Por Juan Larrosa-Fuentes (7 de octubre de 2013)
No es una novedad que los medios de comunicación se hayan instalado, desde hace varios años, en una etapa de crisis. Es común escuchar que los grandes medios de comunicación tienen cuantiosas pérdidas o que de plano cierran sus puertas, también es notorio observar, al menos en el caso de Guadalajara, que periodistas o profesionales de la comunicación estén dejando sus trabajos por tener pésimas condiciones laborales.[1] El efecto de esta etapa de crisis afecta directamente a los ciudadanos, quienes cuentan con menos opciones para informarse y con las opciones que cuentan, en general, son de baja calidad. En medio de este escenario, en el Congreso de Jalisco se discute una iniciativa para crear una nueva ley que regule el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Esta iniciativa, que poco se ha discutido públicamente, no demuestra esfuerzo alguno en revisar este contexto de crisis, no de las empresas privadas, sino del derecho a la información de los jaliscienses.
En México se ha discutido mucho el derecho a la información desde distintos ángulos y estas discusiones han sido fructíferas para regular ciertos derechos. Esta el caso, por ejemplo, de la libertad de expresión, que luego del largo periodo autoritario del PRI en el poder, es un derecho que tenemos los mexicanos. (Aunque tristemente, en tiempos actuales, amenazado y menguado por poderes fácticos como el crimen organizado, frente a un Estado que de autoritario, pasó a ser uno, al menos fuertemente disminuido, por no decir fallido). También está el tema de la transparencia, otra dimensión del derecho a la información, que en los últimos diez años ha tenido notables avances en el país y que en años recientes se ha visto amenazada por aires reaccionarios. Sin embargo, hay otra dimensión que, aunque vinculada con las anteriores dimensiones, poco se ha discutido en México: el derecho a tener información de calidad, proveniente de industrias culturales dedicadas a la difusión periodística, política, económica, cultural, entre otras.
En un sistema político abierto, como el que pretende ser todo sistema democrático, la información es una pieza clave que se construye desde el espacio público y que al mismo tiempo construye y estructura este espacio público. La condición indispensable para este desarrollo, es la libertad de expresión, pues permite el libre intercambio de ideas y, sobre todo, pluralidad en las discusiones. Esta condición, con todo y los matices que ya señalé, tiene un grado de cumplimiento relativamente aceptable en nuestro estado. En las sociedades modernas, el ejercicio periodístico y su reproducción en los medios de comunicación, es una de las vías más importantes para crear un vínculo entre las instituciones públicas, el entorno social y los ciudadanos. Desde este punto de vista, los medios de comunicación tienen la encomienda de dar un servicio público, tan o más importante como cualquier otro (transporte público, recolección de basura, entre otros).
Los cambios que la economía global está tomando, la transformación del sistema capitalista y publicitario, así como los contextos propios de cada comunidad, han dado al traste con muchas empresas privadas que dan estos servicios públicos informativos. En Guadalajara vemos periódicos que todos los días publican, acríticamente, las actividades de los alcaldes de la Zona Metropolitana o las obras públicas del gobierno estatal. Las televisoras locales siguen empeñadas en llenar sus espacios informativos con nota roja y en la radio cada vez hay menos espacios con noticias locales. Son pocos los espacios con información crítica, elaborada con tiempo y paciencia y sobre todo, con criterios editoriales distintos. En pocas palabras: tenemos mucha información, de mala calidad y poco plural.
Esta breve radiografía debe preocuparnos, pues una parte importante de nuestro sistema democrático no está funcionando como debiera (por supuesto, hay más cosas, del sistema inoperantes). En algunas sociedades esto ha sido motivo de preocupación y discusión, pero en México poco hablamos en ello, en parte, por la estructura tan concentrada de las empresas mediáticas, especialmente en el caso de la radio y la televisión, y en parte porque en la prensa, en donde hay espacios de mayor independencia editorial, este tema es intocable, pues está ampliamente documentado que las instituciones públicas son las principales financiadoras de estos medios de comunicación, y muchos de ellos perecerían sin estos subsidios o ayudas, véase, por ejemplo, el caso de La Jornada Jalisco, que solamente tiene este tipo de publicidad. Sin duda, esto es algo que se debe reglamentar, como una política pública de los gobiernos a favor del derecho a la información de los ciudadanos y no para mantener empresas que viven en números rojos.[2]
Ahora bien, imaginen ustedes que con recursos públicos, es decir, con el concurso económico de todos los ciudadanos, pudiéramos tener los mejores noticiarios de radio y televisión de Guadalajara, o incluso, de México, con periodistas preparados, con experiencia, bien pagados y con una pluralidad en sus visiones políticas y editoriales. Imaginen ustedes que estos noticiarios tuvieran una cobertura universal en Jalisco y que estuvieran al alcance de todos sus habitantes. Esto, sin duda, requiere de muchos recursos y es un proyecto que no puede medirse por sus ganancias económicas, pues sería parte de un servicio público que abone al cumplimiento del derecho a la información de los ciudadanos. Por supuesto, por obvias razones este proyecto no puede estar en manos de nuestra clase política, pero esta clase política sí puede establecer el andamiaje para que esto suceda.
Tristemente, el proyecto que se está discutiendo en el Congreso de Jalisco, es uno que, otra vez, busca administrar los recursos públicos (dos estaciones de radio y un canal de televisión) y no tutelar un derecho. ¿Qué independencia editorial puede tener el sistema si el gobernador tiene la facultad de decidir discrecionalmente quién será el director de este proyecto y si el consejo directivo está conformado por burócratas del gobierno inexpertos en el tema de la comunicación social? ¿Cómo se puede asegurar el acceso universal a este sistema de comunicación si no se establecen plazos en la ley para que esto ocurra? ¿Qué participación pueden tener los ciudadanos con un Consejo Consultivo con pocas facultades de intervención en la producción y difusión de contenidos? ¿Qué se puede esperar de un medio de comunicación público que no se plantea la instalación de un diálogo con sus audiencias a través, por ejemplo, de un ombudsman? Estas son algunas preguntas para empezar a evaluar la iniciativa que se discute en el Congreso, pero faltan muchas más.
Si esta iniciativa de ley es aprobada, seguiremos teniendo un Sistema Jalisciense de Radio y Televisión que no llega a todos los ciudadanos y cuyo principal objetivo será convertirse en una suerte de oficina de comunicación social del partido en turno.[3] Los cambios más importantes que podremos ver serán de sus colores en la fachada y en su imagen institucional: ayer eran azules, hoy son rojos, mañana quién sabe.[4]
El desarrollo político de una comunidad requiere libertad de expresión e información plural y de calidad. Evidentemente esto no es suficiente para que un sistema democrático funcione. Los ciudadanos también tienen que mostrar interés por encontrar la información y hacer uso de ella. Sin embargo, es obligación de las instituciones de gobierno construir las condiciones necesarias para que esta dinámica ocurra.
[1] Véase, por ejemplo, los artículos que al respecto he escrito: “El impacto de la economía en la calidad de los periódicos de Guadalajara”, “¿Quién da la cara por los suplementos culturales? Un debate entre productores y consumidores”, “Balzac y la crisis de la prensa escrita”, “Ocho Columnas”, “¿Informar o vender?: batallas del periodismo contra la publicidad”, “Page One. A year in the New York Times o los últimos días de la industria de la prensa”, “S. O. S. Periodistas en vías de extinción”.
[2] “¿Informar o vender?: batallas del periodismo contra la publicidad” y “De las lagunas legislativas de la prensa en México: las relaciones entre medios de comunicación y poder”.
[3] Véase el artículo “C7 o los compromisos incumplidos”.
[4] Véase “El negocio de la comunicación institucional y los gobiernos locales, o “los tiempos de rojo en Guadalajara”.
Este artículo fue publicado el 7 de octubre de 2013 como parte de la columna de opinión “Sistema Autorreferencial” del programa “Señales de Humo”, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara.
orcid.org/0000-0003-1529-5107
Sistema Autorreferencial 