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Una vez más bajaron el interruptor informativo de C7: carta abierta a Myriam Vachez, Secretaria de Cultura de Jalisco

Por Juan S. Larrosa-Fuentes (26 de abril de 2015)

En días recientes me enteré que C7 dejó de producir y transmitir información, periodística y de opinión, relacionada con las campañas electorales. En países donde la radiodifusión pública goza de buena salud, esta noticia sería un gran escándalo. ¿Te imaginas que pasaría, Myriam, si la BBC o la Deutsche Welle decidieran, de un día para otro y sin una discusión y argumentación pública, eliminar la información electoral de sus parrillas de programación?

En el caso de Jalisco la noticia sobre la decisión de cortar la información electoral ha sido poco discutida. Algunos medios de comunicación han hecho eco sobre el tema y han reparado sobre la cuestionable decisión que el Consejo de C7 tomó para dejar de transmitir información electoral. Sin embargo, el tema se ha perdido entre el bullicio propio de las campañas y la indiferencia de muchos ciudadanos que observan esta decisión como otro episodio en el que los gobiernos toman decisiones sin apegarse a la ley, sin consultar a los ciudadanos, y especialmente, sin el interés de ofrecer un servicio público. Este episodio, Myriam, no es nuevo en la historia del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Hace unos días se cumplieron veintitrés años de las explosiones del 22 de abril. También se cumplieron veintitrés años del día en que alguien decidió que, luego de las explosiones, era mejor bajar el interruptor de la radiodifusión jalisciense y dejar de informar a los ciudadanos. Así fue como alguien decidió que durante una semana, el sistema de medios públicos del estado emitiera ruido rosa y barras cromáticas. Hasta ahora no sabemos quién lo decidió ni cuáles fueron las razones de su decisión.

Dos décadas después sabemos que el consejo de C7 decidió cortar la información electoral, pero no sabemos exactamente por qué. En una minuta de trabajo del Consejo que tú presides, se sabe que decidieron suspender “desde el 5 de abril y hasta el 8 de junio, los programas de servicio social, spots y cualquier contenido que hable o pueda interpretarse como logro de gobierno” y que habrá un “condicionamiento (sic) de no tocar temas electorales para los programas de opinión”. Días después, en una entrevista para Reporte Índigo, Gabriel González López, el actual director de C7, declaró que la decisión se tomó porque temen hacer mal su trabajo. Es decir, que alguien interprete que C7 produce información que beneficie a alguno de “los candidatos o partidos que están en la contienda electoral”. En esta entrevista, además, el director señaló con mucha seguridad, que no están violando ninguna ley.

La decisión que tomaron, Myriam, revela una muy mala lectura de la ley. El artículo cuarto de la Ley Orgánica que rige C7 dice claramente que el sistema debe proporcionar información “pertinente, veraz y oportuna a los habitantes del Estado” y que las decisiones de sus directivos se ajustarán a las disposiciones constitucionales y federales, como los artículo 6 y 7 de la Constitución mexicana o la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión o. Además, el artículo 30 de la misma ley dice que el defensor de la audiencia debe actuar bajo los criterios del código de ética de C7, el cual dice claramente que “la gente (sic) y los individuos tienen el derecho a adquirir una visión objetiva de la realidad por medio de la información exacta y comprensiva” y que los periodistas tienen la tarea de crear información que le permita a las personas “formarse una idea exacta y comprensiva del mundo.” ¿Cómo nos vamos formar, Myriam, una idea exacta y comprensiva de las campañas electorales si C7 decidió eliminar la cobertura periodística del proceso más importante de un sistema de democracia representativa? ¿No te parece, Myriam, que sí violaron la Constitución Mexicana, así como La Ley Orgánica y el código de ética de C7?

La decisión que tomaron también revela, tal vez inconscientemente, la poca seguridad que tienen en su propio trabajo. El temor a ser señalados por trabajos periodísticos sesgados e imparciales tiene bases sólidas y reales. Aunque algunos conductores de C7 se han mostrado burlones y refractarios a la crítica, diversos trabajos académicos han documentado la poca independencia periodística del sistema de radiodifusión público.[1]

Los tiempos de crisis, Myriam, han servido como catalizadores para renovar instituciones, para volver a pensar aquellas cosas que no están funcionando bien. Difícilmente C7 va a recular en su polémica y desde mi punto de vista, errada decisión. Los directivos de C7, así como los miembros de su consejo, pasarán a la historia como aquellos que volvieron a bajar el interruptor de la radiodifusión jalisciense para dejar de informar a los ciudadanos. Sin embargo, siempre hay tiempo y posibilidades para cambiar. ¿Nos informarás detalladamente cuáles fueron los argumentos para dejar de transmitir información electoral? En caso de que sea cierta la razón dada por el director de C7, ¿no te parece que sería adecuado que renunciaran todas aquellas personas que no tienen la capacidad para producir información periodística durante un proceso electoral sin que sean señalados de ser parciales y sesgados? ¿No te parece, Myriam, que C7 cuenta con los recursos tecnológicos y económicos para producir los mejores contenidos periodísticos del estado?

 Este artículo fue publicado el 26 de abril de 2015 como parte de la columna de opinión “Sistema Autorreferencial” del programa “Señales de Humo”, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara.

Otros artículos que he escrito sobre C7:

[1] Darwin Franco, “Foro Mundial de ¿medios Públicos?,” en Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2011, (Guadalajara, México: ITESO, Departamento de Estudios Socioculturales, 2012), 127–36; Juan Manuel Velázquez Ramírez, “Ausencias y emergencias de lo público/ciudadano en noticieros televisivos y movimientos sociales: un acercamiento desde la perspectiva del communicative framing” (ITESO, 2011); Guillermo Guillen Peña y María Fernanda González Hernández, “C7: ¿medio público o vocero eel gobierno?” en Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco. 2013 (Guadalajara: ITESO), 39–60.

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Internet, política y elecciones locales

Por Juan S. Larrosa-Fuentes (12 de abril de 2015)

Internet comenzó a utilizarse en las campañas electorales mexicanas de 2012. En previas elecciones candidatos y políticos utilizaron diversas plataformas de Internet, pero fue hasta la elección de hace tres años cuando el uso de esta red adquirió carta de naturalización en la mayor parte de las campañas políticas del país. Internet resulta atractivo para la clase política porque es un medio de comunicación que tiene la potencialidad de llegar a muchas personas y porque tiene costos de producción y distribución mucho más económicos y sencillos que los medios tradicionales. Pero Internet también resulta atractivo en términos discursivos. En Internet los candidatos pueden pretender ser transparentes, escuchar al ciudadano, y sentirse como políticos modernos que van a la vanguardia tecnológica. En el caso de la política local, mucho se ha especulado sobre el “impacto” y “efecto” que las “redes sociales” tendrán en las elecciones que están en curso.

Internet y los cambios en la comunicación política electoral

La utilización de Internet en las campañas electorales ha traído muchos cambios. Los políticos saben que deben estar en Internet y contratan a agencias de publicidad (aunque ahora se hacen llamar a través de eufemismos como consultores de imagen y branding, asesores en comunicación o community managers) para que les monten un página web y manejen sus redes sociales. En muchos de los casos, los candidatos se desentienden de estas estrategias de comunicación. Son pocos los políticos que transparentan el uso de sus redes sociales. Un excepción, por ejemplo, es Barack Obama, quien tiene a un equipo que maneja su cuenta de Twitter. Las pocas veces que el presidente teclea personalmente un tuit, se lo hace saber a su público a través de una rúbrica que contiene sus iniciales: “-bo”.

Internet permite que los políticos puedan mandar muchos mensajes, muchos más de lo que permiten los medios tradicionales. Por ejemplo, en las elecciones locales de 2012, los candidatos al gobierno de Jalisco produjeron 28 spots para la televisión. Estos 28 mensajes se reprodujeron en 297 mil ocasiones a través de las pantallas de televisión de los jaliscienses. En contraparte, los candidatos produjeron 754 videos para YouTube, los cuales sumaron 3’487,761 reproducciones. Es decir, en Internet los candidatos pudieron subir mucho más mensajes. Además pudieron saber, con mucha mayor precisión, cuántas personas vieron sus mensajes.[1]

Por otro lado, Internet también se ha convertido en un espacio en donde los ciudadanos y usuarios pueden encontrar mucha información. Algunos buscan información política y programática, como las plataformas de los candidatos, sus planes de trabajo, o datos biográficos. A otros les interesa encontrar información periodística sobre el pasado de los políticos o sobre sus giras de trabajo. A otros más les gusta ver al candidato a través de fotografías o videos, enviarle correos electrónicos o saludos a través de sus redes sociales.

Internet y las promesas incumplidas para la comunicación política

En Internet no todo es miel sobre hojuelas. Algunos de los discursos más celebratorios y entusiastas vaticinaron que Internet sería una poderosa arma para democratizar los sistemas políticos contemporáneos (tal como en su momento se dijo de la radio y la televisión). Entre otras cosas previeron que Internet sería un espacio en el que todos los ciudadanos podrían participar libremente, en donde encontrarían una gran diversidad de información política, y en donde discutirían la vida política de su entorno. Pocos de estos vaticinios se han cumplido cabalmente.

La realidad dicta un panorama complejo. La brecha digital sigue siendo un impedimento para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de participar en el sistema de comunicación política que ofrece Internet (ver informe QITESO). Por ejemplo, en las elecciones de 2012, los candidatos al gobierno de Jalisco sumaron, entre todos 316,491 seguidores en redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube), lo cual representa apenas el 6% de los electores jaliscienses (aunque en realidad la cifra es mucho más baja, ver “Comunidades virtuales y elecciones en Jalisco”). En términos de infraestructura, las cifras están lejos de ser alegres. Según la más reciente encuesta del observatorio Jalisco Cómo Vamos, 44% de los entrevistados en el municipio de Guadalajara dijo no tener acceso a Internet en su casa, lo cual quiere decir que mas de 650 mil personas no podrán seguir las elecciones municipales a través de Internet y tendrán que utilizar un cibercafé, conexiones publicas de Wi-Fi, o de plano dejar de seguir la información política a través de Internet.

Por otro lado, Internet ha prometido ser una vía para que los ciudadanos puedan comunicarse con las élites políticas. Hasta ahora hay pocos ejemplos de procesos electorales en donde este tipo de procesos comunicativos hayan ocurrido. En el caso de las elecciones pasadas en Jalisco, aun cuando algunos de los candidatos se vanagloriaron de hacer campañas electorales exitosas e innovadoras en Internet, los diálogos públicos fueron escasos.[2] Por ejemplo, en una investigación que realizamos en el observatorio de medios, recolectamos todos los mensajes que circularon durante tres semanas en las cuentas de Twitter de los candidatos al gobierno del estado. En total analizamos 733 tuits, de los cuales, el 88% (646 mensajes) fueron emitidos por los candidatos o los miembros de su equipo. El resto de los mensajes fueron producidos por 70 usuarios, de los cuales solamente 29 fueron de usuarios sin ninguna afiliación política. Entre todas las cuentas encontramos seis que eran de robots o troles, ya que las cuentas dejaron de utilizarse una vez finalizada la campaña. Esto quiere decir que durante tres semanas de la campaña electoral, solamente 29 usuarios decidieron establecer contacto con los candidatos, cuando el padrón electoral del estado está compuesto por más de cinco millones de ciudadanos. Como se puede ver, la comunicación política en Internet está lejos de tener una inclusión universal en donde los ciudadanos puedan comunicarse entre ellos y con las élites políticas.

Epilogo: las campañas locales que vienen

Hasta ahora, los riesgos para las campañas locales están en el terreno de la guerra sucia y de la desinformación. Existe suficiente evidencia para asegurar que hay grupos que localmente están operando cuentas apócrifas en Twitter y en Facebook, y que las han utilizado para amedrentar, censurar y violentar a los usuarios más críticos (ver, por ejemplo, el caso de las amenazas a la Dra. Rossana Reguillo). También hay grupos que deliberadamente producen desinformación, es decir, información falsa, la cual puede llevar a generar percepciones erróneas de la realidad, como recientemente lo ha documentado Darwin Franco en un artículo.

De cualquier manera las campañas políticas en Internet darán mucho de qué hablar durante los siguientes meses. Para los políticos Internet puede una herramienta para comunicarse, de forma personal, con sus simpatizantes y, en el mejor de los casos, para la organización de sus comunidades políticas. Por su parte, los ciudadanos pueden utilizar Internet para comunicarse con las élites políticas, pero especialmente para organizarse desde espacios de la sociedad civil.

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[1] Lydia Duarte and Juan S. Larrosa-Fuentes, “Comunidades virtuales y elecciones,” in Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2013. Análisis del sistema de comunicación política de Jalisco durante las campañas electorales a gobernador, ed. Juan S. Larrosa-Fuentes and Sofía Paláu Cardona (Guadalajara, México: ITESO, Departamento de Estudios Socioculturales, 2013), 161–77, http://qmedios.iteso.mx/wp-content/uploads/2014/02/08-Comunidades.pdf.

[2] Juan S. Larrosa-Fuentes, “Twitter’s Messages during a Governor Election: Abundance of One-Way, Top-down and Auto-Referential Communications and Scarcity of Public Dialogue,” Global Media Journal México 11, no. 22 (December 2, 2014): 42–60, http://www.gmjei.com/index.php/GMJ_EI/article/view/213.

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Este artículo fue publicado el 13 de abril de 2015 como parte de la columna de opinión “Sistema Autorreferencial” del programa “Señales de Humo”, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara.

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Periodismo en crisis, o los riesgos de llegar a votar sin información de calidad

Por Juan S. Larrosa-Fuentes  (artículo publicado originalmente en la revista Colibrí)

29 de marzo de 2015

En días recientes, la libertad de expresión y el periodismo, han sido temas ampliamente discutidos en la prensa mexicana y en redes sociales como Facebook o Twitter. Uno de los casos más comentados al respecto, ha sido el de Carmen Aristegui quien, por segunda ocasión, dejó de transmitir su noticiario matutino luego de un absurdo y polémico conflicto laboral con la empresa MVS Comunicaciones. Este caso es relevante no por la carismática y controversial figura de la periodista Carmen Aristegui, sino porque evidencia la situación en la que se encuentra la libertad de expresión y el periodismo en México. Lo que le pasó al equipo de Aristegui les ha pasado a otros reporteros en el país y Guadalajara no es la excepción. El caso es preocupante porque a una semana de comenzar las elecciones, el modelo de comunicación política en México está en crisis.

Todo sistema u organización política requiere un sistema de comunicación. Este sistema de comunicación sirve para la reproducción del sistema político y sus valores, para la organización de las metas y tareas colectivas y para la toma de decisiones colectivas. Los sistemas de comunicación están presentes en las organizaciones políticas más sencillas, como una junta vecinal, hasta los sistemas políticos más grandes y complejos, como puede ser un país. Además, estos sistemas operan en cualquier tipo de sistema político, desde el más autoritario, hasta el más democrático. En teoría, en una sociedad democrática las tareas del sistema de comunicación política deben estar distribuidas en distintas personas e instituciones. Los periodistas y medios de comunicación, independientes y críticos, son dos de los elementos más importantes de estos sistemas de comunicación porque son ellos, a través de su práctica profesional, quienes ofrecen un servicio público a los ciudadanos. Este servicio público, que por lo general y contradictoriamente es operado por empresas privadas, tiene por objetivo generar información del sistema político, pero desde una perspectiva externa al sistema. La ventaja de este diseño es que los medios, en teoría, son instituciones independientes a los poderes públicos, y por tanto, pueden generar información y evaluaciones que observen críticamente a al gobierno.

Estos sistemas teóricos funcionan con bastantes deficiencias en la realidad. Sin embargo, hasta ahora, estos sistemas de comunicación, como lo es la democracia en el plano político, es lo mejor que tenemos. Bien dijo Winston Churchill que “la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre… con excepción de todos los demás”. El grave problema es que en México, por distintas razones, el sistema de comunicación política no nada más funciona con bastantes deficiencias, sino que está completamente desfigurado. Una de estas razones tiene su origen en la crisis económica en la que viven los medios de comunicación del país y del mundo entero. Esta crisis ha traído dos consecuencias indeseables: el modelo de negocios de los medios de comunicación es altamente dependiente de los discrecionales subsidios gubernamentales a través de publicidad oficial y la pauperización de las condiciones laborales de los periodistas.

Es un hecho que los distintos órdenes del gobierno mexicano subsidian a la mayor parte de los medios de comunicación en México. Esto lo han demostrado organizaciones como Fundar, Artículo XIX o Q ITESO a través de distintas investigaciones. Pero se puede comprobar fácilmente al leer las páginas de cualquier diario o revista en México, en donde el lector encontrará una gran cantidad de publicidad de gobiernos federales, estatales o municipales, del Congreso de la Unión, o de las cámaras locales, del poder judicial o de las instituciones descentralizadas como las Comisiones de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral y decenas de instituciones públicas más. Aunque periodistas y directivos lo nieguen, esta dependencia hacia el dinero público mina y erosiona la libertad y autonomía periodística. A los medios se les premia con publicidad oficial (y otro tipo de favores como ayudas fiscales) y se les castiga con la reducción o retiro total de estos subsidios económicos. Así que no es raro que cuando algún periodista resulta incómodo para el gobierno, los empresarios de los medios busquen excusas para deshacerse de los periodistas críticos. Además, los medios han tendido a despedir a sus reporteros más experimentados y con mayor antigüedad laboral con tal de “reducir costos”, y a reclutar a periodistas jóvenes a través de contratos de honorarios o, de plano, a través de una explotación laboral a través de la figura de “prácticas profesionales”.

Este negro panorama del periodismo mexicano se puede observar claramente en Guadalajara. Los medios de comunicación son altamente subsidiados por distintos gobiernos y poco a poco se les han ido cerrando los espacios a periodistas críticos. Las redacciones están llenas de periodistas con poca experiencia, que cobran por honorarios o que están haciendo su servicio social universitario. En la radio tapatía hay distintos ejemplos que tienen ciertas similitudes con el caso Aristegui. Algunos periodistas han sido despojados de sus programas sin mayor aviso, a otros no les han renovado al contrato y a otros los han hostigado laboralmente hasta que los obligan a presentar su renuncia. En Promomedios hemos visto cómo han dejado sus espacios, de un día para otro, y sin mayor explicación, periodistas como Leonardo Schwebel o Pedro Mellado; o en Notisistema, en donde en los últimos tiempos salieron del aire Laura Castro Golarte o Rubén Martín. En Radio Universidad y en el Sistema Jalisciense cambian de conductores cada que hay cambio de rector o de gobierno. En los periódicos el caso no es distinto: tan solo la semana pasada nos enteramos que Mural, una de las empresas de comunicación aparentemente más sólidas de la ciudad, despidió a más de una docena de reporteros entre los que se encuentran periodistas de gran experiencia y reputación. Luego de estos recortes no es raro que quienes se quedan en estos medios de comunicación practiquen, consciente o inconscientemente, una autocensura que les permita mantener su puesto de trabajo. En estos casos el “olfato” periodístico no sirve para encontrar buena información, sino para entender cuáles son las reglas del juego que les permitan mantener su puesto de trabajo.

Esta radiografía no es nueva ni descubre el hilo negro. En diciembre de 2014, al finalizar la Feria Internacional del Libro, un grupo de más de cuarenta periodistas denunció públicamente la crisis de los medios de comunicación. En su denuncia identificaron claramente las consecuencias que esta crisis ha inyectado a la vida política de Guadalajara. Desde hace cuatro meses los periodistas alertaron que, a unos meses de las elecciones intermedias, el sistema de medios de comunicación del estado de Jalisco estaba en franca descomposición.

Todo este orden de cosas representa graves riesgos para el sistema democrático. El más inmediato tiene que ver con las campañas electorales que están en puerta. Los gobiernos y partidos políticos envían información a través de mensajes en plazas públicas, carteles, boletines de prensa, spots de radio y televisión, y mensajes a través de Internet. Bajo las circunstancias actuales, los medios de comunicación tenderán a reproducir acríticamente la información que producen los distintos gobiernos y partidos políticos. Así transcurrieron las elecciones de hace tres años y lo más probable es que así transcurran las de 2015. Los jaliscienses llegaremos a las urnas con una gran precariedad informativa.

El caso de Aristegui es un botón de muestra de los rasgos negativos de los sistemas de comunicación en México. Lo que le pasó a ella le ha pasado a muchos reporteros en Guadalajara y de otras partes del país. A Aristegui le vendrá bien que la reinstalen en su espacio de noticias en MVS. Sin embargo, lo mejor que le podría pasar al sistema de comunicación mexicano es que Aristegui, con todo su capital político y periodístico, desarrolle una empresa informativa y demuestre que, con un equipo pequeño y sin subsidios gubernamentales, hay posibilidades de hacer un periodismo que opere en las antípodas de los periódicos chayoteros o de aquellos medios que se conforman con hacer un periodismo “positivo, constructivo y orientador”.

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