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¿El fin de Televisa y TV Azteca o la reestructuración del sistema global de medios?

Por Juan S. Larrosa-Fuentes (7 de marzo de 2016)

El sistema de medios de comunicación en México está en plena transformación. Televisa recién anunció el lanzamiento de la plataforma digital blim, en donde pondrá a disposición de sus suscriptores la videoteca histórica de esta empresa televisiva, así como nuevas producciones que distribuirá exclusivamente a través de Internet. Además, desde hace semanas corren rumores que señalan un cambio en la conducción del noticiario estelar de Televisa, que desde hace más de quince años conduce Joaquín López Dóriga. Televisión Azteca, por su parte, informó de una reestructuración empresarial que incluyó un cambio de nombre a sus canales, que ahora se llaman Estudio 7 y Estudio 13, y el primer movimiento importante que realiza Benjamín Salinas, el CEO de esta televisora, quien tomó las riendas de su compañía en octubre de 2015. Grupo Imagen Multimedia, que está por comenzar sus transmisiones como la tercera cadena de televisión a nivel nacional, comunicó, a través de un tuit, que Circo Gómez Leyva será el conductor de su noticiario nocturno que comenzará a transmitirse en el verano de 2016.

Los cambios en el sistema de medios de comunicación tienen varias explicaciones. En distintos textos periodísticos y de opinión se ha comentado que estos cambios están estrechamente relacionados con una fuerte crisis económica que está sufriendo el duopolio televisivo. En tiempos recientes Grupo Televisa y Grupo Salinas han sufrido pérdidas económicas, entre otras cosas, por la caída en los ratings televisivos, lo cual se ha visto reflejado en la caída de los precios que pueden vender su publicidad. Entre menos personas ven la televisión, menos pueden cobrar a sus patrocinadores por anunciarse. Las evidencias de esta crisis son claras. Los reportes financieros de ambas televisoras señalan caídas en sus ingresos en el último año. En Televisa han realizado tareas de reestructuración que han incluido el despido de productores, reporteros y corresponsales en el extranjero. La prueba más fehaciente de esta crisis es el poco interés que despertó la licitación de nuevas dos nuevas cadenas de televisión a nivel nacional. Al final del proceso solamente Grupo Imagen Multimedia se hizo de una nueva cadena de televisión. En la actualidad, el negocio de la televisión abierta es como una mina de oro explotada y que se acerca a su agotamiento: quienes lleguen al negocio tendrán buenas ganancias económicas, pero nunca como las que Televisa se llevó a sus bolsillos durante buena parte del siglo XX.

 

Fuente: El Economista

Fuente: El Economista.

La segunda explicación, y que no necesariamente contradice a la primera, señala que la crisis de las televisoras está relacionada con el crecimiento de empresas como Netflix o Facebook, que se han convertido en plataformas digitales para la distribución de contenidos periodísticos y de entretenimiento. Según investigaciones comerciales como las de la AMIPCI, la mitad de la población mexicana mayor a los seis años usa Internet. Estos datos demuestran que la brecha digital en México todavía es considerable, pero que el uso de Internet sigue aumentando. Por ello, plataformas como Netflix y Facebook son una competencia real para las televisoras. A esto se le puede sumar el crecimiento que desde los años ochenta ha experimentado la televisión por cable. En pocas palabras, el sistema de medios de comunicación ha ido creciendo paulatinamente y está muy lejos de ser ese sistema en el que, al menos en el sector televisivo, era dominado por una sola empresa.

Ante estas transformaciones del sistema de comunicación se ha desarrollado, entre otras, una narrativa acrítica y celebratoria, de las heridas y descalabros que está sufriendo el duopolio televisivo. Esta narrativa celebra el magro desempeño financiero que tuvieron las televisoras durante 2015, así como la caída en sus ratings. Por otro lado celebra la “penetración exponencial de Internet” en México (cualquier cosa que eso signifique), así como el éxito de Netflix en América Latina. En el fondo, esta narrativa ve con alivio el lento desmantelamiento de las televisoras mexicanas y señala que Internet, como una tecnología comunicativa, está mejorando el sistema de comunicación en México. Ahora hay más opciones y mayor competencia, dicen.

No es mi interés defender a Televisa y TV Azteca. Quien haya seguido esta columna sabe que he sido crítico de estas televisoras. Tampoco me interesa negar las turbulencias financieras de estas empresas, ni negar la caída en los ratings, ni la diversidad que están adquiriendo los sistemas comunicativos. Sin embargo, la narrativa que celebra el (aparente) desplome del duopolio televisivo, entiende estas transformaciones como un fenómeno que ocurre exclusivamente en México y olvida ampliar la mirada a un análisis global, pues la crisis de Televisa y Televisión Azteca no es un fenómeno exclusivamente mexicano.

La crisis económica de la televisión se ha desarrollado en muchos sistemas de comunicación en el mundo. Esta crisis se suma a la crisis de la prensa y en general de los medios tradicionales de comunicación. La televisión, la radio y la prensa convergen en Internet y están en el proceso de formar un sistema global de comunicación. Los grandes medios globales están adaptando sus producciones periodísticas y de entretenimiento a un mercado internacional. Ejemplo de ello son los periódicos New York Times y El País. El 7 de febrero de 2016 el periódico estadounidense abrió una oficina en la ciudad de México desde donde se manufactura una edición en español. Apenas hace unos días, el periódico español anunció una reestructuración de su redacción hacia un modelo digital y su apuesta de volverse un periódico “cada vez más americano, pues es en América donde nuestro crecimiento es mayor y nuestra expansión más prometedora”. Como puede verse, Netflix no es el único que avanza en su expansión global. Sin embargo, no resulta tan atractivo hablar de la crisis que están sufriendo, por ejemplo, El Universal o Reforma ante la expansión de El País y el New York Times.

El modelo duopólico de televisión en México era insostenible en el siglo XXI. Los mercados de audiencias y anunciantes se transformaron. La tecnología cambió y fusionó medios y formatos comunicativos. Todo esto no pasó desapercibido por los empresarios de la comunicación, tampoco por la clase política. En buena media, la reforma legal a los sectores audiovisuales y de telecomunicaciones obedeció a estos cambios. Insisto en lo que he escrito en artículos anteriores: las reformas fueron una actualización de un sistema de comunicación que requería acoplarse a una estructura global; por el contrario, las reformas no supusieron una democratización del sistema, tampoco el desarrollo de una nueva política de Estado en materia de comunicación. Quienes celebran la expansión de Netflix no se dan cuenta que más allá de Televisa y TV Azteca, México no tiene una estructura comunicativa que pueda competir con los medios de comunicación globales. No estamos ante la caída del duopolio, sino ante la llegada de consorcios globales a un mercado que tiene una pobre producción nacional. La solución no es prohibir Netflix y sentarnos a ver películas como Pepe el Toro o telenovelas como Rosa Salvaje. La solución estaba en la transformación del sistema en el marco de las famosas reformas estructurales. El resultado está a la vista: perdimos la oportunidad de contar con una legislación que impulsara la creación de mercados comunicativos nacional y locales. Una oportunidad como esta no llegará a México en mucho tiempo.

Este artículo fue publicado el 7 de marzo de 2016 como parte de la columna de opinión “Sistema Autorreferencial” del programa “Señales de Humo”, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara.

 

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Crítica al sistema legal de radiodifusión y telecomunicaciones desde una perspectiva local

Por Juan S. Larrosa-Fuentes (marzo de 2015)

Resumen

El 14 de julio de 2014 se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México. En esta legislación se cristalizaron, explícita e implícitamente, distintas disputas por el poder político y económico en México de los últimos cincuenta años, como el control de la radio, la televisión y la radiodifusión, así como de la comunicación política y el periodismo. Por ello, la primera pregunta de investigación que responde este ensayo está relacionada con entender qué sistema de comunicación se construyó a través de la creación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por otro lado, desde su creación, el observatorio de medios QITESO se ha interesado en investigar los sistemas de comunicación desde una perspectiva local. De tal suerte, la segunda parte del ensayo busca desentrañar qué equilibrios y desequilibrios de poder supone la nueva legislación y cómo pueden ser evaluados críticamente desde una perspectiva local.

Para citar este artículo:

Larrosa-Fuentes, J. S. (2015). Crítica al sistema legal de radiodifusión y telecomunicaciones desde una perspectiva local. En M. S. Paláu Cardona (Ed.), Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2014 (pp. 101–119). Guadalajara: ITESO.

La ley, por draconiana o por ilustrada que sea, está llena de compromisos y desigualdades. (Steiner, 2008, p. 214)

En 1960 se aprobó la primera ley que reguló el mundo de la radiodifusión en México. Esta ley fue hecha a la medida de las empresas que en esa época dominaban la industria y dejó claras las reglas del juego: los entonces legisladores crearon un sistema de comunicación que sería desarrollado comercialmente por unos cuantos empresarios y controlado férreamente por el régimen presidencial. El resultado fue un sistema de comunicación esquizofrénico, pues por un lado siguió un esquema comercial en el que los medios de comunicación son instituciones que tienen por objetivo final la generación de ganancias económicas; por el otro, fue un sistema que no admitió la libertad de competencia y tuvo una baja tolerancia a la libertad de expresión.

Hacia finales de la década de los sesenta del siglo XX, el sistema político mexicano, fundado bajo los valores revolucionarios y desarrollado a través de un partido de Estado, de políticas autoritarias y de grandes estructuras clientelares, comenzó a transformarse. Para muchos historiadores las manifestaciones estudiantiles de 1968, que fueron duramente reprimidas por el gobierno federal, marcaron el inicio de una transición hacia un sistema político que desde entonces persigue un modelo de democracia liberal (o algo más o menos parecido). Desde entonces el país ha vivido en una paradójica transición permanente en la que poco a poco se han ido creando instituciones con valores democráticos, pero que a diferencia de otras transiciones políticas, la mexicana ha demorado décadas. En este proceso de transitar de un estado a otro, la disputa por el control del sistema de comunicación ha sido central.

Entre 1960 y 2014 median 54 años. A lo largo de este tiempo muchas organizaciones sociales, académicas y políticas reclamaron la democratización del sistema de comunicación mexicano a través de, entre otras cosas, una enmienda a la Ley Federal de Radio y Televisión que cancelara el monopolio económico de la televisión y que tutelara derechos civiles y políticos relacionados con la libertad de expresión. Durante esos 54 años el gobierno mexicano y los empresarios que controlan el sistema de comunicación buscaron mantener el mismo equilibrio de poder, aun a pesar de los múltiples reclamos por transformar el orden de cosas por parte de ciudadanos, periodistas, académicos y líderes sociales. Este equilibrio comenzó a resquebrajarse durante los años noventa debido a factores internos (la lenta transición política) y factores externos (la globalización económica y la convergencia tecnológica). Estas transformaciones, nacionales e internacionales, lograron que en 2014 se modificara el régimen normativo de la comunicación en México.

En especial, el recambio tecnológico enfrentó a Carlos Slim y Emilio Azcárraga, empresarios que, al momento de escribir estas líneas, todavía controlaban el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión. La convergencia hizo que el negocio de uno (telefonía fija y celular) convergiera con el del otro (radio y televisión). A este enfrentamiento, que comenzó en 2011, se le denominó la “guerra de las telecomunicaciones” en México y no fue otra cosa que una lucha, política y económica, por el control de la comunicación en el país (Granados Chapa, 2011; Larrosa-Fuentes, 2011, 2014). Todas estas disputas de poder, explícita o implícitamente, por inclusión o exclusión, quedaron cristalizadas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promulgada el 14 de julio de 2014. De tal suerte, este ensayo analiza este nuevo texto jurídico a partir de dos preguntas generales: ¿Qué sistema de comunicación se construyó y se construirá a través de la creación de esta nueva ley? ¿Qué equilibrios de poder propone la nueva legislación y cómo pueden ser evaluados desde una perspectiva local?

Cambios históricos: desconcentración y democratización del sistema de comunicación

Una vía para entender qué efectos tiene una nueva disposición legal desde un nivel local es comenzar por el análisis de las implicaciones de estas normas a nivel nacional. El nuevo sistema de comunicación será el mismo para todo el país y tendrá un impacto general para todos los mexicanos. Desde esta perspectiva, la nueva ley tendrá efectos que serán homogéneos localmente. Los habitantes del estado de Chiapas serán regidos por la misma ley de telecomunicaciones y radiodifusión que quienes habitan en los estados de Sonora o Puebla. Por ello, en los siguientes párrafos realizaré un breve balance de tres elementos importantes que introdujo la nueva disposición jurídica: normas referidas al control y propiedad de los sistemas de comunicación, la creación de una institución que democráticamente regule estos sistemas, y la incorporación de nuevos derechos ciudadanos.

Uno de los problemas más graves que históricamente ha enfrentado la democratización del sistema político mexicano ha sido la concentración del control y propiedad de los medios de comunicación, especialmente en el sector televisivo. Durante buena parte del siglo XX Televisa fue la empresa que dominó la industria de la televisión en México. A lo largo de todo este tiempo Televisa tuvo algunos competidores regionales y convivió con los canales públicos, pero la realidad es que fue un monopolio en la producción y difusión de contenidos audiovisuales en el país. En 1993 se incorporó TV Azteca a la oferta televisiva mexicana, por lo que el sistema televisivo se convirtió en un duopolio. Estas características de la televisión mexicana fueron altamente problemáticas para la democratización del país, especialmente porque el sistema de comunicación, en su versión monopólica, obedeció fiel y ciegamente a los mandatos del poder político; y en su versión duopólica y neoliberal, se convirtió en un poder fáctico que a veces obedecía al poder político, pero que en otras lo sometía a sus caprichos e intereses. Además, esta concentración de poder también tuvo alcances en las dimensiones culturales. Durante décadas los mexicanos tuvimos acceso a una limitada y autoritaria oferta audiovisual producida por Televisa: noticiarios oficialistas y carentes de pluralidad política y una barra de entretenimiento marcada por las telenovelas y el futbol. Este orden de cosas ha sido altamente problemático porque un sistema democrático requiere, además de la básica libertad de expresión, las condiciones políticas y materiales para que los ciudadanos puedan recibir información que les permita tomar decisiones políticas, económicas y culturales en su vida cotidiana (Doyle, 2002, pp. 11–12; Josifides, 1997, pp. 648–661). Cuando una entidad política o económica se hace del control de una estructura comunicativa, como ha ocurrido históricamente en México, un sistema democrático simplemente no puede funcionar.

Es claro, entonces, que los modelos político (democracia liberal) y económico (capitalismo neoliberal) que México comenzó a perseguir a lo largo de su dilatada transición, iban a contracorriente de la mayor parte de los rasgos de sus sistemas de comunicación masivos y de telecomunicaciones. Finalmente, luego de cinco décadas, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue un acuerdo mayor que logró una mejor alineación entre las reglas de los sistemas de comunicación y los modelos político y económico que el país ha seguido, al menos, desde la reforma política de 1977 y el famoso ajuste estructural en la economía desarrollado durante los años ochenta (Hughes, 2009, p. 62). Por ello, una de las mayores transformaciones que trajo la nueva legislación es el establecimiento de límites en la concentración económica de las empresas que ofrecen productos y servicios comunicativos, pues explícitamente señala medidas para limitar la preponderancia económica. En las nuevas reglas del juego se prohíbe que una empresa u operador posea más del cincuenta por ciento del mercado. Lo anterior, queda establecido en el artículo 262: “Para efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto” (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 2014).

Por otro lado, la nueva regulación permite que capitales extranjeros puedan poseer hasta un 100% de las empresas del sector de las telecomunicaciones y hasta un 49% en el sector de la radiodifusión. Con la apertura a inversionistas extranjeros, el sistema de comunicación mexicano abre la puerta para conectarse, tecnológica y económicamente, al sistema global de comunicación.

En términos de control y propiedad, los artículos 66 y 67 definen que el Estado mexicano entregará una concesión única para prestar servicios públicos de comunicación y que estas concesiones podrán tener un uso comercial, público, privado o social. Estas tres disposiciones (límites a la concentración económica, apertura a la inversión extranjera, y diferenciación en las formas de propiedad), marcan una transformación importante en la economía política de la comunicación en México pues establecen límites claros para la concentración económica y especifican que pueden existir distintas formas de utilizar o explotar la comunicación. Con estas medidas, en teoría, tendrían que terminarse los monopolios de Carlos Slim en el sector de telecomunicaciones y de la dinastía Azcárraga en la radiodifusión y se abre la puerta a nuevos proyectos de producción y difusión comunicativa.[1]

La histórica concentración económica del sistema de comunicación mexicano fue provocada, entre otras cosas, por un sistema político que durante muchos años reguló estos sectores de forma autoritaria y discrecional. El presidenturno (Álvaro González dixit) tenía la facultad de otorgar o revocar las concesiones a su antojo y sin la necesidad de transparentar la lógica y el proceso de su toma de decisiones. Durante el siglo XX un ciudadano mexicano no podía tener acceso a un censo de televisoras y radiodifusoras actualizado y en el cual aparecieran los nombres de los dueños y de las empresas dedicadas al servicio de la radiodifusión. Tampoco podía saber cuánto habían pagado estas empresas por esta concesión, ni por cuánto tiempo podrían prestar el servicio. La transformación legislativa del sistema de comunicación incluyó la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), el cual comenzó a operar en septiembre de 2013. La creación de esta nueva institución supone una transformación relevante, pues desconcentra la regulación y la toma de decisiones sobre el sistema de comunicación mexicano. En el viejo esquema el Presidente de la República concentraba el poder para la toma de decisiones. En el nuevo esquema la toma de decisiones ocurre a través de un cuerpo colegiado de expertos en temas de radiodifusión y telecomunicaciones. Esta medida supone un cambio radical en la regulación política del sistema de comunicación, pues busca desconcentrar los procesos de asignación de concesiones, regular autónomamente los procesos de preponderancia económica, y transparentar toda la información concerniente a la radio, la televisión y las telecomunicaciones.

El tercer elemento que me gustaría destacar, es la incorporación de nuevos derechos ciudadanos. Previo a la creación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los legisladores hicieron cambios sustanciales en los artículos sexto y séptimo de la Constitución mexicana. En estos artículos los legisladores estipularon claramente el derecho de los mexicanos a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, así como la libertad de acceso a la información y a su difusión. Por otro lado, constitucionalmente quedó establecido que el Estado mexicano debe asegurar el acceso universal a la “sociedad de la información y el conocimiento”, así como a tecnologías de la información y servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Además, la reforma constitucional incluyó otros temas como la prohibición de transmitir publicidad o propaganda política enmascarada como información periodística, la creación del IFETEL, y la legislación en torno a los derechos de las audiencias. Estos cambios, si bien agregan nuevos derechos para los mexicanos, también se unen a la larga y anárquica transformación del texto constitucional, en donde los legisladores han decidido que la Constitución debe albergar no solamente “los principios básicos de la organización del poder público y el catálogo de derechos fundamentales de todas las personas que habitan en el territorio de un país” (Carbonell, 2014), sino una serie de normas, “programas de gobierno y políticas públicas” (Fix-Fierro, 2014) que bien deberían estar en leyes secundarias.

Permanencias históricas: concentración y centralización del sistema de comunicación

Las reformas a la Constitución mexicana en materia de comunicación, así como la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión son un cambio evidente y tangible en la regulación del sistema de comunicación mexicano. Este nuevo orden legal representa un cambio cualitativo, al menos en la letra, del orden de cosas que operó durante más de medio siglo. Ciertamente, como algunos académicos y periodistas han escrito celebratoriamente, la nueva legislación es un cambio importante en la política mexicana. Sin embargo, una perspectiva crítica exige ir mucho más a fondo que la mera descripción de las transformaciones legales.

Una de las aproximaciones que se puede llevar a cabo para realizar un análisis crítico de la ley, es crear una serie de preguntas que, desde una perspectiva local, investiguen las relaciones de poder que subyacen en la nueva disposición jurídica. En la sección anterior decía que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es una regulación que tendrán que seguir todos los mexicanos, ya sea que vivan en Veracruz o Baja California. Sin embargo, aunque es la misma regulación para todos los mexicanos, en la práctica esta ley no tendrá los mismos efectos para todos los ciudadanos. Por ejemplo, esta ley tendrá un efecto distinto en un empresario, que en una maestra normalista; será distinto para un habitante de la Ciudad de México, que en uno de Zacatecas. Por ello, en el marco del trabajo de un observatorio de medios asentado en la ciudad de Guadalajara, vale la pena (volver) a examinar los cambios en las relaciones de poder y en la economía política del sistema de comunicación que trajo la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿La nueva legislación creó mecanismos para regular los desequilibrios en la concentración de poder en el sistema de comunicación mexicano?

Antes de contestar la pregunta anterior, es necesario hacer un breve repaso teórico sobre el concepto de poder, el cual está en el centro de esta discusión, porque es el engranaje que permitió la construcción de una serie de normas jurídicas que dan forma a un sistema de comunicación.[2] Para el caso de este ensayo, por poder entiendo la capacidad relacional que un actor social (individuo, grupo o institución) tiene para influir en la vida y decisiones de otros actores sociales (Castells, 2009, p. 33; Fricker, 2009, pp. 9–11). Esta capacidad de influencia relacional es, por definición, asimétrica. Esta asimetría ha sido entendida y enfrentada (o ignorada), de múltiples formas. En las sociedades democráticas, el Estado es el encargado de regular las desigualdades de poder, creando, entre otras cosas, mecanismos para evitar la centralización del poder en ciertos actores sociales. El problema es que en los sistemas centralizados las decisiones de uno o unos cuantos actores sociales influyen significativamente en la vida y decisiones de todos los individuos que componen un sistema social. En una estructura social centralizada, aquellos que tienen menos poder pierden autonomía y autosuficiencia en las decisiones que puedan tomar sobre su propia vida (Sánchez Ruiz, 1987, p. 14). Si analizamos críticamente las relaciones de poder en un sistema de radiodifusión y telecomunicaciones, resulta pertinente evaluar sus procesos de centralización.

El tema de la centralización del poder, ya sea en un sistema político o un sistema comunicativo, puede ser medido de distintas formas. Una de ellas es investigar qué actores sociales concentran el poder. Partiendo de un continuum analítico, podemos señalar que un sistema de comunicación está totalmente concentrado cuando un actor social es dueño de toda la estructura comunicativa; en el extremo opuesto del continuum, un sistema de comunicación está totalmente desconcentrado cuando todos los actores sociales son dueños de una parte de esta estructura comunicativa. En la historia mexicana existen ejemplos de concentración total: durante décadas la familia Azcárraga fue propietaria de toda la estructura para la transmisión de televisión privada en el país, lo mismo podemos decir del sistema de telefonía, que primero fue monopolizado por el Estado y después por Carlos Slim. La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ciertamente desconcentró el poder, pero no lo hizo totalmente. El artículo 262 explica claramente que un actor social podrá ser dueño de hasta 50% del sistema comunicativo. Es decir, las nuevas normas comunicativas han prohibido la concentración total del sistema, pero permiten una concentración bastante alta, pues en la práctica dos actores sociales podrían ser dueños de todo un sistema comunicativo.

La concentración del poder también puede pensarse desde la capacidad que tienen los actores sociales para producir y poner a circular mensajes en el sistema comunicativo. En este continuum, un sistema totalmente concentrado es uno en el que solamente un actor social puede producir y hacer circular mensajes; y un sistema totalmente desconcentrado es uno en el que todos los actores sociales tienen las mismas posibilidades de producir y hacer circular mensajes. En el caso mexicano, la monopolización y control de la producción y circulación de los mensajes no ha sido tan extrema como en el caso de la propiedad de los sistemas de comunicación. Puede argumentarse que durante los periodos más autoritarios en la historia política del siglo XX mexicano, el Presidente tuvo un gran control de lo que se decía y no se decía en los medios de comunicación. Sin embargo, durante el presidencialismo también hubo otros actores sociales que tuvieron influencia en los  procesos comunicativos (empresarios, políticos, productores), por lo que es incorrecto señalar que una sola persona concentró todo el poder comunicativo. Lo cierto es que muy pocas personas, grupos sociales, e instituciones han sido las que históricamente han controlado la producción y circulación de la comunicación en México.

Esta forma de concentración se puede analizar desde múltiples entradas. Por ejemplo, marcadores sociales como el género, la riqueza, la clase social o la educación, pueden ayudar para entender qué personas o grupos sociales tienen menos poder que otros para acceder a la producción y circulación de sus mensajes. Dado que este es un ensayo que parte de una mirada local, la entrada más pertinente para el análisis es a través de la categoría de territorio. ¿Desde qué territorios se controla la producción y circulación de los mensajes? En el caso mexicano, es evidente que, históricamente, el control se ha ejercido desde la Ciudad de México. El observatorio de medios del ITESO ha realizado distintas investigaciones en las que se ha demostrado claramente que la mayor parte de los contenidos que se consumen en el sistema de radiodifusión de Guadalajara provienen de la Ciudad de México o de otras partes del mundo (Paláu Cardona et al., 2011) y que la producción de contenidos en la localidad es sumamente escasa (Larrosa-Fuentes, 2012).

¿La nueva legislación creó mecanismos para regular los desequilibrios en la concentración de poder en el sistema de comunicación mexicano? ¿Los estados, ciudades y pueblos que no son parte de la Ciudad de México ganaron autonomía comunicativa? La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene 63,387 palabras. En todo ese universo solamente en 25 ocasiones aparece la palabra local y solamente en una ocasión esta palabra se utiliza para referirse a un tema de producción de contenidos.[3] El resto de las ocasiones la palabra local aparece en artículos relacionados con la instalación, consolidación o desagregación de redes de telecomunicaciones. La baja frecuencia en el número de ocasiones en que aparece la palabra local en la nueva ley es tan solo una de las evidencias que muestrean que dentro del proceso legislativo no fue relevante pensar en límites a la centralización de la producción comunicativa en ciertos territorios, especialmente en la Ciudad de México.

En su artículo 90 la ley señala que “En el otorgamiento de las concesiones el Instituto favorecerá la diversidad y evitará la concentración nacional y regional de frecuencias” (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 2014). Sin embargo, en ningún artículo posterior se especifica cómo es que el IFETEL favorecerá la diversidad comunicativa y evitará la concentración territorial. Por ejemplo, los legisladores pudieron haber establecido normas que distinguieran claramente qué estaciones de radio y televisión son parte de una cadena nacional y cuáles son televisoras y radiodifusoras exclusivamente locales, o que establecieran claramente cuándo un canal local puede ser un “repetidor de contenidos” y hasta qué punto. Al respecto, un ejemplo claro es el Canal 7 de Azteca Jalisco, que se considera como un canal local. En Azteca Jalisco se producen y transmiten algunos programas manufacturados en Guadalajara, pero la mayoría de los contenidos del canal son una retransmisión de lo que se produce en la Ciudad de México o lo que TV Azteca compra a otras productoras audiovisuales del mundo (Larrosa-Fuentes, 2012). Con la distinción sobre lo local y lo nacional, los legisladores podrían haber creado los equilibrios necesarios para que existiera un balance entre lo producción comunicativa nacional y la producción comunicativa local.

Por otro lado, la producción comunicativa local no se constriñe a la producción que pueda hacerse al interior de las empresas que poseen canales de radio y televisión. La producción comunicativa también puede llevarse a cabo por cualquier actor social que desee participar en estos procesos. Al respecto, el artículo 250 de la ley establece que “A fin de promover la producción nacional y la producción nacional independiente, el Ejecutivo Federal impulsará medidas de financiamiento para estos sectores” (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 2014). Sin embargo, una vez más, los legisladores no dicen cómo y bajo qué criterios se va a llevar a cabo la “promoción” de la producción, pero más importante para el argumento en desarrollo, qué medidas se tomarán para evitar la concentración de la “producción nacional y la producción nacional independiente” en la Ciudad de México. Quienes trabajamos como profesores en universidades que ofrecen la carrera de Ciencias de la Comunicación (o programas afines), sabemos del gran interés que muchos alumnos tienen por dedicarse a la producción audiovisual. Sin embargo, en la mayoría de los casos la opción laboral que tienen estos jóvenes es mudarse a la Ciudad de México para trabajar en los “medios nacionales”, empresas que, evidentemente, no tienen ni la capacidad ni el interés de hacerse cargo de la contratación de todos estos jóvenes. Valga el ejemplo anterior para demostrar las asimetrías de poder en la producción comunicativa; valga también para ilustrar cómo es que esta ley por un lado crea un sistema que da una gran seguridad jurídica y económica a los grandes inversionistas, y que por otro desatiende las demandas y necesidades de desarrollo económico y cultural local de ciertos sectores sociales.

Conclusiones: ¿transformación o actualización del sistema de comunicación?

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene resultados ambivalentes. La nueva legislación cambió una serie de reglas que fueron pensadas hace más de medio siglo, en un contexto político y económico completamente distinto al que se vive en la segunda década del siglo XXI. Aunque sus alcances todavía están por verse, estos cambios en las reglas traerán consecuencias positivas para el sistema político mexicano. Las reformas impulsarán procesos de desconcentración económica, democratizarán las reglas del juego, y transparentarán muchos de los procesos administrativos que durante décadas permanecieron, secretamente, en las entrañas de la burocracia mexicana. En los siguientes años veremos más canales de radio y televisión, una cadena nacional de medios públicos y mejores servicios de telecomunicaciones, como Internet de banda ancha o más opciones para contratar servicios de telefonía. En pocas palabras: habrá mejores condiciones de competencia económica. Con ello se reducirá el poder de los monopolistas mexicanos y las industrias culturales tomarán una forma oligopólica. Desde mi perspectiva, el mayor beneficio que todos estos movimientos traerán, es la erosión del poder cultural de Televisa, una empresa que durante varias décadas produjo la mayor parte de los productos informativos y culturales que los mexicanos consumimos a través de la televisión. Esto no quiere decir que habrá mejores contenidos audiovisuales, pero al menos habrá una mayor diversidad.

El nuevo orden de cosas que trajo la nueva ley resulta alentador si se compara con la ley que suplantó. Sin embargo, los resultados resultan más bien grises, si se comparan con las características de los sistemas políticos y de comunicación contemporáneos. La legislación no fue vanguardista en temas de derecho a la información, en temas culturales como la autosuficiencia comunicativa, o en el desarrollo tecnológico de la radiodifusión y las telecomunicaciones, tan solo por mencionar dos aspectos. Por ello, la nueva ley funciona como una actualización de las reglas del sistema comunicativo creado en 1960. Esta actualización permitirá que el sistema de comunicación mexicano pueda operar en una incipiente democracia y en el contexto de la construcción de un sistema global de telecomunicaciones y radiodifusión. Si en 1960 los legisladores crearon un sistema de comunicación acorde al modelo político post-revolucionario (monopolios privados al servicio de un Estado semi autoritario), en 2013 los legisladores crearon un sistema de comunicación que alienta la competencia económica y que genera seguridades jurídicas para que grandes capitalistas puedan hacer inversiones en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

Finalmente, respecto a la segunda pregunta planteada al inicio del ensayo, la nueva ley careció de una discusión que complejizara los conceptos de concentración y centralización de los procesos de comunicación. Existen múltiples formas de definir y entender estos conceptos (Downing, 2011; Doyle, 2002; Josifides, 1997; Just, 2009), que no se constriñen a la concentración de la estructura de propiedad de los medios de comunicación. Desde una perspectiva local, habría sido deseable que la nueva ley colocara las bases para la creación de un sistema de comunicación en donde los habitantes de todo el país tuvieran mayores posibilidades (poder) de producir y hacer circular información a través de las redes de comunicación masiva y de telecomunicaciones: “Se trata de que más individuos, grupos organizados de la sociedad civil, clases sociales y aún entidades federativas puedan ser productores de mensajes que lleguen e influyan a amplias capas de la sociedad mexicana, que la ‘cultura popular’ producida y/o transmitida por los medios sea tal, es decir, surgida de y recreada por el pueblo y no impuesta al mismo con el disfraz de entretenimiento y/o de ‘información’” (Sánchez Ruiz, 1987, p. 56).

Bibliografía

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Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Madrid, España: Alianza.

Downing, J. D. H. (2011). Media Ownership, Concentration, and Control: The Evolution of Debate. In J. Wasko, G. Murdock, & H. Sousa (Eds.), The Handbook of Political Economy of Communications (pp. 140–168). Wiley-Blackwell.

Doyle, G. (2002). Media ownership. SAGE.

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Fricker, M. (2009). Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing. Oxford; New York: Oxford University Press.

Granados Chapa, M. Á. (2011). Guerra en telecomunicaciones. Reforma. México.

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[1] En teoría, la ley tendría que regular la vida política, social y económica de los habitantes. En la práctica, el sistema jurídico mexicano es constantemente violado o desconocido. Al momento de escribir este artículo (febrero de 2015), Televisa y Telmex seguían siendo monopolistas en sus respectivos sectores.

[2] Vale la pena aclarar que los sistemas de comunicación no son definidos o construidos exclusivamente por sus marcos legales.

[3] En la única ocasión en que la palabra local aparece en el contexto de producción de contenidos es en el glosario, que a la letra se lee: “XLVIII. Productor nacional independiente de contenidos audiovisuales: Persona física o moral de nacionalidad mexicana que produce obras audiovisuales a nivel nacional, regional o local, que no cuenta con una concesión de telecomunicaciones o radiodifusión, ni es controlado por un concesionario en virtud de su poder de mando.” (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 2014) (El énfasis en negritas no aparece en el texto original).

Este artículo fue publicado en el más reciente informe sobre Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2014, del observatorio de medios QITESO.

Larrosa-Fuentes, J. S. (2015). Crítica al sistema legal de radiodifusión y telecomunicaciones desde una perspectiva local. En M. S. Paláu Cardona (Ed.), Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2014 (pp. 101–119). Guadalajara: ITESO.

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Mario Vázquez Raña, ¿el Ciudadano Kane mexicano?

Por Juan S. Larrosa-Fuentes (22 de febrero de 2015)

A diferencia de otros empresarios como “El Tigre” Azcárraga, Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego, Mario Vázquez Raña tuvo una vida pública gris y poco sobresaliente, mucho más activa como dirigente deportivo internacional, que como el dueño de una de las cadenas de periódicos más grandes del mundo. Aunque ejerció un gran protagonismo en la información que se publicaba día a día en sus periódicos, que en las últimas décadas pocas personas leían, su influencia en otros medios de comunicación fue escaza en comparación con otros de los barones de la comunicación en México. Sin embargo, en la historia empresarial de Mario Vázquez Raña hay rasgos y coyunturas similares a las de sus coetáneos. En particular, en la historia de los cuatro empresarios aludidos hay un “momento de fortuna” (coyuntura), a partir del cual su poder económico creció desorbitadamente: en 1960 la dinastía Azcárraga aseguró su futuro cuando el Congreso mexicano publicó una ley a modo de Televisa y en la primera mitad de los noventa el Gobierno Federal vendió, a un módico precio, las paraestatales Telmex e Imevisión, con lo cual favoreció a Slim y a Salinas Pliego. De la misma forma, en la década de los setenta, Echeverría hizo algunos regalos a Vázquez Raña, quien desde entonces se convirtió en un incondicional escudero de los gobiernos priístas.

El padre de Mario Vázquez Raña nació en España, en un pueblo llamado Avión y llegó a México en 1918. Primero trabajó en Chihuahua como minero y después echó a andar una tienda de muebles. En 1932 nació Mario Vázquez Raña, y según narraran distintos artículos en Internet, desde muy joven comenzó a trabajar en el negocio de su padre. En este punto, por ejemplo, esta historia es muy similar a la de Carlos Slim, cuyos padres llegaron del extranjero a México a principios el siglo XX y que, luego de décadas de trabajo, lograron prosperar a través de distintos negocios dedicados al comercio, especialmente de mercerías. Al igual que Slim, Mario Vázquez Raña estudió en la UNAM y durante las primeras décadas de su vida profesional se dedicó completamente al negocio familiar, una tienda que terminaría siendo famosa a nivel nacional. Las mueblerías “Hermanos Vázquez” se instalaron en distintas ciudades de México e inundaron de comerciales los canales de Televisa.

En la década de los setenta, con un capital económico importante, Mario Vázquez Raña comenzó a acercarse a los espacios de poder político, especialmente a los círculos de Luis Echeverría, quien fuera presidente en México de 1970 a 1976. Hacia el final de su gobierno, Echeverría nombró a Vázquez Raña como presidente del Comité Olímpico Mexicano (1974) y director general del Instituto Nacional del Deporte (1975). Un año más tarde, el entonces presidente le hizo un último regalito. En una operación que hasta ahora no ha sido completamente explicada, el Gobierno federal compró la cadena de periódicos del general García Valseca y luego, sin licitación de por medio, vendió esta empresa periodística a Mario Vázquez Raña por una cantidad hasta ahora desconocida. Esta operación, que marcó la vida empresarial de Vázquez Raña, tiene rasgos muy similares a la venta que el Gobierno federal hizo de Telmex y de Imevisión, operaciones que también marcaron significativamente el desarrollo económico y político de empresarios como Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego.

Como decía, las razones de estos regalos todavía son oscuras. Dos posibles explicaciones, que no son mútuamente excluyentes, pueden encontrarse en los últimos cables revelados por Wikileaks, donde funcionarios estadounidenses señalan que Vázquez Raña fue un actor que sirvió como vehículo comunicativo entre el presidente Echeverría y el régimen cubano de Fidel Castro. Esto hace sentido, pues Vázquez Raña presumía públicamente de tener una amistad con Castro. Estos mismos cables de Wikileaks sugieren que Echeverría le entregó a Vázquez Raña el conjunto de periódicos, con el fin de tener medios de comunicación a su servicio una vez que su presidencia llegara a su fin, tal como Miguel Alemán lo hiciera con Televisa. Lo cierto es que, en una entrevista publicada en 1983 en el periódico español El País, Vázquez Raña declaró que fue “por casualidad” que se convirtió en el dueño de una cadena de 33 periódicos, pues él lo que quería comprar “frigoríficos”.

Estas coyunturas políticas, o regalos presidenciales, tuvieron una gran influencia en la segunda etapa de desarrollo profesional de Mario Vázquez Raña. De ser un comerciante adinerado, pasó a ser un actor con gran ascendencia en la política deportiva nacional e internacional y a poseer un emporio periodístico que en sus mejores momentos estuvo compuesto por setenta periódicos, así como estaciones de radio, canales de televisión, productoras e importadoras de papel periódico, entre otras empresas más. Desde 1976, hasta el día de su muerte, el 8 de febrero de 2015, Mario Vázquez Raña y sus medios de comunicación estuvieron al servicio del poder político, especialmente de los gobiernos priístas, aunque el empresario en diversas entrevistas se definió, eufemísticamente, como “gobiernista”, es decir, un editor al servicio de los gobiernos en turno.

Un ejemplo claro del periodismo oficialista que los diarios de la Organización Editorial Mexicana (OEM) han practicado, ocurrió en el contexto de las campañas presidenciales en 2012. En mayo de aquel año Enrique Peña Nieto, como candidato a la presidencia, ofreció una conferencia en la Universidad Iberoamericana. Al final de la conferencia, los estudiantes de la universidad adoptaron un tono crítico en contra del político y luego de gritos y rechiflas, lo corrieron de la universidad. Horas más tarde, el entonces presidente del PRI minimizó las críticas, pues según él habían sido realizadas por un “puñado de alumnos”. Mientras que este episodio fue un duro golpe para la campaña política de Peña Nieto y marcó el inicio del movimiento #YoSoy132, los periódicos de la OEM publicaron notas y fotografías que defendían al candidato príista. Por ejemplo, El Sol de Morelia publicó en primera plana: “Éxito de Peña Nieto tras intento orquestado de boicot”.

La Prensa

La Prensa

Como empresario, Mario Vázquez Raña fue exitoso, pues logró confeccionar productos de consumo masivo, como Esto, un tabloide dedicado al mundo deportivo o La Prensa, una publicación de nota roja. Estos dos periódicos venden muchos más ejemplares que cualquiera de los periódicos generalistas y “nacionales” que se editan en la Ciudad de México. Los periódicos generalistas de la OEM, como Los Soles, o El Occidental en Guadalajara, desde hace años que han tenido una baja circulación y no se han caracterizado por hacer un periodismo crítico o innovador que influya en la agenda nacional. Por el contrario, son periódicos oficialistas, que sirven para defender a los gobiernos en turno, que publican información de las oficinas de prensa, que dan espacio a articulistas poco críticos y que maman millones de pesos al año por concepto de publicidad oficial. Además, muchos de estos periódicos sirvieron como un escaparate para Vázquez Raña, un megalómano que gustaba publicar noticias sobre sus logros en la política deportiva, o sus “diálogos con la historia”, una serie de entrevistas con más de “500 jefes de estado”. Al día siguiente de su muerte, todos sus periódicos publicaron exactamente la misma portada.

Portada de El Occidental. 9 de febrero de 2015.

Portada de El Occidental. 9 de febrero de 2015.

En no pocas ocasiones se ha dicho que Mario Vázquez Raña es (o fue) el “Ciudadano Kane” mexicano. En Citizen Kane, Orson Welles retrató a Randolph Hearst, el dueño de una cadena nacional de periódicos, quien se jactaba de “dictar la opinión pública” en Estados Unidos y de crear noticias falsas. El Ciudadano Kane llegó a ser congresista y desafió abiertamente al poder político. En contraparte, Mario Vázquez Raña terminó siendo un empresario bastante conservador y decidió seguir la fórmula que tanto éxito le dio para reproducir su fortuna y poder: la subordinación. A diferencia de los Azcárraga, los Pliego y los Slim, que han visto que el viejo régimen priísta y revolucionario ya no existe más, Vázquez Raña murió como un soldado del régimen, un soldado que decidió seguir dando batallas en el siglo XXI con estructuras mentales del siglo XX.

¿Que será del emporio periodístico de Mario Vázquez Raña, que al paso de los años se hizo viejo y anacrónico? Hasta ahora es una incógnita.

Este artículo fue publicado el 22 de febrero de 2015 como parte de la columna de opinión “Sistema Autorreferencial” del programa “Señales de Humo”, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara.

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