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El desastroso y pernicioso modelo de negocios de La Jornada Jalisco

Por Juan S. Larrosa-Fuentes (18 de enero de 2016)

El 13 de diciembre de 2015, luego de casi diez años de trabajo, La Jornada Jalisco dejó de circular en Guadalajara. Unos días antes, el 11 de diciembre, La Jornada nacional publicó un escueto comunicado en el que señalaba que se rescindía el contrato a través del cual se permitía que la Editora de Medios de Michoacán imprimiera y comercializara los diarios La Jornada Michoacán y La Jornada Jalisco. Cuatro días más tarde, el 15 de diciembre, La Jornada publicó un editorial titulado “Sobre La Jornada Michoacán y La Jornada Jalisco”, dirigido a sus lectores. En este artículo La Jornada abundó un poco sobre las razones por las cuáles había terminado su relación con el empresario que editaba los periódicos que dejaron de circular y aclaró que el tema económico no fue el único motivo por el cual decidió rescindir el contrato a La Jornada Jalisco. Sin embargo, el artículo no aclara qué otros motivos existieron para tomar tal decisión. En el resto del texto hay un lamento por los puestos laborales que se perdieron, pero no ofrece ningún plan de acción para ayudar a los ahora desempleados. Aunque todo problema es multifactorial, el caso del cierre de La Jornada Jalisco sí tiene un fuerte componente económico y es un ejemplo que ilustra un sistema de relaciones entre los medios de comunicación y el poder político altamente disfuncional y corrompido.

Cuando el 22 de mayo de 2005 La Jornada Jalisco comenzó a operar, muchos creímos, ingenuamente, que estábamos ante una extensión orgánica del periódico La Jornada. Desde que en 1998 habían comenzado a circular Mural y Público, el sistema de periódicos de Guadalajara había permanecido más o menos intocado y la incorporación de La Jornada Jalisco resultaba atractiva como una forma de reactivar la competencia periodística. No obstante, lo que ocurrió fue que La Jornada creó un sistema de expansión nacional a través de un modelo de franquicias. En este modelo, que debiera ser más transparente para los lectores, La Jornada accede a que empresas utilicen su marca e imagen para hacer pequeñas ediciones locales del periódico. En Guadalajara se producía la edición de La Jornada Jalisco y después se imprimía en las instalaciones de La Jornada Michoacán ubicadas en Morelia. Adentro de La Jornada Jalisco se encartaba una edición de La Jornada nacional. Así, cada mañana los lectores de Guadalajara tenían dos productos periodísticos creados por dos empresas distintas. Muy pronto los lectores tapatíos comenzamos a notar que aunque a veces coincidían, las líneas editoriales de La Jornada nacional y La Jornada Jalisco eran diferentes. Como se puede apreciar, este modelo es muy distinto, por ejemplo, al del Grupo Reforma, en donde cada periódico tiene su autonomía pero al mismo tiempo está integrado a un sistema nacional de producción informativa y publicitaria de un grupo empresarial, lo cual genera una línea editorial más o menos consistente en todas sus publicaciones.

*En la portada del lado izquierdo se anuncia un artículo crítico en contra de una administración local, en la del lado derecho una nota complaciente con el gobierno de Peña Nieto, muestra del “bamoleo editorial” de La Jornada Jalisco.

 

Al paso del tiempo La Jornada Jalisco se fue haciendo un espacio entre los periódicos que circulaban en Guadalajara. Un grupo de reporteros, editores y articulistas, en su mayoría jóvenes, lograron hacer un periódico que intermitentemente publicaba temas que escaseaban en la prensa local, como coberturas al trabajo de organizaciones civiles, movimientos sociales, o comunidades rurales. También lograron darle un giro al tratamiento del tema de los derechos humanos, pues los reporteros y editores no se constreñían a entender este tema como sinónimo de lo que ocurre en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De esta forma se publicaron textos sobre despojos en comunidades lejanas a la capital del estado, sobre las prácticas de tortura en las corporaciones policiales, o notas sobre los problemas ambientales que se han desarrollado en los últimos años. Sin embargo, estas notas de La Jornada Jalisco, que pocas veces tenían impacto en el resto de la agenda mediática, se veían contrastadas por la publicación de boletines de prensa, gacetillas y entrevistas hechas a modo para organizaciones políticas como la Universidad de Guadalajara en los primeros años de circulación del diario y el PRI, en los últimos. (Esto se puede comprobar a través de sus portadas, muchas de las cuales fueron publicadas en la plataforma issuu.) Muchos lectores de La Jornada Jalisco con los que conversé advirtieron estos vaivenes y dejaron de leer con entusiasmo el periódico; otros sufrieron de disonancia cognitiva y simplemente decidieron ignorar el zigzagueo editorial.

La Jornada Jalisco tuvo problemas desde el principio y su talón de Aquiles fueron sus objetivos periodísticos y económicos. El fundador de este diario fue Juan Manuel Venegas, quien perteneció, a su vez, al grupo que puso a circular La Jornada nacional el 19 de septiembre de 1984 en la ciudad de México. Luego de echar a andar La Jornada Michoacán con éxito, Venegas decidió invertir en otro periódico en la capital jalisciense. A grandes rasgos, Juan Manuel Vengas apostó por un modelo de negocios que tenía su mayor fuente de ingresos en los recursos públicos que ofrecen las oficinas de gobierno a través de la publicidad oficial y de la publicación de gacetillas. Esto es sencillo de comprobar, pues en sus casi diez años de circulación, La Jornada Jalisco no tuvo anuncios provenientes del sector privado y la mayoría eran de oficinas públicas. Según los testimonios que he recabado de periodistas, editores, vendedores de periódicos y voceros, La Jornada Jalisco tuvo una raquítica circulación que rondaba entre las mil y las dos mil copias por día. Además, su sistema de suscripciones era muy deficiente y caro para los lectores. Estos datos indican que La Jornada Jalisco se llevaba muy pocos recursos económicos por la venta de sus ejemplares de papel. Este modelo de alta dependencia al presupuesto público fue lo que llevó a La Jornada Jalisco a una situación muy endeble, pues su trabajo periodístico respondía, en muchas ocasiones, a los intereses del gobierno que pagaba sus cuentas y no a los intereses de sus lectores. A los colaboradores no se les pagaba a tiempo y reporteros y editores tuvieron que aguantar, en más de una ocasión, el retraso de sus quincenas. Muchos de estos reporteros, que fueron maltratados laboralmente, demandaron al director del diario. Durante casi diez años La Jornada nacional no se inmutó ante estos irresponsables manejos económicos y laborales, tampoco lo hizo ante la bamboleante línea editorial de La Jornada Jalisco.

Como escribí al inicio de este artículo, la historia de La Jornada Jalisco es solo un ejemplo de las extrañas y truculentas relaciones entre los medios de comunicación y el poder público en México. En días recientes, por ejemplo, ha vuelto a surgir en el debate público el caso del Palacio de la Comunicación, un desarrollo cultural privado que se ha beneficiado de cientos de millones de pesos del erario público. O también podemos traer a la mesa el caso de C7 y su gran idea de transmitir los noticiarios comerciales de la cadena radiofónica Radiofórmula, en donde un grupo de radiodifusión privado se aprovechó de la ingenuidad, candidez e ignorancia de los actuales directivos de Sistema Jalisciense, para transmitir sus programas comerciales a través de una frecuencia destinada para la radiodifusión pública. Es decir, al igual que en el caso de La Jornada Jalisco, observamos un inmenso y discrecional traslado de recursos públicos a los bolsillos de empresarios que se dedican al periodismo y la comunicación social. Que el Estado y sus instituciones financien el periodismo en México no es algo que por sí mismo sea negativo. El problema es la opacidad y discrecionalidad con la que se lleva a cabo. Con este esquema de financiamiento una franja importante del periodismo en México está condenada al oficialismo y al bamboleo editorial.

Este artículo fue publicado el 18 de enero de 2016 como parte de la columna de opinión “Sistema Autorreferencial” del programa “Señales de Humo”, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara.

Al respecto de este tema escribí el siguiente artículo, que irónicamente fue publicado en un suplemento producido por el ITESO, y distribuido en La Jornada Jalisco:

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Internet, política y elecciones locales

Por Juan S. Larrosa-Fuentes (12 de abril de 2015)

Internet comenzó a utilizarse en las campañas electorales mexicanas de 2012. En previas elecciones candidatos y políticos utilizaron diversas plataformas de Internet, pero fue hasta la elección de hace tres años cuando el uso de esta red adquirió carta de naturalización en la mayor parte de las campañas políticas del país. Internet resulta atractivo para la clase política porque es un medio de comunicación que tiene la potencialidad de llegar a muchas personas y porque tiene costos de producción y distribución mucho más económicos y sencillos que los medios tradicionales. Pero Internet también resulta atractivo en términos discursivos. En Internet los candidatos pueden pretender ser transparentes, escuchar al ciudadano, y sentirse como políticos modernos que van a la vanguardia tecnológica. En el caso de la política local, mucho se ha especulado sobre el “impacto” y “efecto” que las “redes sociales” tendrán en las elecciones que están en curso.

Internet y los cambios en la comunicación política electoral

La utilización de Internet en las campañas electorales ha traído muchos cambios. Los políticos saben que deben estar en Internet y contratan a agencias de publicidad (aunque ahora se hacen llamar a través de eufemismos como consultores de imagen y branding, asesores en comunicación o community managers) para que les monten un página web y manejen sus redes sociales. En muchos de los casos, los candidatos se desentienden de estas estrategias de comunicación. Son pocos los políticos que transparentan el uso de sus redes sociales. Un excepción, por ejemplo, es Barack Obama, quien tiene a un equipo que maneja su cuenta de Twitter. Las pocas veces que el presidente teclea personalmente un tuit, se lo hace saber a su público a través de una rúbrica que contiene sus iniciales: “-bo”.

Internet permite que los políticos puedan mandar muchos mensajes, muchos más de lo que permiten los medios tradicionales. Por ejemplo, en las elecciones locales de 2012, los candidatos al gobierno de Jalisco produjeron 28 spots para la televisión. Estos 28 mensajes se reprodujeron en 297 mil ocasiones a través de las pantallas de televisión de los jaliscienses. En contraparte, los candidatos produjeron 754 videos para YouTube, los cuales sumaron 3’487,761 reproducciones. Es decir, en Internet los candidatos pudieron subir mucho más mensajes. Además pudieron saber, con mucha mayor precisión, cuántas personas vieron sus mensajes.[1]

Por otro lado, Internet también se ha convertido en un espacio en donde los ciudadanos y usuarios pueden encontrar mucha información. Algunos buscan información política y programática, como las plataformas de los candidatos, sus planes de trabajo, o datos biográficos. A otros les interesa encontrar información periodística sobre el pasado de los políticos o sobre sus giras de trabajo. A otros más les gusta ver al candidato a través de fotografías o videos, enviarle correos electrónicos o saludos a través de sus redes sociales.

Internet y las promesas incumplidas para la comunicación política

En Internet no todo es miel sobre hojuelas. Algunos de los discursos más celebratorios y entusiastas vaticinaron que Internet sería una poderosa arma para democratizar los sistemas políticos contemporáneos (tal como en su momento se dijo de la radio y la televisión). Entre otras cosas previeron que Internet sería un espacio en el que todos los ciudadanos podrían participar libremente, en donde encontrarían una gran diversidad de información política, y en donde discutirían la vida política de su entorno. Pocos de estos vaticinios se han cumplido cabalmente.

La realidad dicta un panorama complejo. La brecha digital sigue siendo un impedimento para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de participar en el sistema de comunicación política que ofrece Internet (ver informe QITESO). Por ejemplo, en las elecciones de 2012, los candidatos al gobierno de Jalisco sumaron, entre todos 316,491 seguidores en redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube), lo cual representa apenas el 6% de los electores jaliscienses (aunque en realidad la cifra es mucho más baja, ver “Comunidades virtuales y elecciones en Jalisco”). En términos de infraestructura, las cifras están lejos de ser alegres. Según la más reciente encuesta del observatorio Jalisco Cómo Vamos, 44% de los entrevistados en el municipio de Guadalajara dijo no tener acceso a Internet en su casa, lo cual quiere decir que mas de 650 mil personas no podrán seguir las elecciones municipales a través de Internet y tendrán que utilizar un cibercafé, conexiones publicas de Wi-Fi, o de plano dejar de seguir la información política a través de Internet.

Por otro lado, Internet ha prometido ser una vía para que los ciudadanos puedan comunicarse con las élites políticas. Hasta ahora hay pocos ejemplos de procesos electorales en donde este tipo de procesos comunicativos hayan ocurrido. En el caso de las elecciones pasadas en Jalisco, aun cuando algunos de los candidatos se vanagloriaron de hacer campañas electorales exitosas e innovadoras en Internet, los diálogos públicos fueron escasos.[2] Por ejemplo, en una investigación que realizamos en el observatorio de medios, recolectamos todos los mensajes que circularon durante tres semanas en las cuentas de Twitter de los candidatos al gobierno del estado. En total analizamos 733 tuits, de los cuales, el 88% (646 mensajes) fueron emitidos por los candidatos o los miembros de su equipo. El resto de los mensajes fueron producidos por 70 usuarios, de los cuales solamente 29 fueron de usuarios sin ninguna afiliación política. Entre todas las cuentas encontramos seis que eran de robots o troles, ya que las cuentas dejaron de utilizarse una vez finalizada la campaña. Esto quiere decir que durante tres semanas de la campaña electoral, solamente 29 usuarios decidieron establecer contacto con los candidatos, cuando el padrón electoral del estado está compuesto por más de cinco millones de ciudadanos. Como se puede ver, la comunicación política en Internet está lejos de tener una inclusión universal en donde los ciudadanos puedan comunicarse entre ellos y con las élites políticas.

Epilogo: las campañas locales que vienen

Hasta ahora, los riesgos para las campañas locales están en el terreno de la guerra sucia y de la desinformación. Existe suficiente evidencia para asegurar que hay grupos que localmente están operando cuentas apócrifas en Twitter y en Facebook, y que las han utilizado para amedrentar, censurar y violentar a los usuarios más críticos (ver, por ejemplo, el caso de las amenazas a la Dra. Rossana Reguillo). También hay grupos que deliberadamente producen desinformación, es decir, información falsa, la cual puede llevar a generar percepciones erróneas de la realidad, como recientemente lo ha documentado Darwin Franco en un artículo.

De cualquier manera las campañas políticas en Internet darán mucho de qué hablar durante los siguientes meses. Para los políticos Internet puede una herramienta para comunicarse, de forma personal, con sus simpatizantes y, en el mejor de los casos, para la organización de sus comunidades políticas. Por su parte, los ciudadanos pueden utilizar Internet para comunicarse con las élites políticas, pero especialmente para organizarse desde espacios de la sociedad civil.

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[1] Lydia Duarte and Juan S. Larrosa-Fuentes, “Comunidades virtuales y elecciones,” in Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2013. Análisis del sistema de comunicación política de Jalisco durante las campañas electorales a gobernador, ed. Juan S. Larrosa-Fuentes and Sofía Paláu Cardona (Guadalajara, México: ITESO, Departamento de Estudios Socioculturales, 2013), 161–77, http://qmedios.iteso.mx/wp-content/uploads/2014/02/08-Comunidades.pdf.

[2] Juan S. Larrosa-Fuentes, “Twitter’s Messages during a Governor Election: Abundance of One-Way, Top-down and Auto-Referential Communications and Scarcity of Public Dialogue,” Global Media Journal México 11, no. 22 (December 2, 2014): 42–60, http://www.gmjei.com/index.php/GMJ_EI/article/view/213.

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Este artículo fue publicado el 13 de abril de 2015 como parte de la columna de opinión “Sistema Autorreferencial” del programa “Señales de Humo”, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara.

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C7 o el desprecio por la audiencia

Por Juan S. Larrosa-Fuentes (24 de noviembre de 2014)

Tan solo un par de meses duró en funciones Gabriel Orozco, quien fuera el primer defensor de la audiencia del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. El 31 de octubre presentó su renuncia ante la Secretaría de Cultura, con copia al director del sistema. En su carta de renuncia, Orozco señala que no encontró un ambiente de apertura, diálogo y respeto para su trabajo. Días más tarde, en una entrevista para Reporte Índigo, Orozco dio más pistas sobre su salida y explicó que no se pudo poner de acuerdo con los directivos del canal sobre cómo se estaba tratando periodísticamente el tema de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa y las protestas sociales que estos hechos han desencadenado. A nadie debe sorprender este hecho, especialmente por cómo se ha administrado y conducido C7 en los últimos años.

La prematura y abrupta renuncia del defensor de la audiencia tiene muchas explicaciones. A nivel estructural, diversos especialistas en materia de ética ya han advertido las contradicciones de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, la cual obliga a los medios de comunicación a utilizar herramientas deontológicas y de autorregulación profesional. El desarrollo de una reflexión ética sobre el trabajo y transformación de las prácticas mediáticas, necesariamente tiene que ser una discusión que nazca al interior de los medios de comunicación y no, como lo propone la ley, de una disposición jurídica externa a los medios.

Por otro lado, en el plano local, es notorio que el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión no es una institución por la cual estén muy preocupados quienes nos representan políticamente en el Congreso o quienes gobiernan en el Poder Ejecutivo. Hace un año los legisladores locales hicieron cambios a la ley que regula al sistema. El resultado de los cambios legislativos fue decepcionante, pues los diputados se limitaron a ajustar la ley a las exigencias federales, pero no hicieron cambios sustantivos al sistema comunicativo de Jalisco. Fue, una vez más, una experiencia legislativa de gatopardismo.

Desde el plano ejecutivo, las cosas no fueron mejor. El gobernador colocó a Sergio Ramírez Robles como director del sistema, quien llegó al puesto fuertemente cuestionado en la prensa local, debido a las malas relaciones que sostuvo con periodistas cuando fue director de comunicación social del gobierno de Puebla. Al tomar las riendas del sistema, Ramírez Robles hizo cambios, que también fueron cuestionados, como su discrecionalidad para el cambio de las parrillas de programación, la transformación (una vez más) de la imagen gráfica y nombre de C7, o la decisión de crear lo que él ha llamado una “multiplataforma” en donde se transmite una señal única para radio, televisión e internet. Dadas estas características, no es una sorpresa que el ombudsman haya dejado su puesto porque no encontró un ambiente de apertura, diálogo y respeto para su trabajo.

Hace un año busqué en el portal de transparencia de C7 los documentos que justificaran los cambios que estaban ocurriendo en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. No encontré nada debido a mi impericia o porque los documentos no estaban ahí o no existían. Entonces solicité la información al director del sistema.

Un año después, Ramírez Robles me envió, vía correo electrónico, un archivo titulado “Plan Institucional del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión”. Muy bien, pensé. Por fin podría leer un diagnóstico sobre las audiencias de C7 o un plan de trabajo sobre el quehacer de una institución que debe garantizar el derecho a la información de los jaliscienses. Me emocionó estar en la antesala de entender la racionalidad del concepto de “multiplataforma”.

Sin embargo, el resultado fue decepcionante. No obtuve las respuestas. A cambio, encontré un documento atiborrado de tablas de planeación de la burocracia moderna, llenas de objetivos e indicadores de éxito. También tuve un buen rato de risa cuando leí los valores de C7. Uno de ellos, dicen, es la pluralidad, la cual está definida como “Cualidad de ser más de uno”. La definición, que no tiene créditos, es una copia textual del diccionario de la Real Academia de la Lengua. La ironía de esta definición es que es cierta: para la administración actual de C7, la pluralidad en los medios se cumple cuando son más de uno.

Los anteriores son detalles cosméticos. Lo preocupante es que el sistema vive en una perversa autorreferencialidad en donde C7 es el principio, el fin, y el método de evaluación y verificación del propio proyecto. En todo el documento no se menciona en ninguna ocasión el término “derecho a la información”, salvo cuando transcriben textos legales. Esto quiere decir que, en su plan institucional, no contempla como prioridad de su trabajo la tutela de este derecho para los jaliscienses.

Por otro lado, ¡el plan institucional solamente menciona en una ocasión a el término “audiencia”! No hay, en ninguna parte del documento, una descripción de la audiencia de C7 ni planes para hacer un diagnóstico para investigarla, conocerla o para trabajar con ella. El documento solamente contempla una evaluación muy limitada de su trabajo, que se basa en el incremento en la producción de programas o en la cobertura de ciertos acontecimientos. El plan de evaluación no prevé una evaluación cualitativa de su trabajo, una evaluación por parte de la audiencia, ni algún tipo de evaluación externa. De ahí la autorreferencialidad del sistema: yo soy, yo decido y yo me evalúo.

Finalmente, el documento no contempla alguna planeación extra-sexenal en la que se planteé una política pública a largo plazo para tutelar el derecho a la información de los jaliscienses. En cambio, debemos conformarnos con una serie de objetivos inconexos y extraños, que los burócratas pensaron para el canal y cito:

  1. Incrementar las capacidades creativas y de producción artística de la población.
  2. Diversificar las alternativas de recreación.
  3. Incrementar la innovación y el emprendimiento para el desarrollo científico y tecnológico.
  4. Disminuir la brecha digital en los sectores productivo y social de la entidad.

El documento de “planeación” admite una revisión mucho más cuidadosa y crítica. Por lo pronto, sirve para corroborar lo absurdo que resulta implementar una defensoría de la audiencia en un medio de comunicación que no conoce a su audiencia y que no tiene intenciones de conocerla.

Este artículo fue publicado el 23 de noviembre de 2014 como parte de la columna de opinión “Sistema Autorreferencial” del programa “Señales de Humo”, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara.

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