_532970.html.

[6] Claudia Salazar, “Mantiene telebancada disciplina,” Reforma, Marzo 23, 2013, sec. Nacional.

[7] Para leer un estudio que explica, a través de datos cuantitativos, y no de opiniones, la concentración y monopolización del sistema de comunicación en México, ver: Juan Enrique Huerta-Wong y Rodrigo Gómez García, “Concentración y diversidad de los medios de comunicación y las telecomunicaciones en México,” Comunicación y Sociedad 19 (2013): 113–52.

[8] Raúl Trejo Delarbre, “Televisa: viejas prácticas, nuevo entorno,” Nueva Sociedad, no. 249 (2014): 151, http://www.nuso.org/upload/articulos/4010_1.pdf.

[9] Carla Martínez, “Saca Slim vuelta a televisoras,” El Norte, Enero 22, 2013, sec. Negocios.

[10] Cristina Sánchez, “Sochi 2014, el primer éxito de América Móvil,” El Economista, Marzo 4, 2014.

[11] Manuel Martín Serrano, La mediación social (Madrid: Ediciones AKAL, 2008), 16.

[12] Roberto González Amador y Miriam Posada García, “Tratos sigilosos,” La Jornada, Junio 21, 2014, http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/politica/002n1pol.

[13] Octavio Paz, “El ogro filantrópico,” Vuelta, (Confrontaciones, no. 21, Agosto 1978): 38.

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